MONTAJE POLICIAL (Nº 59)

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Campaña en solidaridad con los militantes comunistas enjuiciados en Barcelona por su lucha antifascita 

 Colectivo de Jóvenes Comunistas (CJC)

  Juanjo Serrano, militante de la organización catalana del PCPE (PCP de Catalunya), y dos miembros de los CJC (JCP de Catalunya), están montaje_policia.jpgpendientes del resultado de un juicio en el que el fiscal solicita tres años y diez meses de cárcel para cada uno de ellos
El origen del caso es una denuncia policial, orquestada a partir de la manifestación celebrada en Barcelona el día 14 de noviembre de 2007, que se convocó como protesta por el asesinato del joven antifascista Carlos Palomino en Madrid tres días antes.
Esta acusación es un puro montaje policial -realizado sin pruebas ni la menor consistencia-, para tratar de desmovilizar a la organización comunista en este país; y también a otras organizaciones que actúan dentro del movimiento antifascista.
Los hechos que dieron lugar a esta denuncia-farsa son los siguientes:
  El 11 de noviembre de 2007 fue  asesinado en el metro de Madrid el joven antifascista Carlos Palomino, a manos de un fascista de 23 años –soldado profesional del ejército español- que se dirigía a una concentración del partido fascista Democracia Nacional. Inmediatamente se suceden las concentraciones y movilizaciones de condena y repulsa por este asesinado en distintas ciudades del estado español, también en Barcelona.
El estado de indignación de los manifestantes  antifascistas es proporcional a la brutalidad del asesinato y  a la tergiversación informativa que los medios de comunicación del sistema  realizan al presentar el hecho con el consabido e interesado discurso de  “enfrentamiento entre grupos de jóvenes antisistema”.
  El 14 de noviembre, en Barcelona, diversos colectivos y organizaciones antifascistas convocan una manifestación, donde desde el primer momento queda claro que la policía - Mossos d’Esquadra (dirigida por el Conseller Saura de ICV-EUiA – socios catalanes de Izquierda Unida y el PCE) tienen orden de no dejarla discurrir de forma pacífica. El operativo montado no guarda ningún tipo de proporcionalidad con la protesta: toma policial del centro de Barcelona con los antidisturbios preparados para cargar, intimidaciones en el metro a los asistentes, ambulancias preparadas como si de un escenario bélico se tratara, amago de carga cuando la cabeza de la manifestación se pone en marcha, etc.
Durante la manifestación se suceden diversos intentos -por parte del operativo policial- de cortar su desarrollo en diversos puntos, lo que hace aumentar el nerviosismo y la indignación por parte de los manifestantes. Esta situación se va agravando durante la marcha, y  cuando ésta no lleva ni 400 metros de recorrido, se produce una brutal carga policial que crea -en el mismo centro de Barcelona-, una situación de conmoción social imposible de justificar, al extenderse la represión a la zona comercial del Passeig de Gracia y acabar afectando a los transeúntes.
Como resultado de la carga policial se producen diversas agresiones, en las que varios manifestantes tienen que ser evacuados en ambulancia. También se producen cinco detenciones, entre ellas la de dos camaradas de los CJC-JCPC, que son conducidos a la comisaría central de los Mossos d’Esquadra de Barcelona; y, dado que uno de los detenidos era menor de edad en ese momento, la policía no tuvo más remedio que comunicar a la familia su detención.

MONTAJE POLICIAL

  Inmediatamente, dirigentes del PCPC-PCPE y de los CJC-JCPC, acompañados de una abogada, se personaron en la comisara junto a los padres de los detenidos. En ese momento estos son requeridos para que se identifiquen y, después de una larga espera en la comisaría, un policía llama a un camarada del PCPC-PCPE y a dos camaradas de la CJC-JCPC, para informarles que han sido reconocidos por su intervención en la manifestación, y que han sido denunciados por la policía. Todo un montaje policial -ya que incluso se da el caso de que nuestro militante del Partido no había podido participar en la manifestación por dificultades familiares–, dirigido a criminalizar la lucha antifascista y la militancia comunista.
  En los días sucesivos el fiscal concretó la denuncia:
  Por un lado, tres compañeros antifascistas detenidos en la manifestación.
  Por otro,  tres camaradas del PCPC-PCPE y de la CJC-JCPC (uno de los detenidos y dos de los inculpados en la comisaría), a los que  se les acusa “de un delito de atentado y de un delito de desordenes públicos”, por montar una supuesta barricada con contenedores de basura y apedrear a la policía. Solicitándoles “3 años y 10 meses de cárcel y la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo”. El  expediente de los menores queda archivado, puesto que el Juzgado de Menores no ve indicios de delito. Para sostener esta denuncia la fiscalía solo presenta una “prueba”: el testimonio de los policías, no habiendo ningún indicio de que ocurrieran los hechos mencionados y de que los acusados participaran en ellos.
  No es la primera vez que el gobierno de este país recurre a falsas denuncias contra activistas anticapitalistas de distintas ideologías, solo con la falsa declaración de la policía (pues la declaración policial tiene presunción de veracidad, no así la de los otros testigos). La diferencia en este caso, es que en lugar de un único sumario que afecte a todos los inculpados por los mismos hechos, el fiscal los ha separado en dos sumarios: uno con los tres activistas que pertenecen a distintas organizaciones, y otro, exclusivamente contra los militantes  comunistas del PCPC-PCPE y de la CJC-JCPC.
  Por todo lo expuesto el PCPE, y los CJC, entendiendo esta situación de persecución y represión contra tres militantes comunistas –que pueden ser condenados a prisión en el juicio a celebrar el día 14 de febrero-, como una acción planificada por los aparatos del estado contra nuestro proyecto político, y contra el desarrollo de una opción revolucionaria en el estado español, hacemos un llamamiento a la solidaridad con los encausados:
  Denunciamos a nivel internacional el carácter represor del sistema monárquico–burgués español, y su falsario discurso democrático.
Solicitamos la solidaridad de cuantas personas y organizaciones políticas y sociales compartan la lucha antifas-cista en cualquier lugar.
Animamos a la realización todo tipo de acciones de protesta, y en solidaridad con los tres procesados, exigiendo el sobreseimiento de la causa. Igualmente para los otros tres compañeros antifascistas juzgados en un procedimiento aparte.
  Continuaremos, e intensificaremos, la campaña contra el ascenso del fascismo en el estado español, y las complicidades en todos los aparatos del estado. Denunciamos, de manera especial, el ascenso en el escalafón policial de mandos de individuos declaradamente fascistas; promovidos, en los últimos años -con toda preferencia- desde las mismas academias de policía del Estado.