Manuel Revuelta
Como del colesterol, se habla de guerras “buenas” y de guerras “malas”. La versión española de la revista norteamericana FP (Foreign Policy), cuyo ex director, Andrés Ortega, es funcionario del actual gobierno de Zapatero, se lo ha planteado: “¿Una guerra ‘buena’? El presidente electo de EE UU, Barack Obama, pretende desviar recursos y hombres de la guerra “mala” (Irak) a la “buena”, de Afganistán”. En esa onda, podría hablarse de un imperialismo “malo”, el de George W. Bush, y tal vez de un inminente imperialismo “bueno”, el de Barak Obama.
Según la ministra de Defensa española, Carme Chacón, desde que el gobierno de Felipe González metió a España en la Organización militar del Tratado del Atlántico Norte, y más en concreto, desde 1988, “más de 100.000 militares han sido desplegados en el exterior en sucesivas rotaciones. De ellos, la mitad –unos 50.000– han sido proyectados a zona de operaciones en los últimos cinco años”.
Esas cifras aportadas por la propia ministra muestran una situación paradójica: tras la victoria en las elecciones del año 2004, Rodríguez Zapatero retiró las tropas españolas presentes en Irak, con el respaldo masivo de la sociedad española. Planteó también una política de Alianza de Civilizaciones frente al “choque” de Civilizaciones previsto y anunciado desde los ideólogos de la Administración Bush. Paralelamente a esas decisiones, el Gobierno había comenzado un progresivo y vergonzante viraje belicista, y se ha ido aumentando el número de tropas movilizadas en una serie de intervenciones armadas en el exterior para el “mantenimiento de la paz”, algunas heredadas y otras adquiridas en estos últimos años,
Según Chacón, el límite inicialmente aprobado en 2004 fue fijado en un máximo de 2.600 efectivos. Posteriormente, esta cifra incrementó a 3.000 los efectivos para el conjunto de nuestras operaciones en el exterior hasta el 31 de diciembre de 2008: “Considero, y así lo considera igualmente el Gobierno, que varios factores han dejado este límite obsoleto. Hoy, nuestros Ejércitos tienen capacidad para mantener desplegada, en estas misiones en el exterior, una fuerza de hasta 7.700 militares”.
EL MINISTERIO DE LAS GUERRAS
Para la titular del ministerio de Defensa -un organismo que debería recuperar su viejo nombre e incluso pluralizarlo, como Ministerio de las Guerras-, “España ha ido adaptando su concepción de la seguridad y defensa a los nuevos escenarios. La diferencia entre el tiempo actual y el pasado radica en que nuestra seguridad y defensa se protegen ahora en territorios geográficamente alejados, pero estrechamente conectados con nuestra libertad y nuestra vida”.
Desgraciadamente, como ha señalado Juan Ramón Capella, “nuestra seguridad casa muy mal con la experiencia que se tiene de lo que es el terrorismo fundamentalista islámico en los países ricos. Quienes atacaron los trenes de Madrid o atentaron en Londres no procedían de ningún “santuario” afgano o pakistaní, sino que eran grupos más bien aleatorios de personas fanáticas que viven en la emigración. La presencia de tropas españolas en Afganistán no puede conseguir otra cosa que excitar en esos grupos los deseos de venganza”.
No es esa la opinión del diario El País, que asocia un aumento de tropas a nuestra inclusión en el G 20, “para asumir más peso internacional”. Al periódico le parece insuficiente la cifra de 7.700 soldados participantes en misiones exteriores: “Hay tropas desplegadas en Líbano, Bosnia, Kosovo, Chad y Afganistán, número de frentes que obliga a estirar esa cifra como un chicle. Está cantado que el presidente electo norteamericano, Barack Obama, que tomará posesión el 20 de enero de 2009, pedirá a sus aliados europeos, entre ellos España, que refuerce su presencia en Afganistán, en un esfuerzo por decantar la suerte de la guerra. Va a ser muy difícil decirle que no, sobre todo cuando tanto se desea en Madrid que todo sea reconciliación con Washington… España, que ya ha perdido en Afganistán a 87 militares (incluidas las víctimas del Yak-42), tiene en el país menos de un tercio de los efectivos de Italia, Francia o Alemania. Y una de las diez grandes economías mundiales ha de poder hacer bastante más”.
Es evidente que no se puede participar en cinco “guerras”, o “misiones internacionales de paz en el exterior” sin asumir el discurso neocolonial, civilizatorio y belicista de los gobiernos y medios de comunicación occidentales. Tras conceptos como civilización, derechos humanos, injerencia humanitaria, democracia o guerras preventivas por parte de Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea, se enmascara una serie descarnada de intereses económicos y de poder que nos retrotraen a la Conferencia de Berlín de 1885.
Tampoco se puede retorcer la verdad afirmando “que se visualice a las Naciones Unidas como la coordinadora de todo el entramado internacional en Afganistán”. La intervención y ocupación de ese país por Estados Unidos y la OTAN forma parte de otras intromisiones y agresiones enmascaradas que reviven aquellos años del colonialismo decimonónico tardío que precedió a la primera guerra mundial.
MORIR POR AFGANISTÁN
Siete años después de la invasión de Afganistán y la caída del régimen de los talibanes, habría que preguntarse ¿dónde estamos? Jean-Philippe Merchet acaba de publicar un libro con un título muy expresivo, “Morir por Afganistán Por qué nuestros soldado caen allí” (“Mourir pour l’Afghanistan – Pourquoi nos soldats tombent-ils là bas?”).
En un recuento aún no cerrado, se puede decir que, a lo largo del año 2008, el número de soldados extranjeros muertos en Afganistán gira en torno a 300, uno cada 26 horas. El profesor Mark Herold, autor de otro libro reciente, “Afganistán como un espacio vacío. El perfecto Estado neocolonial del siglo XXI”, explicaba en su presentación que, “en 2003, Estados Unidos presionó a la OTAN con éxito para compartir la carga de la ocupación. La jugada venía motivada por el reparto de costes (financieros y humanos) entre muchos países, reduciendo así la oposición interna. En 2004, las bajas militares norteamericanas representaban el 97% del total de las muertes entre las fuerzas de ocupación; en 2006, la relación era de sólo el 51%. Actualmente, el soldado ocupante no norteamericano tiene un 37% más de posibilidades de morir en Afganistán que el de Estados Unidos”.
En opinión de Juan Ramón Capella, “no es de recibo que el presidente Zapatero y la ministra Chacón sigan enviando mensajes de condolencia a las víctimas españolas de esta política de envío de tropas para servir de coartada a la brutal presencia norteamericana. Mensajes para los que incluso parece haber alguna falsilla preparada de antemano y que van acompañados de condecoraciones a título póstumo. Todo eso es vergonzoso. Sería mejor que dijeran la verdad a los familiares de los muertos y a los heridos: habéis sido sacrificados a nuestra política, y los que mandamos os estamos muy agradecidos”.
A lo largo de diciembre de 2008 y en vísperas del recambio presidencial en Estados Unidos, las noticias sobre Afganistán se agolpan: “El jefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército estadounidense, el almirante Michael Mullen, ha afirmado (el 20 de diciembre) que tienen previsto enviar entre 20.000 y 30.000 militares más a Afganistán para el verano. Según ha explicado Mullen, la idea es preparar las tropas para esta primavera y luego enviarlas al país centroasiático donde los talibanes se han hecho fuertes. Con este anuncio, EE UU superaría las previsiones iniciales sobre el número de soldados que tenía pensado enviar a Afganistán”.
En la actualidad hay unos 65.000 soldados extranjeros destacados en Afganistán, dentro de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (ISAF) y de los cuales 31.000 son estadounidenses. Washington, que tiene 13.000 efectivos en la ISAF, junto a los 20.000 que operan paralelamente en la operación “Libertad Duradera”, siempre se ha mostrado dispuesto a hacer un importante esfuerzo en la guerra de Afganistán. Y siempre ha pedido a los aliados que refuercen sus dotaciones. Alemania, con más de 3000 militares, y el Reino Unido, con más de 8.000 soldados desplegados ya han dado el paso adelante, y algunos países pequeños también han ofrecido tropas.
Antes de que Barak Obama asuma la presidencia de los Estados Unidos, el Pentágono está ya tomando medidas y cambios estratégicos: “la guerra irregular es estratégicamente tan importante como la guerra tradicional”. De ahí la importancia de actividades de contraterrorismo, de contrainsurrección y “misiones clave”, como son las “operaciones de estabilidad” en “países frágiles”. Hay que esforzarse en reforzar las capacidades militares de los países socios.
“De aquí a los años 2030, las fuerzas americanas, casi con toda seguridad, tendrán que combatir, ya sea en conflictos regulares o en una serie de guerras de contrainsurrección. Las dificultades de preparación ante amenazas de tipo convencional y nuclear no deben poner en un segundo plano a la preparación necesaria para llevar a cabo una guerra irregular, como se produjo después de la guerra de Vietnam”.
A REFORZAR LA “GUERRA BUENA”
El presidente electo tiene a la misión de la OTAN en Afganistán en su agenda internacional como una de sus prioridades. De la guerra mala, en Irak, Estados Unidos pretende salir en unos 16 meses, aunque se pretende dejar entre 50.000 y 70.000 soldados.
En fuentes francesas se dice que el ministerio de Defensa y el Estado Mayor preparan el envío de nuevos refuerzos a Afganistán a comienzos de 2009, cuyos efectivos exactos se desconocen. Permitirían la formación de una brigada con tres o cuatro batallones. Muy interesados, los norteamericanos hablan ya de la “French Brigade”, que debería instalarse en el este de Afganistán”.
El general David Petraeus llegó a Roma (el 11 de diciembre) para obtener una mayor implicación italiana en el frente afgano Tras su reunión con Silvio Berlusconi, Italia confirmó el envío de refuerzos a Afganistán a partir de enero. Los soldados italianos participarán, además, no sólo en esporádicas acciones defensivas, sino en ofensivas planificadas. “Nuestros aviones Tornado podrán también efectuar bombardeos”.
Unificar información y propaganda siempre ha sido un reaseguro eficaz para llevar a cabo una guerra “buena”. El pasado 29 de noviembre, la agencia Reuter informaba que el general norteamericano David McKierman, segundo del general David Petraeus y al mando de los 50.000 soldados de los países que componen las Fuerzas de Seguridad y Asistencia Internacional ISAF en Afganistán, daba la orden para la reestructuración planificada de los departamentos de prensa de la OTAN (PAO Public Affaire Office) con el de Operaciones Psicológicas y de Información (PSY OPS, la propaganda) del Ejército norteamericano, a partir del 1 de diciembre. El nuevo departamento del ISAF creado después de esa reestructuración estará bajo mando de un general norteamericano
Para ir limpiando al Ejército de sus crímenes, secuestros y torturas durante la era Bush, el Senado norteamericano hacía publico un informe, el 11 de diciembre, que responsabiliza al ex secretario de Estado, Donald Rumsfeld y otros altos funcionarios de los “malos tratos” a los detenidos en las prisiones norteamericanas. El uso de “métodos coercitivos” tuvo su origen en un documento firmado por el presidente Bush el 7 de febrero de 2002, por el que se dejaba de aplicar las normas de la Convención de Ginebra a los presos afganos y de Al Qaeda, que pasaban a ser genéricamente terroristas. Las técnicas de “interrogatorios duros” fueron discutidas por altos cargos de la Administración, entre ellos por Condoleezza Rice, consejera entonces de Seguridad Nacional, y fueron autorizados por Donald Rumsfeld en diciembre de 2002.
De ese pasado tenebroso se hacía también eco la agencia Associated Press: el 13 de diciembre publicaba la confirmación, por Naciones Unidas, de que las fosas de Dasht y Leili, situadas al norte de Afganistán, en las que fueron enterrados unos 2.000 presos talibanes asesinados en noviembre de 2001 por tropas aliadas de Estados Unidos, habían sido vaciadas y removidas. La asociación Physicians for Human Rights, de Boston, que denunció la existencia de las fosas el año 2002 y realizó allí autopsias, había informado en julio que el vaciamiento ha sido llevado a cabo por profesionales y con maquinaria pesada. Según Associated Press, existen otras 84 grandes fosas colectivas similares en Afganistán, pero la ONU no tiene capacidad para preservarlas.
Sin remontarse a un pasado reciente, el periodista Robert Fisk, que acaba de visitar la zona, ha recordado, en las páginas de The Independent, que “hemos olvidado las prisiones secretas de la CIA. En Afganistán, una fuente que jamás se ha equivocado, me informa que existen al menos veinte de estos centros de tortura funcionando hoy en el país, y seis de ellos están en la provincia de Zabul”.
Un dirigente tribal sintetizaba la situación: “Estamos bajo presión de las dos partes. Por un lado, los talibanes con la espada, y del otro, los norteamericanos con sus violentas incursiones nocturnas, las ejecuciones extrajudiciales, las torturas, los bombardeos aéreos. Cómo pretenden conseguir nuestro apoyo”.
Con relación a España, el profesor Mark Herold se hacía unas preguntas: ¿Por qué los medios de aquí presentan a la ciudadanía una imagen sesgada de la actividad de las tropas españolas en la provincia afgana de Badguís? ¿Por qué esta imagen proyecta una gestión más propia de un exótico Disneyworld (una tierra de sonrisas) o de un paraíso socialdemócrata, en vez de una cruda realidad de letal guerra multifacética en la cual España, como Alemania, tienen su papel en la contrainsurgencia, por ejemplo mediante los PRT o Equipos de Reconstrucción Provinciales? Mariano Rajoy señaló: “El señor Zapatero no dice que España esté en guerra y todo lo que dice es que está allí como si fuera una organización benéfica”.
Nuestro país asiste últimamente a una confusa serie de filtraciones periodísticas y declaraciones políticas sobre el trasiego de prisioneros para Guantánamo u otros centros de encarcelamientos y torturas a través de aeropuertos españoles, además del borrado y sustracciones de documentos oficiales. Lamentablemente, todo parece reducirse a situar los límites de la subordinación de España a los intereses, en este caso criminales, de Estados Unidos, entre la complicidad manifiesta del Partido Popular y el apoyo vergonzante del PSOE.
OPERACIÓN CENTINELA ÍNDICO O LA GUERRA CONTRA LOS PIRATAS
Aparte de Afganistán, una de las últimas intervenciones, aunque inicialmente no se tratara propiamente de una misión internacional, ha sido la “Operación Centinela Índico. Lo explica Carme Chacón: “El pasado 19 de septiembre, y ante la alarmante situación que se vive frente a las costas de Somalia, especialmente peligrosa para nuestras pesquerías, España decidió el envío de un contingente militar a Yibuti. Su misión consistía, y consiste, en colaborar con las acciones destinadas a luchar contra los actos de piratería y los actos de robo a mano armada en la zona, contribuir a proteger los intereses nacionales, y reforzar la seguridad de la navegación y la actividad marítima internacional en dicha área”.
La prosa añadida por Carme Chacon para explicar esa operación militar en las costas de Somalia aporta tonos de un rancio sabor colonial : “Un mar que comenzaba a conocerse como ‘el mar de los piratas’ y al que el tesón de Francia y España pretende devolver a sus ‘legítimos dueños’: las flotas pesqueras, los buques mercantes, los barcos que llevan ‘ayuda humanitaria a quienes más la necesitan’. Pero —añadió— no nos conformamos con rescatar a un puñado de marinos, o a éste o a aquél buque; queremos ‘rescatar a estos mares de los piratas y devolverlos a la vida y a la civilización”. Recuerdan viejas palabras propias de una sufragista británica de la era victoriana.
Hay otra explicación dada por los propios piratas: “Somos todos pescadores encolerizados. Somalia desapareció el año 1991 y nuestras aguas están llenas de pescadores extranjeros con redes enormes que ocupan todo el mar. Ahora nuestra pesca son los barcos extranjeros”.
Los piratas de las costas de Somalia no han surgido por generación espontánea en aquellas aguas. La destrucción del país ha sido sistemática desde hace más de veinte años. El desembarco norteamericano en la era Clinton se cerró con una presurosa desbandada tras la matanza que se narra en la película “Black Hawk derribado”.
Hace dos años, Somalia fue ocupada por tropas etíopes. La victoria del ejército etíope fue respaldada por bombardeos de la aviación y de barcos norteamericanos y el silencio cómplice de los gobiernos europeos. Se trataba de impedir el fundamentalismo de la Unión de Tribunales islámicos que había llegado a controlar el país y de apoyar la guerra contra el terrorismo de George Bush. En diciembre de 2006, los etíopes ocupaban Mogadiscio e instalaban un gobierno títere.
Somalia ha vivido un estado de guerra permanente y feroz en medio del silencio informativo occidental. Finalmente, pese al apoyo norteamericano, las tropas etíopes habrán abandonado el país el 1 de enero de 2009 y el gobierno títere instalado se reduce hoy a un barrio de Mogadiscio y un pequeño territorio fronterizo con Etiopía. Los tribunales islámicos controlan el sur del país y están instalados a catorce kilómetros de la capital, que casi ocupan ya.
En esos años de desgobierno y con una identidad nacional vacilante, se reproducía en el norte y noreste del país un fenómeno ya viejo en la historia, desde Alejandro Magno y el Imperio Romano hasta el Británico: la piratería. Desde lecturas románticas a denuncias por una criminalidad odiosa, la piratería tiene actualmente mucho de un fenómeno capitalista incipiente, de creación y desarrollo de un mercado expropiador y ferozmente competitivo. Pero se trata de un liberalismo económico absolutamente inaceptable para los intereses del actual mercado mundial globalizado.
Desde el inicio de la operación española “Centinela Índico”, en septiembre, los acontecimientos se han ido precipitando en las aguas del Cuerno de Africa:
El Consejo de la OTAN celebrado el 8 de octubre en Budapest aprobaba un mandato específico para que las agrupaciones navales permanentes de la Alianza prestasen asistencia frente a los actos de piratería, en el marco de un encuentro alcanzado entre la ONU y la organización atlántica.
El 10 de noviembre, la Unión Europea aprobaba en Bruselas la creación de una fuerza aeronaval para combatir a los piratas de Somalia y proteger a los buques que navegan frente a sus costas. Los buques europeos patrullarán a 500 millas de la costa y actuarán en coordinación con los de la OTAN. En el cumplimiento de estas tareas, los militares europeos estarán autorizados a hacer “uso de la fuerza para poner fin a los actos de piratería o robos a mano armada” y podrán ejercer “la disuasión, prevención y represión” de dichos actos. Será la primera operación aeronaval de la UE.
Sólo un mes más tarde, el 8 de diciembre, se ponía en marcha, con el nombre de “Operación Atalanta”. Bajo el mando del vicealmirante británico Philip Jones, intervienen buques de Inglaterra, Francia, Alemania, España, Italia, Grecia, Holanda, y Bélgica. Una operación precipitada. No se han clarificado los mecanismo legales para las misiones de inspección, captura y la entrega a tribunales de los piratas capturados. Tampoco están resueltas las relaciones con otros barcos de patrullaje en la zona de Rusia, India y otros países como Irán y China, ni siquiera la extensión de la zona a patrullar.
Al gobierno saliente de Estados Unidos, el despliegue bélico europeo le resulta insuficiente. Tras una serie de reuniones previas, el 11 de diciembre, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobaba por unanimidad la resolución 1861, presentada por el embajador norteamericano, acompañado por la propia Condoleezza Rice, por el que se permite la intervención militar contra los piratas no sólo en el mar sino en tierra, con todas las medidas necesarias, lo que incluye la posibilidad de bombardeos.
DARFUR, VIGILANDO LA PAZ DEL PETRÓLEO
En el verano de 2007, el gobierno español parecía dispuesto a prestar apoyo a una fuerza de paz de la Unión Europea en el este de Chad para “proteger a los refugiados de Darfur”, pero también para vigilar más de cerca a Sudán y sus yacimientos de petróleo.
Lo haría con un año de retraso: el 29 de mayo de 2008 se solicitaba el permiso a la Comisión de Defensa del Congreso para el envío de 100 militares y dos aviones de transporte medio C-295 a Chad. Según Moratinos, “la participación de las Fuerzas Armadas de España en el exterior responde al convencimiento y a la asunción de la responsabilidad que conlleva nuestra posición en el mundo y a la obligación moral de trasladar la seguridad y un mínimo de calidad de vida a zonas donde éstas no existen”. Aprobado el envío con la abstención de Esquerra Republicana de Catalunya-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, al día siguiente lo aprobaría el Consejo de Ministros.
Los retrasos fueron también europeos y confusos. En una síntesis apretada, el sangriento y complejo conflicto de Darfur se basó, en sus orígenes, en endémicos enfrentamientos entre poblaciones ganaderas y agrícolas, entremezcladas con cuestiones tribales y presiones políticas respaldadas por los regímenes de Sudán y Chad. En el año 2002, aquella guerra saltó a los grandes medios de comunicación occidentales y al florecimiento de ONGs partidarias de una intervención humanitaria. La existencia de petróleo en Sudán y los acuerdos del gobierno sudanés con China para su explotación, en perjuicio de empresas occidentales, agravó la situación.
Un proyecto de envío de tropas de pacificación de la ONU chocó con el gobierno sudanés, que aceptaba su despliegue en el país siempre que no fuesen soldados europeos o de Estados Unidos, visto lo que estaba sucediendo en Iraq y Afganistán. Aquellos deseos occidentales de intervenir humanitariamente se plasmaron en un proyecto de envío de tropas europeas a las fronteras de Darfur con Chad, Eufor Chad/RCA, aprovechando las estrechas relaciones de Francia con el dictador chadiano Idriss Deby. El despliegue de la Eufor, decidido en agosto de 2007, se planificó para la primera mitad de diciembre.
Un acontecimiento imprevisto obligó a retrasar el despliegue. La ONG francesa Arca de Zoé intentó secuestrar a unos 200 niños chadianos alegando que eran huérfanos de Darfur. Detenidos en Yamena, aquello desencadenó un escándalo internacional y un clima antioccidental en la zona.
Por segunda vez, el 28 de enero de 2008, la Unión Europea iniciaba la operación Eufor Chad/RCA para desplegar una fuerza militar de apoyo a las acciones humanitarias y policiales de la misión de Naciones Unidas en Chad y la República Centroafricana (Minustar). Tres días después se abortaba aquel segundo intento de despliegue ante los enfrentamientos de fuerzas rebeldes chadianas contra el dictador y que sólo se resolvieron a favor de Idriss Deby por el apoyo de tropas francesas.
Pese a ello y a las críticas contra la operación Eufor Chad/RCA, a mediados de marzo ya estaban desplegados la mitad de los efectivos entre Yamena y la frontera con Sudán. España lo haría a partir de junio.
Todo ese confuso proceso de intervención militar europea se estaba desarrollando paralelamente a planes de Estados Unidos para una presencia militar más activa en el continente africano. En febrero de 2007, la Casa Blanca anunció la formación de un VIII Cuerpo de Ejército, el Comando Africano de EEUU (AFRICOM), presentando como una “protección humanitaria en la guerra global contra el terrorismo”, con presencia en los países del continente excepto Egipto. Las razones apuntarían más a la preocupación por los intereses petroleros occidentales en África y por la contención de la creciente presencia comercial china.
Uno tras otro, la mayoría de los gobiernos africanos consultados para una posible instalación del Comando en sus países se opusieron. Ante ese rechazo africano, se especuló con la posibilidad de su ubicación en la base aeronaval de Rota, aunque, según El País, “Si se confirma el deseo de Washington de ampliar sus actividades en Rota, “el Gobierno español debería primero medir el impacto político, para España en África, de la utilización de esa base por Africom y, si acepta, pedir algo a cambio”.
Hasta hace pocas semanas, su base permanente había sido Stuttgart, en Alemania y, a partir del 11 de diciembre, se ha instalado en Italia, en Vicenza y Nápoles.
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