Después de los encuentros iniciales, el proceso de paz entre el gobierno y las FARC parece avanzar con buen pie. En La Habana los diálogos continúan al tiempo que se concretan iniciativas ciudadanas e institucionales que aportan sugerencias y demandas, por ahora, relativas a la cuestión agraria.
Se han producido diálogos regionales sobre el proceso de paz y el Parlamento ha recogido múltiples iniciativas ciudadanas además de las miles enviadas por la ciudadanía directamente a Cuba. Muy destacable es, sin duda, el encuentro realizado en Bogotá sobre la cuestión agraria a instancias tanto del gobierno como de la guerrilla y organizado por las Naciones Unidas y la Universidad Nacional (el primer centro académico del país). Durante tres días se han dado cita en la capital representantes de prácticamente toda la sociedad colombiana, en particular la representación de los gremios económicos (industriales y capitalistas agrarios), de una parte, y de las organizaciones campesinas, de otra. Las conclusiones de este encuentro, inédito en la historia reciente del país, ya se han enviado a La Habana como aporte de la sociedad civil (esta vez, completa). Se trata de un diagnóstico muy fundado así como de propuestas para avanzar en la solución de un problema, el agrario, que en opinión de las amplias mayorías se encuentra en la raíz misma del conflicto armado que desangra este país andino desde hace más de medio siglo.
Como no podía ser de otra manera, el evento ha puesto de presente las diferencias existentes tanto en el diagnóstico como en el tipo y alcance de la reformas a emprender. Pero lo más destacable ha sido la disposición mostrada por todos los sectores de dar fin al conflicto, algo que contrasta vivamente con la posición adoptada por la federación de los grandes ganaderos y terratenientes del país, negándose a participar y condenando la misma iniciativa de paz. Nada de extraño tiene esta actitud si se piensa que buena parte de las soluciones del problema pasan por afectar de lleno a la gran propiedad del latifundio, la ganadería extensiva, las tierras no explotadas o la especulación con el suelo, entre otros males que aquejan al campo colombiano y son de hecho una rémora en cualquier proyecto de desarrollo económico moderno.
MODERADO OPTIMISMO
El optimismo moderado que exige la experiencia de procesos anteriores es sin duda mayoritario en la sociedad colombiana. La iniciativa cuenta igualmente con un amplio apoyo internacional (que en esta ocasión y a diferencia del pasado, tiene la aquiescencia de Washington). Tan solo la derecha más extrema exige mantener la estrategia militar como única salida, desconociendo los motivos sociales que han generado el conflicto, descalificando a los insurgentes y creando una atmósfera de pesimismo y catástrofe.
La estrategia oficial tiene, sin embargo, sus ambivalencias. Una es sin duda el rechazo categórico al cese del fuego (las FARC lo han decretado unilateralmente hasta el 20 de enero como gesto de paz y podría ser que esa decisión se mantuviera). Si Santos lo hace para disminuir la presión de los cuarteles puede ocurrir que la medida obre en sentido contrario y les envalentone aún más. Tampoco se entienden las declaraciones de encendido belicismo del ministro de Defensa, empeñado en coincidir con la extrema derecha. Otra de las incongruencias del discurso oficial tiene que ver con la reiterada declaración de sus delegados en La Habana acerca del modelo económico actual, intocable según se afirma, cuando es obvio que al menos algunos aspectos del mismo deben ser sometidos a revisión No es lógico pensar en una reforma del campo colombiano sin introducir cambios en la actual estrategia de desarrollo.Sin duda, esos cambios no serán punto por punto el programa de la insurgencia pero tienen que ir mucho más allá de retoques cosméticos, de medidas superficiales destinadas a mantener en lo fundamental la actual situación. Los llamados “inamovibles” del gobierno -la estrategia económica y el orden político- solo se entienden como las declaraciones previas que se realizan en todo proceso de negociación pero a sabiendas de lo inevitable de las concesiones (mutuas, por supuesto).
ESCANDALOSAS DESIGUALDADES ECONÓMICAS
El proceso mismo ya es una avance considerable, porque da formas concretas a la menguada legitimidad que caracteriza el orden social colombiano: escandalosas desigualdades económicas que ya nadie niega (ni el mismo gobierno), violencia oficial y privada (los paramilitares) contra los sectores populares, corrupción galopante que infecta todas las instituciones, inoperancia de una administración pública raquítica y mal remunerada (a excepción, por supuesto de las Fuerzas
Armadas) y un sistema político excluyente, viciado hasta los tuétanos y carente de toda legitimidad (en más de medio siglo prácticamente no ha habido una votación en que participe más del 40% del censo electoral). Para normalizar la situación del país se trata entonces de aplicarse a profundas transformaciones para las cuales el proceso de paz es un buen punto de partida.Aunque no se acepte de forma oficial el actual proceso supone otorgar a las FARC (y en la práctica también al resto de los insurgentes) una cierta representatividad, una determinada legitimidad para exigir cambios claves en el régimen agrario y en el sistema político. Además de abrirle un espacio a la insurgencia el paso dado por el presidente Santos facilita una participación efectiva de la sociedad en el debate de éste y los demás asuntos pactados con la guerrilla. Aún no es claro cómo se va a producir esa participación -sobre todo de los sectores populares- pero los eventos mencionados muestran un sendero realista y prometedor para generar esa legitimidad que falta en sumo grado en el orden social colombiano.
Si los debates que se adelantan contribuyen al menos a disminuir una parte considerable de la pobreza de tantos y la miseria de no pocos; si los diálogos llevan a reparar en buena medida las clamorosas injusticias que padecen las mayorías, los beneficios serán para toda la sociedad colombiana. Superar un sistema político excluyente y violento como el actual solo es posible si el proceso consigue comprometer en esa tarea a los más amplios sectores. No de otra manera se alcanza la legitimidad. La mayor responsabilidad en esta empresa recae sin duda sobre los hombros de la clase dominante que es la que tiene los resortes del poder y es la responsable histórica de la encrucijada en que se encuentra el país. Presionados por la movilización popular y/o sencillamente convencidos del riesgo enorme que supone para sus propios intereses la prolongación del conflicto y el mantenimiento de las condiciones que lo han generado, quienes hoy detentan el poder en Colombia tienen ante si la enorme responsabilidad de comportarse como una clase dirigente (y no solo dominante) o exponerse a que otras fuerzas sociales lo hagan por ellos.
Los intentos de sabotear el proceso por parte de la extrema derecha son ya muy evidentes y se ampliarán en el inmediato futuro en la medida en que se avance hacia un acuerdo entre gobierno y guerrilla. No faltarán los esfuerzos por impedir la participación popular fomentando el caos, el miedo y la zozobra entre la población. El mejor antídoto es sin duda rodear el proceso de paz del mayor apoyo social posible, dotarlo de toda la legitimidad que requiere. Ojalá esta vez (y a diferencia de ocasiones anteriores) el proceso de paz cuente con el apoyo sincero de las fuerzas armadas y de policía para meter en cintura a la extrema derecha y hacer realidad en Colombia, por primera vez, que el Estado ejerza de forma legitima el monopolio de las amas como sucede en cualquier estado moderno y democrático.
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