El Otro País de este mundo

Carmen Morente
(Plataforma Simón Bolívar de Granada)

  El miércoles 3 de diciembre, la Comisión de la Unión Sudamericana de Naciones (UNASUR), presentaba su Informe sobre los acontecimientos ocurridos en el municipio El Porvenir (Pando) el 11 de septiembre de 2008. El Presidente de la Comisión, el letrado argentino Roberto Mattarollo, entregó el Informe al Presidente boliviano, Evo Morales. Entre las conclusiones de las 66 páginas que contiene, se avala la consideración de que lo ocurrido el 11 de septiembre debe ser calificado como “masacre”; e indica que, al margen de sujetos que pudieron actuar a título personal, los campesinos que fueron brutalmente atacados, lo fueron de forma premeditada y organizada, por grupos especiales preparados para tal objetivo. Así mismo confirma la existencia de torturas físicas y vejaciones morales.
  Roberto Mattarollo explicó en rueda de prensa, concedida a la Agencia Bolivariana de Noticias, que durante el trabajo de campo, “nos movimos con toda libertad”, realizando multitud de entrevistas (algunas de ellas en territorio  brasileño, al que huyeron campesinos temerosos de la represión de los llamados “comités cívicos”), incluido al Prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, quien se encuentra en prisión desde los acontecimientos, acusado de delitos de lesa humanidad por el asesinato de campesinos.
La actividad de la Comisión no se quedará sólo en la elaboración del Informe. Éste será motivo de debate y, lo que es más importante, de seguimiento, en la próxima reunión de UNASUR, a celebrar el 16 de diciembre en San Salvador de Bahía (Brasil).
Al evaluar el trabajo de la Comisión, Mattarollo destacó que, con la Comisión de UNASUR, “aparece un nuevo instrumento de lucha por los derechos humanos, que muestra una gran capacidad de actuación no burocrática, con gran agilidad de movimiento…” Y, además, independiente, agregaríamos nosotros, al ser expresión de nuevas formas de relación e integración de los países del Sur.

¿EL ESLABÓN MÁS DÉBIL?

  En analista boliviano Hugo Móldiz, redactor de La Época (Bolivia), al que entrevistamos regularmente en el programa de radio “Por los caminos de la Patria Grande”, insiste en considerar a su país, Bolivia, como el eslabón más débil de la cadena de América Latina; también es frecuente escucharle que las contradicciones, cuando históricamente se han agudizado en el país, han tardado poco en resolverse, y que del carácter o la dirección de la resolución del conflicto interno ha dependido la suerte y el futuro de la región.
  Este segundo análisis, encuentra su punto de partida histórico en las consecuencias que tuvo la derrota del proyecto radical defendido por Antonio José de Sucre, Gran Mariscal de Ayacucho y presidente de Bolivia en el corto período de 1826-28; la derrota política de los libertadores en Bolivia arrastró, como en un juego de cartas, las sucesivas en Nueva Granada, Venezuela, Quito y Perú.
  Al volver nuestra mirada al pasado histórico de Bolivia y, por ende, de América Latina, no es nuestra intención desviar la atención del lector sobre los desarrollos actuales. Muy al contrario: nuestra pretensión no es otra que facilitar la aproximación y la comprensión de la coyuntura actual. Al fin y al cabo nos estamos refiriendo a un conjunto de países, de Repúblicas, de modernísima constitución. Sobre el área en su conjunto, las nuevas contradicciones, -surgidas en el período histórico del imperialismo y del neoliberalismo, como su máxima expresión-, en su “explosión” han desvelado de forma clarividente la pervivencia de aquellas otras contradicciones arrastradas desde la época colonial. De aquí que sirva doblemente y a la perfección la expresión acuñada, desde los sectores populares en lucha, de “segunda independencia”.
  Desde este punto de vista, merece la pena explicar, aunque sólo sea brevemente, el carácter de las reformas impulsadas por Bolívar y Sucre; así podremos entender la reacción tan terrible que suscitaron y,  seguro, entenderemos mejor la realidad actual de Bolivia.

UN PROYECTO MODERNIZADOR

  El objetivo de los Libertadores no fue otro que la adecuación de la compleja y tradicional realidad altoperuana, de composición social, estructura económica e instituciones heredadas del orden colonial, para convertirla en una sociedad moderna, según el modelo liberal europeo. Para describir los alcances de dicha estrategia, utilizaremos el magnífico ensayo de Inés Quintero, “El sucesor de Bolívar”.
  A la hora de desarrollar el proyecto modernizador, los Libertadores tuvieron que hacer frente, en el mismo tiempo histórico, a los enfrentamientos internos de las elites provinciales en su lucha por el poder y a la atención de las severas contradicciones de una sociedad mestiza y con un altísimo índice de población indígena, en claro contraste con la supremacía política y privilegios sociales y económicos de las minorías blancas-criollas.
  La primera tarea fue la de conseguir información precisa sobre los recursos, rentas, gastos e ingresos y la de levantar un censo detallado de la población. Cualquier medida fiscal futura necesitaba de estos instrumentos, para hacer frente a las grandes necesidades en materia de servicios, salud y educación. Para la época el proyecto era ambicioso, sobre todo si tenemos en cuenta que debía articularse de manera descentralizada, concediendo el protagonismo a los municipios, quienes designarían a las autoridades locales y a los funcionarios gubernamentales encargados de ejecutar las reformas para eliminar así la práctica de compra de cargos, propia de la época colonial.
  La segunda tarea tenía como objetivo transformar radicalmente uno de los pilares del antiguo régimen: la institución eclesiástica, afectando su poder económico y su influencia ideológica y moral sobre la sociedad. Se conseguirían mediante esta política recursos para apoyar las reformas en el campo educativo y para el mejoramiento de las condiciones sociales de la población de menos recursos. Supresión del clero popular, los monasterios y la confiscación de sus propiedades; reducción del número de comunidades a once, secularización voluntaria, regulación por el Estado de la vida monástica, cierre de los noviciados, etc. Informándose acerca del destino y usos que se había dado a los recursos obtenidos mediante las confiscaciones y explicándose los beneficios que representaba para la población el control de estos recursos.
  La tercera tarea, revolucionaria en extremo, fue la de un total reordenamiento fiscal. La medida más impactante fue la eliminación, mediante decreto del 22 de diciembre de 1825, del tributo indígena y la reglamentación de un gravamen directo y universal. Punto crucial de la reforma, ya que pretendía eliminar una de las injusticias fiscales y de las mayores inequidades del sistema colonial sobre la mayoría de la población: los indígenas. El gravamen directo sería distribuido entre todos los ciudadanos en proporción a sus bienes, beneficios por actividades y oficios, etc. El impuesto sobre las propiedades inmobiliarias o campesinas (tierras) penalizaba el arrendamiento y el parasitismo.
Otro conjunto de medidas intentaron sanear las finanzas públicas (sostenidas en la época colonial en un 31% sólo por el tributo indígena), con el objetivo de atender las necesidades de desarrollo humano de la mayoría de la población y de incentivar la actividad económica: reducción de las cargas por la situación de guerra, supresión y disminución de impuestos indirectos;  disminución de las alcabalas (tributos de compra-venta)  a la coca y a los productos importados, supresión de impuestos sobre alimentos básicos, etc.

EL ANTIGUO RÉGIMEN SE MOVILIZA

  El propio Sucre escribía en 1826, “La ignorancia, los hábitos y no pocas veces el egoísmo contradicen las resoluciones que llevan el sello más marcado de los justo y lo recto. Tal sucede con la contribución directa: ella es apoyada con el sentir de los mejores economistas y parte de un principio de justicia que sólo dejarán de bendecir los que cierran los ojos a las más palpables verdades: que todos sin distinción paguen en proporción de lo que tienen”.
Las palabras de Sucre reflejaban los grandes obstáculos y el fuerte rechazo que desde los sectores del antiguo régimen se ejercía en contra de la nueva política fiscal. Uno de los argumentos de las oligarquías blancas-criollas y de los mestizos adinerados contra estas medidas era de orden “ideológico”: la reforma, al exigir la contribución de todas las personas sin excepción, los igualaba a los indios.
  Desde las páginas de El Cóndor, Sucre y su equipo de colaboradores emitían denuncias contra la actitud de los opositores, todos ellos pertenecientes a las clases privilegiadas. Según el criterio que los animaba, decía el periódico, “los indios y el populacho son los que deben pagar contribución y nosotros gozarlas”. Sucre expresaba su  decepción frente a aquellos ciudadanos que le negaron su apoyo al gobierno en la reforma tributaria, pero al mismo tiempo exigían y disfrutaban de los privilegios que les otorgaba su condición de ciudadanos bolivianos.
  Las clases dominantes utilizaron todos los resortes a su alcance para agudizar otras contradicciones del momento histórico, desestabilizando el precario fundamento de la joven república, hasta la derrota definitiva del proyecto modernizador.
En palabras de Marcos Domich, en los sucesivos períodos políticos que transitó Bolivia, “el liberalismo fracasó porque no pudo, o no quiso, resolver el problema del latifundio. El liberalismo no rompió sus amarras con la estructura agraria granlatifundista y su dominio híbrido que, con buenas razones, se denominó feudalburgués”.

VIEJAS Y NUEVAS CONTRADICCIONES EN LA BOLIVIA DE HOY

  La penetración del capital financiero internacional en el campo sólo ha conseguido agudizar las contradicciones de un sistema que, hasta la actualidad, mantiene el mismo régimen de tenencia de la tierra y relaciones de producción híbridas también entre asalariados, mano de obra servil e incluso esclava. En la actualidad, 32 millones de hectáreas están en manos de unas pocas personas, mientras 4 millones están distribuidas entre más de 2 millones de campesinos indígenas. El 60% de la producción de soja es controlada por empresas extranjeras y el 40%, en manos de pequeños productores.
  Hoy, como en época de Sucre, y comprendiendo las diferencias históricas, las políticas gubernamentales presididas por Evo Morales siguen siendo obstaculizadas y boicoteadas, utilizando, como entonces, también el recurso de la violencia y de otros al alcance de las minorías blancas-criollas. El “disgusto” de la oposición en la actualidad también viene provocado por la pretensión del nuevo Gobierno de considerar al “indio” persona con derechos. El rastro del discurso xenófobo y racista hay que buscarlo, sin duda, en la pervivencia de la mentalidad colonial en dichos sectores minoritarios.
  Durante el tiempo transcurrido entre mediados del siglo XIX y la actualidad, los indígenas han seguido siendo el sector mayoritario de la población (más del 60%). También el más explotado, olvidado y sacrificado.
Grandes cambios se han producido, no obstante, en cuanto a su composición, capacidad de reacción, organización, identidad e influencia nacional. En estos cambios ha tenido mucho que ver la incorporación como proletariado minero de un número considerable de indígenas, desde que, a finales del siglo XIX, estalló el boom del estaño. La experiencia del movimiento obrero minero en Bolivia ha sido inmensa y fructífera, jugando un papel extraordinario en los acontecimientos políticos del país durante todo el siglo XX.
  El declive último de la minería boliviana expulsó a miles de mineros y sus familias (de origen mayoritariamente indígena), constituyendo inmensas ciudades que, como El Alto (situada en la periferia de La Paz), fueron construidas y vertebradas gracias a la experiencia colectiva y organizativa acumulada por los mineros y por las sucesivas oleadas de nuevos habitantes procedentes del campo y portadores, como campesinos indígenas, de formas ancestrales (originarias) de organización y resistencia. Sin sus movilizaciones, marchas y cortes de ruta, sería imposible hablar de refundación del país.
  Quizás la irrupción de los pueblos indígenas originarios como sujeto político determinante de la resistencia y el cambio sea el elemento cualitativamente superior de la coyuntura actual, por la influencia que pueda tener en el resto de países andinos (de fuerte población indígena) y, por ende, sobre el resto de países donde existen. El nombramiento del presidente Evo Morales, primer presidente indígena de América Latina, ha sido saludado por todos los pueblos del mundo, siendo designado, en el Encuentro Internacional de Solidaridad con Bolivia (octubre 2008), “embajador de los pueblos indígenas y empobrecidos del mundo y como nuestro vocero para la promoción y defensa de los derechos de todos los pueblos”.

REGRESO AL PROYECTO DE UNIDAD LATINOAMERICANA

  Un elemento primordial, a la hora de definir el panorama regional en el que se desenvuelve la experiencia boliviana, es la existencia de un proyecto de integración de los países sobre bases nuevas, alejado de las experiencias que, en el pasado, agravaron la dependencia y pretenden romper a golpe de Tratados de Libre Comercio, en el presente, las conquistas que, tras más de 500 años de lucha, hoy comienzan a verse materializadas.
  Bolivia no está sola. El proyecto de unidad latinoamericana, defendido con ahínco por la Republica Bolivariana de Venezuela, empieza a tomar forma y contenidos. “Unámonos y seremos invencibles”, que dijera el Libertador, Simón Bolívar. Hablamos del ALBA, de UNASUR, incluso de un MERCOSUR más equilibrado por la presencia de Venezuela; de Petrocaribe, del Bando del Sur, de las Misiones “Yo sí puedo” o “Milagro”, etc.
  Pasados más de 180 años del Congreso Anfictiónico de Panamá, que intentó dar cuerpo a la unidad latinoamericana, el proyecto de Patria Grande defendido por los Libertadores camina sobre terreno más seguro.
Se está dando la conjunción de distintas experiencias, como las de Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Cuba, incluyendo también a Brasil como potencia “disuasoria” en determinados momentos, en relación a las pretensiones de los EE.UU. (aunque también generadora de conflictos en otros momentos), de una Argentina que intenta salir de su quiebra con el apoyo de otros gobiernos de la zona; hablamos de la República Oriental del Uruguay, de Paraguay.
¡Hasta la vieja OEA parece resentirse con la avalancha de este nuevo movimiento libertador! El hecho de que el gobierno de los EE.UU. no pueda ya, ni siquiera en este ámbito, imponer sus órdenes a la mayoría de los países miembros, es expresión de cuánto están cambiando las cosas.