II Centenario de la Constitución de Cádiz: de unos tópicos a otros

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Luis Castro


  El historiador José Álvarez Junco, en su artículo “El legado de la constitución de Cádiz” (EL PAÍS, 4/2/2012), ayuda a desmontar tópicos nacionalistas sobre la guerra de 1808-14, pero me pregunto si, de pasada, no nos mete en otros, relativos a otros momentos históricos.
  La idea general del artículo es conocida, casi diría trillada: ya no sirve, o sirve muy poco, el “mito” del levantamiento nacional-patriótico para conceptuar la Guerra de la Independencia, ni hay que pensar que el primer liberalismo fuera más allá del Cádiz sitiado por los franceses desde 1810. La inercia del Antiguo Régimen, un pueblo aún analfabeto y aherrojado en el mundo mental del clero y un pérfido Fernando VII aliado con un ejército ya propenso al pronunciamiento, impiden que ese periodo de la historia de España sea algo más que un tímido paso hacia la liberalización y la modernización política y mental.
  El proceso va a ser muy lento y tortuoso, de manera que, hasta la Transición de 1976, no se puede hablar de un régimen “de convivencia política y democrática estable”, resultado de la feliz epifanía de la reconciliación entre los españoles. Ante semejante obra maestra colectiva, la mera mención de las repúblicas como antecedente sería un desdoro.
  Todavía en 1968 historiadores liberal-conservadores como Miguel Artola y Carlos Seco mantenían esos ahora denominados “mitos” en el conocido tomo XXVI de la historia de Menéndez Pidal (“La España de Fernando VII”, pero desde hace un tiempo todo eso está sujeto a revisión (véanse, por ejemplo, las obras de Esdaile y de Fraser sobre la Guerra de 1808-14), sin que tampoco podamos decir que sus ideas sean del todo nuevas. Ya Marx apuntó aquello de que “En Cádiz, ideas sin hechos; en el resto de España, hechos sin ideas”. (Ciertamente, no es demasiada matización). Y lo de Baroja: “En España, la revolución (léase la reforma política y social) es como un carro tirado por mariposas”.
  Pero leo extrañado que, tras estas “guerras de exterminio” que caracterizarían nuestra historia, según Álvarez Junco, “el Estado se hundió y hubo de ser renovado desde los cimientos (...) hasta 1931 y 1939; afortunadamente, no en 1976”. Dejando de lado que no es comparable la depuración del Estado que hubo en 1931 con la de 1939 (digamos mejor 1936), ¿cabe afirmar que el Estado republicano “se hundió” como si hubiera sufrido algún tsunami o terremoto demoledor?, ¿sería así una especie de obligación moral lo que empujó a los sublevados del 18 de julio a acabar por las armas con un Estado republicano en quiebra para construir otro sobre bases nacional-sindicalistas? Así lo pensaban ellos, lo mismo que los historiadores revisionistas más tarde. No creo que Álvarez Junco piense eso, pero deja cierta duda.
Tampoco parece afortunada la última parte de la frase, que puede interpretarse así: “Por suerte, no hubo que reconstruir el Estado franquista, que persistió después de la transición”. Y así ocurrió, desde luego, ya que, a diferencia de 1936, 1931, 1875, 1868..., el aparato estatal no fue depurado en 1976 ni después, de modo que los magistrados del Tribunal de Orden Público, por ejemplo, pasaron a otros destinos, los policías de mano larga y sangrienta siguieron su promoción (lejos del País Vasco, a ser posible) y los funcionarios del Movimiento pasaron al nuevo Ministerio de Cultura. Y así.
  ¿Sería concebible el bochornoso juicio a Garzón si la judicatura hubiera sido mínimamente saneada en su momento de sus elementos más ultramontanos? Pero, claro, esa decisión y otras semejantes no iba a tomarlas una clase política también heredera en buena medida del franquismo. Bien mirado, no estamos mucho más allá que los liberales de Cádiz.