El Otro País de este mundo

Allí abajo, como una punta de flecha que entra en el mar y señala a África, se ve una isla pequeña, casi pegada a tierra firme. El acompañante responde:

-No, eso es la Isla de Las Palomas, la isla más meridional de Europa, la que marca donde acaba el Mediterráneo y empieza el Atlántico. Está en término municipal de Tarifa y está unida a ella por un corto tramo de carretera, pero la verdad es que los tarifeños no la pisan desde hace décadas.

Este diálogo parece inventado pero el que esto escribe lo ha vivido tantas veces como amigos norteños o extranjeros han venido a verle a estas tierras del Sur. La conversación sigue así:

-¿Podemos ir a verla?

-No, está prohibido. Durante muchos años fue un cuartel de instrucción militar y allí sólo entraban los soldaditos, o sus familias cuando había jura de bandera. Ahora es una especie de cárcel en la que encierran a los extranjeros que han entrado o viven en España sin permiso.

JOYA DE LA NATURALEZA CONVERTIDA EN CELDA

La isla de Las Palomas, una joya natural, un precioso tesoro del paisaje, es hoy una enorme celda, un monumento antinatural y antihumano. Una especie de San Quintín que las organizaciones defensoras de los derechos humanos y pro inmigrantes llaman el Guantánamo andaluz. Decenas de miles de africanos y algunos asiáticos han pasado por sus barracones desde que, en 1999, fuese abandonado por el Ejército y cedido al Ministerio de Medio Ambiente. Era la época en que a las costas gaditanas llegaban casi a diario centenares de africanos. Todos iban a parar allí a la espera de ser puestos en libertad y con una orden de expulsión, ser repatriados a sus países de origen, o enviados a otros centros de reclusión. Su delito: venir a buscar trabajo y una vida digna a este lado de la frontera que cerca el supuesto paraíso europeo.

Aquellas escenas de autobuses llenos de marroquíes, senegaleses o cameruneses que entraban o salían de la isla se acabaron cuando empezó a funcionar el Sistema Integral de Vigilancia del Estrecho. La Guardia Civil vigila desde entonces con celo las aguas del Estrecho gracias a sofisticados y potentes equipos de cámaras y radares que detectan el más mínimo movimiento en el mar. Los traficantes de seres humanos abrieron entonces la ruta de Canarias, y en Tarifa y sus alrededores cesó la llegada de personas en pateras.

El centro de internamiento de Las Palomas, sin embargo, sigue funcionando. La Guardia Civil es responsable de la vigilancia del lugar y la Policía, de tramitar las expulsiones de los inmigrantes. Allí acaban los que llegan en pateras a las costas de Granada o Almería, los que la Policía detiene por no tener permiso de residencia y no haber cumplido la orden de expulsión dictada en una detención anterior, o los que vienen desde otros centros, ya llenos a rebosar. Es el caso del centro de Algeciras, una antigua cárcel en la que viven hacinados y en pésimas condiciones trabajadores y trabajadoras de numerosas nacionalidades. Su delito: trabajar, muchas veces explotados por respetables españolitos, para poder ahorrar y enviar dinero a sus familias.

CIERRE INMEDIATO DEL CENTRO

Organizaciones sociales y ecologistas celebraron el 15 de julio una concentración ante la puerta de la fortificación de la isla de Las Palomas. Exigían su cierre y su apertura al público para que los ciudadanos disfruten de su belleza y sus valores naturales. Allí estaban Algeciras Acoge, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y los grupos ecologistas Agaden, Verdemar y Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra. También estaban el presidente del parque natural del Estrecho, dos concejales de Tarifa, uno de IU y otro del PSOE -partidos que gobiernan el municipio en coalición-, otra concejala de IU de Algeciras y algunos sindicalistas.

Andrés de la Peña, portavoz de la Asociación Pro Derechos Humanos, leyó el comunicado de la protesta y exigió el cierre inmediato del centro. Recordó que fue el Gobierno de Aznar el que, en 2002, decidió hacer del cuartel militar un centro de internamiento provisional. Pero lo provisional se eterniza. El Ministerio del Interior no es el propietario, sino el inquilino y se aferra a la isla como a una presa que no quiere soltar. A Acebes lo sucedió Rubalcaba y ninguno ha hecho lo que debiera: devolver la isla a su legítimo propietario: el pueblo de Tarifa. Pero lo más curioso es que, si hay ilegales en toda esta historia, no son las personas a las que no se les deja trabajar y vivir en paz, sino las autoridades de Interior. Lo dice hasta un sindicato policial. La Confederación Española de la Policía afirma en un comunicado que “el Ministerio del Interior está engañando a la opinión pública, a la Cruz Roja, a la ciudadanía y a los funcionarios al intentar ocultar la situación de este centro de internamiento clandestino. Puede considerarse un centro al menos alegal o directamente ilegal, ya que incluso el propio Fiscal General del Estado reconoce en su memoria de 2007 que carece de normativa reguladora ni orden ministerial que ordene su creación”.

Lo mismo dice el Defensor del Pueblo. Inspectores de su oficina visitaron la isla el 11 de junio y pusieron en cuestión lo referente a la naturaleza jurídica de las instalaciones, cuestión sobre la que esta institución prepara un nuevo informe. También es cierto que el Defensor hizo una valoración positiva del estado de las instalaciones porque en ellas una ONG gaditana, de acuerdo con las autoridades, desarrolla iniciativas de atención social que contribuyen a mejorar la convivencia y hacer menos gravosas las condiciones de la privación de libertad de los allí recluidos.

Claro está que el Defensor del Pueblo no entra en la cuestión central, la existencia misma de los centros de internamiento ni valora la política de inmigración y extranjería que practica el Gobierno de Zapatero. Sí lo hacen quienes se manifestaron en la puerta de la fortaleza-isla: “Denunciamos la injusticia que supone la privación de libertad a personas que no han cometido delito, y cuya única falta es no contar con una autorización administrativa para vivir en España; personas que lo único que quieren es salir de la precariedad económica que sufren en sus países y que, habitualmente, como en esta zona muy bien es conocido, arriesgan su vida para lograrlo”.

CÁRCEL SIN TRANSPARENCIA NI REGLAMENTACIÓN

Los centros de internamiento de extranjeros son instituciones sin transparencia, sin una reglamentación que los regule, con instalaciones obsoletas, como es el caso de Algeciras, o sin un reconocimiento oficial, como ocurre con éste de Las Palomas. Todo ello pone en duda la realidad de ese Estado de Derecho, garantista y respetuoso con los derechos humanos del que presume el Gobierno socialista cuando habla de España. Lo cierto es que Zapatero comparte con Berlusconi o Sarkozy esa obsesión por el control de los desplazamientos, esa perspectiva que ve las migraciones como una lucha entre la invasión y la fortaleza. Esa visión que avanza en toda Europa es la que está relegando el respeto a derechos humanos básicos a un último lugar. Prueba de ello es la conocida Directiva de la vergüenza, que abre la posibilidad de tener a los trabajadores extranjeros encerrados hasta 60 días, como así recoge el anteproyecto de la nueva ley de extranjería que está en preparación.

Y a las razones políticas o humanitarias para pedir el cierre de todos los centros de internamiento se suman, en el caso de la isla tarifeña, otras razones de carácter ecológico, histórico, cultural, o paisajístico. La isla de Las Palomas es, desde 2003, parte integrante del parque natural del Estrecho, una figura de protección legal que abarca toda una franja litoral que va desde Algeciras hasta la antigua ciudad romana de Bolonia, en Tarifa. Es, además, reserva de la biosfera, según la UNESCO, y parte del parque transcontinental que integra las zonas naturales protegidas en las provincias de Málaga y Cádiz y en el Norte de Marruecos.

Javier Gil, portavoz de Agaden, recordó en la concentración del 15 de julio que son numerosos los científicos, ornitólogos e investigadores que certifican la riqueza natural, la biodiversidad de la isla de Las Palomas y sus alrededores: “Los fondos marinos que rodean la isla son de una riqueza incalculable y de una belleza extraordinaria. Aquí llegan las corrientes del Atlántico con agua limpia y clara. Desde el faro se pueden ver a veces cetáceos que atraviesan el Estrecho. Y en el cielo o posándose en los acantilados, se observan numerosas aves migratorias que tienen en esta isla el primer sitio para descansar cuando vienen volando desde África, o el último para coger fuerzas cuando van a dar el salto desde Europa” .

Éstas son también poderosas razones para lo que exigen los ecologistas. “Exigimos a Rubalcaba y a Saucedo, el gobernador de Cádiz, el cierre inmediato del centro de internamiento. Y que la isla se abra al público para un uso medioambiental regulado del que puedan disfrutar todos los ciudadanos”, dijo Javier Gil.

Un tarifeño que escuchaba las declaraciones del ecologista aportó una razón igual de contundente: “Mi madre tiene 83 años y nunca ha puesto sus pies en la isla”. Esto no puede ser. Hay que seguir luchando para que esta mujer, sus hijos y sus nietos puedan pasear, ver de cerca cómo rompe el mar sobre las rocas que rodean la isla e imaginar, si quieren, que ya no hay fronteras que vigilar ni personas que detener. En eso estamos.

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