Comunicado de los prisioneros políticos colombianos (6/4/2012)

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  Es de conocimiento público que los prisioneros políticos y de guerra, y en general la población reclusa del país, que asciende a más de 130.000 personas, vivimos en condiciones infrahumanas y constantemente se nos vulneran los derechos humanos, el debido proceso, el derecho a la salud y a la dignidad humana

Prisioneros políticos y de guerra / Martes 3 de abril de 2012
 
  Los prisioneros políticos y de guerra recluidos en las cárceles del país saludamos fraternalmente a las Mujeres del Mundo por la Paz, Colombianos y Colombianas por la Paz en cabeza de la Doctora Piedad Córdoba, a la señora Marleny Orjuela de ASFAMIPAZ, a familiares y amigos de los prisioneros de guerra policías y soldados, y demás delegados y garantes de este proceso de liberación unilateral de los uniformados retenidos en combate por las FARC-EP.
  Compartimos la alegría de las familias que buscaron sin descanso tener la libertad de los suyos y que hoy, gracias a la voluntad de paz expresada por las FARC-EP a través de la liberación unilateral de los retenidos en su poder, se hace realidad. Estas familias lloran de alegría por ver a los suyos libres, sin embargo nuestras familias, las de los más de 7000 prisioneros políticos y de guerra, lloran por vernos podrir en las cárceles por condenas de hasta 40 y más años que se prolongan como consecuencia de la ausencia de voluntad de paz del gobierno nacional que se manifestó abiertamente en la imposibilidad de adelantar un acuerdo humanitario. Conscientes de esta realidad comunicamos:
1. Que contrario A lo expresado por el Vicepresidente de la República, Angelino Garzón, y el Ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, en las cárceles del país existimos más de siete mil (7.000) prisioneros políticos y de guerra.
2 Que durante la semana del 20 al 26 de marzo del año en curso 617 prisioneros políticos realizamos una jornada simultánea de protesta y visibilización de nuestra existencia, presos_colombianos.jpgconsistente en una huelga de hambre que tuvo lugar en 21 cárceles del país, de la cual tuvo conocimiento la opinión pública nacional e internacional y en cuyo desarrollo recibimos mensajes de solidaridad de un amplio sector de la población reclusa, ONGS de derechos humanos, organizaciones populares, sindicales, estudiantiles de Colombia y el mundo. Estas expresiones de solidaridad fueron un reconocimiento de la existencia de los prisioneros políticos en Colombia, como consecuencia del conflicto social y armado que vive el país, y de la existencia del delito político que además está reconocido por la legislación penal colombiana, la Constitución Nacional y los tratados internacionales ratificados por el Estado colombiano. No entendemos como los representantes del establecimiento pretenden desconocer la realidad que vive el país y la legislación nacional e internacional que dicen defender.
3. Es de conocimiento público que los prisioneros políticos y de guerra, y en general la población reclusa del país, que asciende a más de 130.000 personas, vivimos en condiciones infrahumanas y constantemente se nos vulneran los derechos humanos, el debido proceso, el derecho a la salud, la dignidad humana, etc. Como práctica sistemática somos confinados en centros de reclusión alejados de la familia y los amigos, nos aíslan en patios de castigo, nos condenan a una vida de tortura y en la práctica nos imponen cadenas perpetuas, es el caso del compañero JORGE AUGUSTO BERNAL, miembro de las FARC-EP, hecho prisionero por el Estado hace más de 17 años, de los cuales 8 ha permanecido en calabozo, 4 de ellos en la Cárcel La Tramacúa de Valledupar, sin agua, a temperaturas superiores a los 40 grados centígrados, sin acceso a atención médica, y demás violaciones a una vida digna. Este es uno de muchos casos de prisioneros políticos que han sido condenados a verdaderas cadenas perpetuas con penas de 40, 60 y más años. También se presentan casos de tortura, como el del compañero DIOMEDES MENESES CARVAJALINO del ELN, recluido en el Patio 1 de la Cárcel Modelo de Cúcuta, que se encuentra en silla de ruedas, parapléjico por torturas en el momento de la captura, y quien aun cumpliendo los requisitos para la libertad condicional, hasta el momento le ha sido ilegalmente negada.
4. Ante el aislamiento y castigo, y luego de procesos de ablandamiento moral, se instiga a desmovilizarnos y a renegar de nuestros principios y de nuestra organización, como ocurre actualmente con el compañero BERNARDO MOSQUERA MACHADO, prisionero en un calabozo, con problemas respiratorios y del corazón, de 67 años de edad, y ante sus problemas la única respuesta dada por el INPEC y el gobierno es una visita en la cual delegados gubernamentales lo invitan a desmovilizarse y traicionar su causa, a cambio de algunos beneficios jurídicos como su reubicación en cárceles privilegiadas donde están los amigos presos del gobierno. Estos entre muchos casos, deben ser investigados por las autoridades responsables de la protección de los derechos humanos y organizaciones de la comunidad nacional e internacional.
  Exhortamos a Colombianas y Colombianos por la Paz, Mujeres del Mundo por la Paz y demás organizaciones que vienen acompañando estos procesos de humanización del conflicto hacia una salida política, a que mantengan los esfuerzos de visibilización y verificación de la problemática de los prisioneros políticos y de guerra del país, así como la búsqueda incansable de caminos para alcanzar la paz para los colombianos.
  De igual manera hacemos un llamado a los jefes de Estado reunidos en la Cumbre de las Américas a realizarse en Cartagena a mediados del mes de abril, a que se pronuncien sobre lo antes mencionado, y unan esfuerzos en la construcción de una salida política al conflicto que vive Colombia.
Finalmente, exigimos del Gobierno nacional que ante los hechos reales de paz realizados por la insurgencia con la liberación unilateral de los prisioneros de guerra en su poder, responda con reciprocidad abriendo las puertas a un proceso de reconciliación que permita aliviar el dolor de miles de familias, amigos y organizaciones de los presos políticos y de guerra recluidos en las cárceles colombianas y estadounidenses, empezando por quienes padecen situaciones críticas de salud, con discapacidades y enfermedades terminales.
Exigimos que el gobierno nacional abandone la actitud de intransigencia que ha tenido frente a los hechos reales de paz que hoy se han llevado a cabo por parte de la insurgencia, y cese sus artimañas mediáticas para desconocer la la existencia del conflicto político, social y armado, y por tanto la existencia de los prisioneros políticos y de guerra en las cárceles del país.
  En consecuencia, exigimos del gobierno nacional que tan pronto se produzca la liberación de los uniformados en poder de las FARC-EP, se otorgue autorización inmediata y sin condiciones para la realización de la Visita de Verificación de la Comisión Internacional de Mujeres por la Paz en las cárceles colombianas, de forma que se visibilice nuestra situación de reclusión actual y el estado de nuestros derechos humanos.
Reiteramos nuestro compromiso con el pueblo colombiano de mantener las banderas de la construcción de la Nueva Colombia que soñó Bolívar, y la paz y justicia social.
  Fraternalmente, Prisioneros Políticos y de Guerra
Cárcel de Alta Seguridad Palogordo (Girón-Santander), Cárcel de Cómbita (Boyacá), Cárcel de Bellavista (Medellín), Cárcel de Anayansi (Quibdó), Cárcel El Reposo Santa Helena (Uraba), Cárcel Santa Inés (Apartadó-Antioquia), Cárcel La Picota (Bogotá), Reclusión de Mujeres El Buen Pastor (Bogotá), Reclusión de Mujeres de Jamundí (valle del Cauca), Penitenciaria El Barne (Boyacá), Cárcel de Palmira (Valle), Cárcel Modelo (Bucaramanga), Cárcel Modelo (Cúcuta), ERON Cúcuta (Norte de Santander), ERON Picota (Bogotá), Cárcel La Vega (Sincelejo), Penitenciaria de Alta Seguridad Doña Juana La Dorada (Caldas), Cárcel de Popayán (Cauca), Cárcel La Tramacúa (Valledupar), Cárcel El Pedregal (Medellín), Cárcel Puerto Triunfo (Antioquia), Cárcel de Yopal (Casanare)


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