Ya no sorprenden los casos de corrupción, porque se han convertido en noticia cotidiana, como en cualquier país tercermundista. Los dos partidos que se alternan en el Gobierno, los que dicen ser Popular y Socialista Obrero, aunque no les cuadren tales denominaciones, se hallan permanentemente de actualidad por sus escándalos económicos. Está confirmada su falta de honradez, por lo que es lógico que los políticos se hallen desprestigiados ante la opinión pública.
Desde que se instauró la llamada “Monarquía del 18 de julio”, en palabras del dictador que la impuso, se han sucedido sin pausa las denuncias por corrupción. Hay ministros que se ven obligados a dimitir, como el de Justicia, y anteriormente algunos pasaron por la cárcel. Varios presidentes de comunidades autónomas protagonizan fraudes económicos o políticos. Muchos alcaldes son encarcelados por hacer chanchullos financieros con empresarios de la construcción, en los que complican a otros funcionarios.
Nadie se asombra de que haya banqueros en la cárcel, y de que otros se sienten en el banquillo y consigan eludir la prisión. Pero también la Justicia está bajo sospecha pública, y los mismos jueces acaban de llevar a cabo una huelga y anuncian otra, algo insólito en las naciones civilizadas.
En un estado constitucionalmente sin confesionalidad, la Iglesia catolicorromana se permite llamar a la desobediencia civil a sus fieles, despreciando las leyes aprobadas por el Parlamento. Y los gobiernos de turno se humillan ante el jefe del Estado Vaticano y sus súbditos, los cardenales y obispos presuntamente españoles.
La legalidad constitucional española quedó interrumpida el 1 de abril de 1939, al triunfar los militares monárquicos sublevados en la guerra provocada por ellos mimos, gracias a la colaboración de las naciones nazifascistas. El dictador entronizado tras esa guerra designó al continuador de su régimen, sin que al pueblo se le permitiera elegir la forma de Estado preferida. Desde el 1 de abril de 1939 España quedó en situación de permanente ilegitimidad, y así lo reconocieron en 1945 las conferencias de Yalta y de San Francisco, y la dictadura quedó proscrita de la ONU. Pero no hicieron nada práctico para ayudar al pueblo español.
En las calles son quemadas fotografías de la llamada real familia, que además recibe insultos en sus apariciones callejeras, con la inmediata detención de los protestantes. Son multados los medios de comunicación que se permiten alguna noticia o caricatura que hiera la finísima sensibilidad de la familia real (es sabido que las personas de sangre azul sienten un garbanzo colocado debajo de doce colchones, según dice un cuento de hadas).
Al mismo tiempo, en la televisión pública se proyectan películas que ensalzan la figura del rey como solucionador de extraños golpes de Estado, y la grabación se distribuye en DVD en los quioscos a precios muy populares. Es una forma de corrupción mental, para añadir a la política y económica.
| < Anterior | Siguiente > |
|---|
