La Transición, pacto entre las cúpulas partidarias y el franquismo que necesitaba legitimarse para pasar indemne la aduana de la memoria histórica, conservar el botín de sus depredaciones y seguir ostentando el Poder, se resolvió en una repetición de la Restauración canovista de 1876. La monarquía borbónica expulsada en dos ocasiones por el pueblo español, fue la repuesta manu militari en ambas ocasiones.
El pacto que selló la operación fue una constitución redactada con el trágala previo de la monarquía franquista y su sucesión predeterminada. Todo se realizó bajo la tutela y amenazas más que veladas del ejército creado por el dictador. Desde la derecha y también desde la izquierda que sustituyó una estrategia de cambio democrático por otra de reforma cosmética, se proclamó la supuesta grandeza de una operación política que había sabido pasar del franquismo a la Democracia sin trauma ni riesgo alguno.
La Constitución de 1978, en absoluto redactada por unas Cortes Constituyentes, obvió el acuerdo solemne de la última legitimidad, las Cortes de la República que, el 21 de noviembre de 1931, declararon fuera de ley al que fue Rey de España a la vez que inhabilitaban para siempre a sus sucesores para reinar.
Dicha Constitución contiene artículos contradictorios entre sí, ambiguos, poco claros y otros directamente copiados de los textos franquistas. Treinta años después, es un documento incumplido en partes importantes y apenas puede velar una situación de corrupción extendida, justicia degradada, democracia demediada y ausencia de moral pública en la vida política y económica.
La monarquía de 1978 es, por naturaleza y origen, incapaz de romper completamente sus ataduras con el Régimen anterior. En consecuencia, la Constitución de 1978 no puede restituir verdaderamente los principios de la Constitución republicana de 1931 ni la Dignidad de quienes la defendieron aun a costa de su propia vida.
Si alguna vez se necesitó una regeneración de las virtudes cívicas -Honradez, Dignidad, Ética, Honestidad, Solidaridad...- en el funcionamiento de las relaciones entre la Administración y la ciudadanía, es ésta en la que iniciamos el siglo XXI con muchas de las lacras y taras del XIX.
Regenerar la vida política, democratizar su ejercicio, garantizar los Derechos, ejercer los Deberes, establecer un marco de valores que cohesionen en torno a ellos a la ciudadanía, no puede hacerse si no es mediante un Acuerdo colectivo; un Pacto que instituya una situación voluntaria y democráticamente asumida por la gran mayoría. Y ese Pacto no puede ser otro que la creación colectiva de la III República Española.
El camino hacia la III República nunca se ha abandonado. En los últimos años, con el impulso de los movimientos sociales republicanos, y en particular, de los comprometidos en la Recuperación de la Memoria Histórica, éste es mucho más visible. Por eso la reivindicación republicana no puede quedarse sólo en una cuestión de imprescindible Justicia Histórica. Hay que ir más allá. Avanzar y vincular los valores republicanos a su capacidad para resolver los actuales problemas de España.
La III República establecerá el nexo con la legitimidad usurpada por la dictadura y deberá contener, tanto en su Constitución como en el Proceso que a ella conduce, las garantías que sirvan para afrontar y resolver los problemas de los ciudadanos, el Estado y la construcción europea.
Los Derechos Humanos según el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas de diciembre de 1966 en sus tres generaciones, la política de Paz, consecuentemente asumida tanto en política nacional como internacional, la laicidad del Estado republicano y su separación de todas las confesiones religiosas, la Democracia Radical en el ejercicio de la actividad política y en todos los órdenes de la vida ciudadana, la Ética en todas las manifestaciones y relaciones de la vida pública, unida a la transparencia de todos los organismos, entidades e instituciones que la sirven, son fundamentos incuestionables de la República que debemos comenzar a Construir. Una Instrucción Pública que, creando ciudadanía, se adapte a las necesidades de los nuevos tiempos con la misma eficacia que desarrolló la II República.
Y esta nueva República sólo es posible en el ámbito de una España Federal que apreste su concurso, esfuerzo y participación para conseguir, a su vez, una Europa políticamente unida por lazos federales.
Promotores:
Ramón Serrano Balasch; Miguel Jordá Tarragó; Julio Anguita González.
Primeros firmantes.-
Entre otros, Agustín Moreno, Almudena Grandes, Amadeo Martínez Inglés, Andrés Sorel, Antonina Rodrigo García, Armando López Salinas, Belén Gopegui, Carlos Álvarez, Carlos Paris, José Esteban, José Luis Martín Médem, José Luis Pitarch, José Manuel Caballero Bonald, José Mª Coronas Salcedo, Juan Ramón Capella, Juan Ramón Sanz, Julio Diamante, Lidia Falcón, Luis García Montero, Manuel Revuelta, Marcelino Camacho, Marcos Ana, Mirta Núñez Díaz-Balart, Pedro Caba Martín, Vicente Romano y Víctor Díaz-Cardiel
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