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¿Golpe de estado de los mercados? PDF Imprimir E-Mail

Francisco García Cediel

  La libertad es un estado de gracia y
solo se es libre mientras se lucha por ella.
- Luis Sepúlveda “La sombra de lo que fuimos”


  Escuché dicha tesis de boca de un compañero con quien compartí mesa en un acto sobre la represión en la Universidad Carlos III en Leganés; según formulaba, en la llamada transición se llegó a un pacto en el que unos cedían en algunos aspectos (mantenimiento de la monarquía, unidad de España, propiedad privada, etc…) a cambio de garantizar para la población unos derechos tales como trabajo, vivienda, sanidad y educación públicas… Tal como concluía, las medidas adoptadas a raíz de la crisis económica suponían un golpe de estado contra dichos derechos sociales, constitucionalmente instaurados, por parte de los mercados (léase Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y Banco Central Europeo).
  He de reconocer que la tesis es sugerente, el único problema es que no es real. Tal lectura de los sucesos acaecidos a finales de los años 70 y principios de los 80 del pasado siglo parece extraída de cierto programa pseudohistórico presentado por la inefable Victoria Prego, destinado a falsear la historia para embellecer lo que fue una traición de la mayoría de organizaciones de la oposición política y sindical a los anhelos del pueblo, consagrando un régimen que, con un barniz democratizador, mantuvo en lo sustancial los privilegios que grandes empresarios y jerarquía de la iglesia católica ostentaban desde un golpe de estado (este sí, real), iniciado el 18 de julio de 1936, a cambio de una participación en el pastel para sus dirigentes.
  Y dicha versión oculta la realidad de una generación de gentes luchadoras que intentaron resistir dicho ominoso pacto y fueron derrotados por una hábil combinación de represión (más de 100 muertos), y heroína (introducida por el poder para diezmar a la juventud rebelde), aderezada por unas importantes dosis de falseamiento mediático, destinado a embellecer claudicaciones y complicidades.
  Además, tal ensoñación no aclara como encaja en el guión elementos como la entrada en la OTAN, la llamada reconversión industrial, la guerra sucia y el mantenimiento sistemático de la tortura que son elementos que se han producido y sucedido durante estos años de supuesta democracia, y si son elementos incluidos en dicho “pacto transicional”.
  Quienes en estos tiempos han sustentado y llamado a movilizarse contra ese supuesto “golpe de estado de los mercados”, tienen en el mejor de los casos la ingenuidad de Rousseau, en cuanto evocan al contrato social, pero carecen de la radicalidad de Locke, que abogaba sin ambages por el legítimo derecho a la resistencia frente a la tiranía. Sostener que los mercados han irrumpido a caballo en el Congreso para acabar con la soberanía popular supone, en pura teoría liberal, llamar al levantamiento popular contra la asonada, algo que no se ha convocado.
  Doblemente ingenuo es sostener que el hecho de que existan una serie de artículos en la Constitución que consagran derechos tales como al trabajo, a una vivienda digna, a la sanidad y la educación, formulados estos últimos bajo el epígrafe “de los principios rectores de la política social y económica”, pasen de ser meros elementos cosméticos  como la realidad se encarga machaconamente de demostrar. En caso contrario, bastaría con presentarse en una ventanilla de la administración alegando que no se tiene trabajo o vivienda para que se saliera de la oficina correspondiente con un contrato de trabajo o con las llaves de un piso.
  El debate contemporáneo sobre los llamados derechos económicos y sociales viene refrendar lo relativo de dichos principios rectores: Así, ya en la 183 Sesión Plenaria de la ONU, celebrada el 10 de diciembre de 1948 en París, cuando se estaba debatiendo sobre la que luego fue la Declaración Universal de Derechos Humanos, las delegaciones de la Unión Soviética y Yugoslavia, entre otras, postularon sin éxito que se debía incluir una declaración paralela de derechos sociales y de los pueblos, y que se debía articular mecanismos para lograr la efectividad de dichos derechos.   
  La versión propagandística emitida por los estados que se negaron a avanzar en ese sentido consistió en rechazar tales propuestas argumentando que quienes las proponían no querían suscribir un tratado que consagraba las libertades individuales. Ya se sabe que para la ideología burguesa libertad equivale a libertad de mercado (es decir, libertad de explotación de seres humanos), de tal modo que es democrática una sociedad que defiende el libre mercado, aunque tenga las cárceles repletas de disidentes y las barriadas llenas de indigentes, y, por el contrario, es antidemocrático el país que cuestione o limite el principio de la libre empresa, por más que tengan importantes avances en materia de educación, sanidad, pleno empleo, etc.
  La posterior suscripción por una serie de estados del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Nueva York, 19 de diciembre de 1966), no alteró lo relativo de la virtualidad práctica de los derechos sociales que proclamaba dicho Tratado, ya que tan solo comprometía a los estados a “adoptar medidas”, para la efectividad de los mismos (art. 2.1), condicionado a “los recursos que dispusieran”. El problema es, por tanto,  que no existe juez ni gendarme que pueda obligar a un estado a garantizar con plenitud dichos derechos, ni tan siquiera a concretar que prioridades deben seguirse a la hora de distribuir los recursos disponibles por un estado a favor de dichos derechos sociales en detrimento, por ejemplo, de los gastos militares.
  Algo similar ocurre en este estado, en el que los gobiernos; el actual, el anterior y el de Andalucía responden recortando derechos y prestaciones al pueblo trabajador atendiendo a la “lógica de los mercados”, que se impone como consecuencia de la crisis productiva que padecemos, sin que por ello tengamos que aludir a un supuesto “golpe de estado”, ya que el dominio de éstos no estaba en peligro y porque, además, en épocas pretéritas de relativa bonanza económica las decisiones políticas que se adoptaron contra la clase trabajadora, como el recorte del desempleo o la reconversión industrial, también atendía a la lógica de los mercados (integración en la Unión Europea, división internacional del trabajo…)
  Pero yendo aun más allá,  la expresión “mercado” no deja de ser un eufemismo que contribuye a crear confusión por cuanto tiene algo de misterio teológico; los designios del señor “mercado” son inescrutables, parecen decir muchos medios de comunicación. ¿Por que no hablamos de mercaderes, o de burgueses, o de capitalistas? Estas expresiones son más claras porque aluden a personas concretas que son las que están tras las decisiones que afectan a nuestras vidas. Es muy socorrido para estas personas envolverse en una cortina de humo llamada mercado, como si fuera un enigmático mecanismo de la naturaleza que rige nuestra existencia.
Identificar a las cosas y a las personas por su nombre o categoría contribuye, por el contrario, a  arrojar claridad. Saber quien te oprime es un primer paso para liberarte, tal vez no suficiente, pero si necesario.
  Incoherente es postular simultáneamente que ha habido un golpe de estado de los mercados pero que la liberación frente a la tiranía pasa por un proceso electoral, que es lo último que se escucha por estos lares. ¿Un proceso electoral en una dictadora puede acabar con el golpismo en el poder? Parece que de nuevo volvemos a la combinación entre la ingenuidad de quien recibe el mensaje y la intención de quien lo emite, cuando la experiencia individual y colectiva de cada cual demuestra que las elecciones no han cambiado sustancialmente la política económica que se aplica en un determinado periodo, ni en este estado ni en otros.
  Aún a riesgo de ser tachado de antiguo u ortodoxo, veo oportuno ahora citar a Lenin, que en su texto “Acerca del Estado”, señala “Cualquiera que sean las formas con las que se encubra la república, aunque se trate de la república más democrática, si es burguesa, si en ella continua existiendo la propiedad privada sobre la tierra y las fábricas y si el capital privado mantiene en la esclavitud asalariada a toda la sociedad… tal estado es una máquina destinada a la opresión de unos por otros”.
  A  mi juicio, tal afirmación resume con mucha mayor claridad lo que está pasando aquí y ahora, a pesar de que fue escrita hace 100 años, que las originales tesis señaladas en este artículo, que aluden a una misteriosa conspiración golpista.
  La realización cabal y en plenitud de los derechos sociales, en definitiva de los derechos del pueblo, pasa por articular organismos populares para su defensa, y mecanismos que partiendo de la realidad contribuyan a la superación de un sistema social en el que los mercados, si se me permite la licencia literaria, ejercen su poder mediante un permanente golpe de estado.

 
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