Angeles Maestro
Ante la crisis económica, que va a reducir sustancialmente los ingresos de las arcas públicas, arrecian las voces urgiendo la introducción del copago de los enfermos por la utilización de los servicios sanitarios y aumentar la aportación por los medicamentos. En la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud celebrada en pasado mes de septiembre en Zaragoza, la propuesta lanzada por la Consejera de Sanidad de Cataluña –Marina Geli– fue calurosamente respaldada por los Consejeros de Asturias, Madrid y Comunidad Autónoma Vasca.
La iniciativa pretende que se introduzca el abono de un porcentaje del precio de los medicamentos por parte de los pensionistas, para posteriormente requerir el pago de un ticket moderador al conjunto de los enfermos para acceder a consultas, urgencias, hospitalización… [1]. El objetivo que declaran es contener el gasto farmacéutico, que supone ya el 25% del gasto sanitario público total, y el uso abusivo o injustificado de urgencias, consultas, etc.
A ellos se ha sumado recientemente el ex Ministro de Sanidad del PSOE Julián García Vargas. Él fue quien encargó, en 1991, a Abril Martorell el tristemente famoso Informe sobre la Reforma del Sistema Nacional de Salud, que fue retirado ante la amenaza de huelga general contra parecidas recomendaciones y de huelga de hambre por parte de las Federaciones de Pensionistas de CC.OO. y UGT.
García Vargas opina que “sería bueno llevarlo [el copago] al Consejo Interterritorial, seguro que allí se sumarían varias Comunidades autónomas, y a partir de ahí se iniciaría el camino”. Afirma que la introducción del copago “es algo educativo y bueno para todos” y que hay “un exceso de uso de urgencias, un exceso de recetas de pensionista, etc.”[2].
Otras voces, aun partidarias del copago, alertan de la inconveniencia de introducirlo en un momento en el que a la carestía generalizada se suman los despidos masivos, y sobre todo, el recuerdo todavía caliente de la inyección masiva de dinero público a los bancos en peligro por su insaciable especulación financiera.
Las consideraciones de los consejeros y el ex ministro son las mismas que hace 17 años hacía el Informe Abril Martorell: la cuantía del copago no sería la misma para los ricos que para los pobres, para los primeros sería una cantidad simbólica. Habría que preguntar, para el cálculo de la diferente aportación, ¿se establecería un carné diferenciado para ricos y pobres? o bien, ¿se introduciría una burocracia imposible de gestionar para el cálculo proporcional de la cuantía del copago? Por otra parte, ¿qué se entiende por aportación simbólica? Es evidente que pueden mediar abismos entre lo que considere como tal un banquero, y quienes perciben la pensión mínima o el salario de integración.
La experiencia de introducir tickets moderadores muy bajos (menos de 2 euros) ya se ha realizado en otros países, como Canadá, y ha tenido efectos demoledores: se reduce drásticamente el uso de servicio sanitarios o medicamentos para el 20% más pobre de la población, para quien esa cantidad es relativamente importante, independientemente de la gravedad de su padecimiento.
Tanto el gasto farmacéutico injustificado o como la sobrecarga de las urgencias tiene razones múltiples, bien conocidas, entre las que destaca el déficit de personal sanitario, la consiguiente masificación de las consultas de atención primaria, sobre las que también recaen demandas sociosanitarias, de salud mental, y las consecuencias de la práctica inexistencia de la medicina preventiva que, a falta de otros recursos, se “resuelven” con recetas. Las propuestas deben ir dirigidas al aumento y la racionalización de los recursos sanitarios públicos, que redundaría a medio plazo en una reducción del gasto, además de lo que es más importante: la mejora de la salud de la población y de la calidad de la atención.
EL BENEFICIO PRIVADO, ENEMIGO DE LA UNIVERSALIDAD DE LA ASISTENCIA SANITARIA
Si no se abordan este tipo de medidas es porque la estrategia privatizadora está bien arraigada y los tiros, evidentemente, van en otra dirección. Dado que el beneficio privado es incompatible con la universalidad de la asistencia sanitaria, el copago permite la exclusión del sistema -cínicamente se podría calificar de autoexclusión, de disminución de la demanda- de los mayores, enfermos crónicos y pobres en general.
El negocio quedaría así garantizado en un sector en el que el 80% del gasto sanitario es consumido por el 20% de la población de más edad, enfermos crónicos y personas con escasos recursos. Como las mutuas patronales y las aseguradoras privadas saben bien, el beneficio está garantizado si se prescinde de estos sectores. Por el contrario, la valoración de este asunto desde principios irrenunciables de equidad, salud y servicio público sólo puede ser la siguiente:
- No se puede aceptar ningún tipo de pago para el acceso a servicios sanitarios, ni ningún aumento en la aportación del paciente a los medicamentos, ni de activos, ni de pensionistas, que sólo contribuiría a disuadir de su uso a quienes, como consecuencia del paro, la precariedad y las bajas pensiones, ven caer en picado sus condiciones de vida y aumentar sus necesidades de salud.
- El servicio sanitario público debe ser gratuito en el momento de uso. Los trabajadores y trabajadoras somos quienes sufragamos sus gastos con las importantes deducciones de nuestras nóminas en concepto de Seguridad Social e IRPF. Son los impuestos directos, los que gravan la riqueza y los que cada vez se reducen más, los que deben establecer diferencias en las aportaciones a las finanzas públicas.
- El copago, que no obedece tanto a objetivos recaudatorios como, sobre todo, a quitarse de en medio a los grupos sociales que obstaculizan al negocio privado en sanidad, distorsiona y pervierte la esencia del funcionamiento de los servicios sanitarios. Precisamente la actuación integral sobre los sectores de población más desprotegidos y con menos recursos constituye, no solamente desde criterios de justicia social, sino desde el punto de vista estrictamente técnico, la prioridad en cualquier planificación sanitaria.
Son muy poderosos los intereses económicos que sustentan estas propuestas y es muy amplio el espectro político que las apoya por ahora: PP, PSOE y PNV; el mismo que junto a Coalición Canaria y a CiU votó a favor de la Ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestión, que permite la entrada masiva de la empresa privada en la gestión de los servicios sanitarios.
Sin duda, si aún no se han atrevido a generalizarla [3] es porque temen el coste político de la importante respuesta social. Y esa respuesta, la de los trabajadores de la sanidad, de todos los demás sectores, y jubilados y pensionistas debe ser clara y contundente, esta vez sí, “disuasoria”.
Notas
[1] La noticia completa puede verse en http://www.lavanguardia.es/lv24h/20081024/53565886996.html
[2] Entrevista realizada por Sanifax, 28 de octubre de 2008
[3] En los hospitales de gestión privada del País Valenciano ya se ha introducido el pago de 10 euros diarios durante el ingreso.
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