Juan Jesús Aznárez, el autor de un texto publicado el pasado 1 de diciembre por el diario EL PAÍS, denigrando a Cuba y Venezuela a partir de un documento de Wikileaks, era corresponsal de ese periódico en Caracas en los días del golpe de Estado del 2002 y frecuentaba con asiduidad la Embajada española, la de EE.UU. y al golpista Pedro Carmona.José Manuel Fernández, asesor parlamentario de Izquierda Unida, relata, en un texto publicado hace meses en un blog madrileño una terrible anécdota: Aznárez “coincidió en vísperas del golpe de Estado con el enviado de El Mundo, en el aeropuerto caraqueño de Maiquetía, y le confió que "Chávez se va a enterar quién es Jesús de Polanco, que siempre logra lo que quiere. Dentro de unos días hablamos".
  Fernández completa el retrato señalando que Juan Jesús Aznárez mantenía entonces estrechos contactos con el embajador de España, Manuel Viturro, con el embajador de Estados Unidos, Charles Shapiro, y con al presidente de Fedecámaras, Pedro Carmona Estanga, el “líder” del fracasado intento de poner fin a la Revolución bolivariana.
  El texto de Aznárez publicado por El País, titulado “Los espías cubanos actúan por libre en Venezuela y despachan con Chávez”, intenta demostrar que no son los cientos de funcionarios de inteligencia estadounidenses que se activan en Venezuela los que agraden a ese país, sino que ellos son víctimas de la curiosidad de “un equipo bajo control cubano”. Una afirmación que carece por cierto de fundamento.
Sin embargo, la colaboración servil de EL PAÍS con los golpistas ha sido ilustrada de manera inequívoca por la actuación de la jefa de su oficina en Caracas, Ludmila Vinogradoff, asesora y amiga personal del magnate Gustavo Cisneros.
  Irónicamente, para el diario madrileño, Cuba, Venezuela y los demás países del Sur agredidos por el gigantesco aparato de inteligencia norteamericano deben quedarse de brazos cruzados ante las operaciones masivas de injerencia, penetración, espionaje, subversión y desestabilización que desencadena Washington a golpes de miles de millones de dólares para provocar el derrocamiento de sus gobiernos.
Aznárez había dado otra demostración de la objetividad con la cual se trabaja en Prisa cuando se trata de hablar de los amigos de Hugo Chávez. El 24 de mayo de 2005 publicó otra obra inmortal en el mismo diario, bajo el título “La red de amigos de Cuba”, con este antetítulo: “El régimen cubano cuenta, gracias a las simpatías políticas o a la penetración de sus servicios secretos, con una amplia plataforma de vigilancia y apoyo en España”. En él atacaba al prestigioso sitio web Rebelión como “la punta de lanza de una defensa a ultranza de la causa” de la Revolución cubana.
  No hay la menor duda, para cualquier observador de las actividades de inteligencia de Estados Unidos, tras la propia lectura de los documentos de Wikileaks, que enseñan el modus vivendi de la monstruosa estructura diplomática de Estados Unidos, que la salida al publico de las llamadas filtraciones ha sido piloteada desde adentro por los “corresponsales” de la compañía.

VERDAD IMPERIAL

  EL PAÍS, que encabeza desde hace años campañas de difamación contra los gobiernos progresistas de América Latina, no iba a perder la menor oportunidad de recuperar el escándalo Wikileaks para seguir con sus ataques a todo lo que suena a socialismo en este continente que sigue llevando huellas fatales del colonialismo español.
El periódico EL PAÍS, que en el curso de los años se ha identificado de manera siempre más cruda con el poder imperial de Estados Unidos y las transnacionales hispanas, pertenece al Grupo Prisa, un gigantesco cartel mediático que extiende sus tentáculos desde la capital de España a toda América Latina.
  Al recibir de Julian Assange, el fundador de Wikileaks, de manera algo sorprendente, el privilegio de manejar las decenas de miles de documentos secretos del Departamento de Estado, el diario entendió que le tocaba la tarea de orientar el escándalo a favor de sus intereses de corporación multinacional y de los que le proveen protección y asistencia.
  El Grupo Prisa se ha convertido en los últimos años en un monstruo internacional de la comunicación que controla más de mil emisoras en España, Estados Unidos, México, Panamá, Costa Rica, Colombia, Panamá, Argentina y Chile, con cerca de 30 millones de oyentes.
En Colombia, Prisa controla el potente grupo Radio Caracol como en México, detiene a Radiópolis y Televisa. Mientras en los propios Estados Unidos cuenta con GLR Networks, con unas 60 emisoras afiliadas. Prisa está ahora presente en 22 países con más de 10.000 trabajadores.
Ya se sabe que EL PAÍS y los otros cuatro gigantes de la prensa comercial que recibieron copia del material almacenado por Wikileaks avisaron al Departamento de Estado con antelación de la publicación en estos días de este material explosivo.

LA EMBAJADA YANQUI Y EL GOLPE CONTRA CHÁVEZ

  Documentos desclasificados por Washington - en un aparente intento de quitarles impacto a los de Wikileaks – revelan que el cabecilla derechista Henrique Capriles Rodonski, quién alentó en abril del 2002, en medio del golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez, el asalto a la embajada de Cuba por elementos terroristas cubano-venezolanos, era ya un colaborador de la embajada norteamericana en Caracas.
En la nueva selección de archivos sobre Venezuela publicada el sábado 4 de diciembre en su pagina web por el Departamento de Estado, el nombre de Capriles aparece vinculado a la operación realizada contra la representación diplomática cubana y, sospechosamente, al asesinato del fiscal Danilo Anderson.
  Los documentos enseñan una evidente complacencia de la embajada norteamericana en Caracas hacia el jefe derechista, cuyo rol en el asalto a la embajada cubana y presuntamente en otras actividades ilícitas ha sido protegido por abundantes tachaduras en cada uno de los textos donde aparecen referencias a su persona.
  A través de los informes, la embajada no solo reconoce que Capriles, hoy Gobernador del Estado Miranda, le brinda su cooperación, sino que los muy numerosos párrafos tachados por los censores de Washington revelan actividades de colaboración que van más allá de lo confesable. Lo mismo ocurre al margen de estos mismos reportes mutilados y reunidos bajo el tema “La muerte del Fiscal Danilo Anderson”, con otros opositores tales como Leopoldo López y Maria Corina Machado.
  En los documentos, redactados con el cinismo y la arrogancia que caracteriza al Departamento de Estado, los analistas se alegren de la actitud desafiante hacia la ley de personajes como Alberto Federico Ravell, director de Globovision, y Marcel Granier, de RCTV.
También saludan las intervenciones orquestadas por la Sociedad Interamericana de Prensa (con el guatemalteco Gonzalo Marroquín al frente) y Reporteros sin Fronteras, organización subsidiada por la USAID a través de sus circuitos cubanoamericanos. En distintos lugares se hace referencia a los “political oficers” de la embajada contactando con sus colaboradores.
  El 12 de abril de 2002, en las horas más tensas del golpe, la Embajada de la República de Cuba fue agredida por un grupo de manifestantes de extrema derecha dirigidos por dos individuos identificados en Venezuela al terrorismo contra Cuba, Salvador Romaní y Ricardo Koesling. A estos personajes pronto se sumaron Capriles y el ex comisario del DISIP Henry López Sisco.
  En noviembre de 2005, el Fiscal general ordenó el arresto de Romaní, un abogado de origen cubano, junto al financiero estafador Nelson Mezerhane, accionista de Globovisión, la periodista golpista Patricia Poleo y el general Eugenio Áñez, en relación con el asesinato en 2004 del Fiscal Danilo Anderson.
  Por su parte, Koesling se encuentra asociado al terrorismo cubanomericano desde los años 70 y hasta fue cómplice de la fuga de Luis Posada Carriles de la cárcel de San Juan de los Morros, en 1985, mientras colaboraba al más alto nivel con el gobierno de Jaime Lusinchi. López Sisco es un ex comisario torturador de la DISIP (servicios de inteligencia del anterior régimen venezolano) donde actuó durante años al lado del terrorista de Posada.
  Este 12 de abril, Capriles – entonces alcalde del municipio de Baruta donde radica la embajada cubana – no solo se negó a tomar medidas para que su policía no intervenga para poner fin a los actos de violencia sino que al presenciarse en el sitio de los hechos, insistió para “inspeccionar” la sede diplomática, algo contrario a las convenciones internacionales, para luego hacer declaraciones provocativas.
Estimulados por sus palabras, los manifestantes destrozaron seis vehículos del consulado, cortaron los servicios de agua y electricidad y mantuvieron virtualmente secuestrados a los diplomáticos cubanos mientras amenazaban con penetrar violentamente en la sede diplomática. Muchas imágenes de los hechos fueron recogidas ese día por varios canales de televisión, tanto venezolanos como extranjeros, que evidencian la violencia de la agresión.

ASESINATO DEL FISCAL ANDERSON

  Después de muchas tergiversaciones inspiradas por la derecha alrededor de la circunstancias del asalto, el 16 de marzo 2004, el fiscal Anderson, encargado de los casos de más de 400 sospechosos asociados al golpe de Estado de abril del 2002, dictó una orden de arresto contra Capriles, al acusarlo de violar principios fundamentales del derecho internacional, violación de la propiedad privada y abuso de poder. Mientras se desarrollaban los procedimientos, Capriles fue mantenido en detención hasta septiembre.
  El 18 de noviembre, el joven fiscal murió en la explosión de su vehículo, destruido por una bomba compuesta de explosivos C-4 y de un potente imán, un tipo de artefacto usado en numerosas oportunidades por terroristas cubanoamericanos. Increíblemente, Capriles Rodonski se presentó en la morgue donde los familiares de Danilo Anderson iban a reconocer su cadáver. Su presencia generó una confrontación con los familiares y amigos del fiscal asesinado, quienes le ordenaron retirarse, lo que se negó a hacer, desencadenando una discusión.
En menos de un mes, ya en diciembre, los investigadores tenían resuelto en gran parte el caso desde el punto de vista material. Dos ex comisarios de la DISIP, los hermanos Otoniel y Rolando Guevara, organizaron el crimen pagando más de medio millón de dólares a los ejecutores, por el intermediario de su primo José Guevara, radicado en Miami.
  En la metrópoli de la Florida, José Guevara se beneficia hoy de la protección del FBI (con quién conspiró también en el caso Montesinos), al igual que otros dos cómplices, el ex agente de la inteligencia venezolana Pedro Lander quien preparó la bomba, y Johán Peña, que colocó el explosivo bajo el vehículo.
  Casi todos los autores intelectuales del asesinato, entre los cuales se encuentran Salvador Romaní y Henry López Sisco, están hoy radicados en Miami. Entre los sospechosos – todos vinculados a Capriles - que buscaron en Miami su santuario, está también otro ex DISIP, Joaquín Chaffardet, que, como López Sisco fue formado por los servicios de inteligencia de Estados Unidos en la famosa Escuela de las Américas (SOA).
Capriles Rodonski pertenece a la misma corriente ideológica de extrema derecha cuyo máximo representante en Venezuela es Alejandro Peña Esclusa, arrestado en Caracas con 900 gramos de C-4 y detonadores, después de una denuncia del salvadoreño Francisco Chávez Abarca, un especialista del C-4 formado por Posada, extraditado luego a Cuba.

LA COLABORADORA CUBANA DE LA CIA

  Detrás del pretendido escándalo sexual con el cual se intenta desacreditar al dueño del sitio web Wikileaks cuyas revelaciones siguen asustando el Departamento de Estado, se encuentra una “colaboradora” cubana de la CIA, vinculada a Carlos Alberto Montaner, que se hizo conocer en el pasado por su activismo anticastrista.
Según los cables que reportan el asunto ocurrido en Suecia, Anna Ardin sería la “demandante oficial” de Assange con su amiga Sofía Wilden, quién fue supuestamente la primera en quejarse del “abuso” a la policía. La demanda, algo extraña pero aparentemente conforme a la legislación sueca, consiste en el delito de haber practicado sexo sin condón, y haber tenido dos encuentros amorosos en una misma semana con cada una de las presuntas víctimas.
  Después de su salida de Cuba, Anna Ardin se hizo conocer por su literatura vitriólica en sitios web financiados por la USAID y controlados por la CIA, tales como “Misceleanas de Cuba”, propiedad del cubano Alexis Gainza Solenzal. De colaboradora de Gainza y de la inteligencia USA, Ardin se metamorfoseó en “experta” en medios de comunicaciones suecos tales como Dagens Nyheter y SVT. Se involucró luego en el gobernante partido Socialdemócrata. En 2007 fundó el club gay Queer-klubb Feber de Gotland, una isla sueca situada a 60 kilómetros de la costa, refugio de la llamada farándula sueca.
  Nacido en La Habana, Alexis Gainza, el mentor de Ardin, reside en Suecia desde 1991 (en Estocolmo, desde 1993) y se encontró un mercado lucrativo en el mundo escandinavo de la desinformación. Detenta la franquicia para este territorio de la Unión Liberal Cubana del viejo agente Carlos Alberto Montaner, terrorista prófugo de la justicia cubana.
  Gainza está vinculado también a la alemana "Sociedad Internacional para los Derechos Humanos", más conocida por sus siglas en alemán IGFM - Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM). Con conocidos lazos con la inteligencia alemana y norteamericana, la IGFM mantuvo en sus filas a ex nazis, tanto juristas como Ludwig Martín, como también ex militares como Dieter von Glahn.
El actual portavoz y presidente de la IGFM, Martin Lessenthin, colabora estrechamente con el partido golpista venezolano Primero Justicia del terrorista Alejandro Peña Esclusa. Primero Justicia es el socio principal en Venezuela del Instituto Republicano Internacional, organización de extrema derecha subsidiada a golpe de millones por la Nacional Endowment for Democracy.
  La noticia del supuesto escándalo de Assange apareció primero en la revista Newsweek, órgano oficioso de los servicios de inteligencia norteamericanos, el pasado 25 de agosto, a unos días de una filtración de documentos que afectó al Pentágono.