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UNA DEUDA IMPOSIBLE DE PAGAR (Nº64) PDF Imprimir E-Mail

Rafael Gómez Parrarafa_gomez_parra.jpg

   La deuda española ha superado ya lo 930.000 millones (el 87% del Producto Interior Bruto). Prácticamente  se ha duplicado desde el comienzo de la crisis en 2008, cuando apenas llegaba a los 500.000 millones de euros, poniendo de manifiesto que las políticas de recortes llevadas a cabo primero por Zapatero (PSOE) y luego por Rajoy (PP) han sido un completo fracaso: han hundido la economía, han aumentado el déficit público y han lanzado al paro  a casi seis millones de personas.
  En concreto, los recortes del Gobierno de Rajoy han provocado un millón y medio de parados más y casi 130.000 euros de aumento de la deuda. Todo un récord. El empeño de los gobernantes españoles de mantener el pago de la deuda por encima de todo ha hundido al país cuando la mayoría de los expertos saben que se trata de una deuda impagable y que además en casi una tercera parte puede considerarse como ilegal por provenir del robo al Estado público por parte de las grandes empresas –especialmente bancos y constructoras- partidos políticos, patronal y sindicatos y el llamado “rescate” a la banca por el estallido de la burbuja inmobiliaria.
  Solo la “quita” de esa tercera parte de la deuda –como hizo Argentina en su momento y otros países latinoamericanos- podría dar un poco e oxígeno al Estado para insuflar créditos a las pequeñas y medianas empresas que son las que dan trabajo. Los capitalistas españoles hace tiempo que no invierten su dinero en España, prefieren los paraísos fiscales , el juego de la bolsa o la usura.
  republica_cantabria.jpgLos llamados grandes empresarios españoles se han dedicado en los últimos treinta años, desde la llamada reestructuración industrial –que acabó con gran parte del sector productivo: astilleros, altos hornos, minería, etc- no han invertido ni un euro en crear riqueza, se han limitado a conseguir adjudicaciones del Estado para obra pública –especialmente en construcción de carreteras y trenes de alta velocidad, curiosamente en beneficio de la industria alemana- autopistas de peaje, canales de televisión, telefonía móvil, y cuando se vino abajo el negocio inmobiliario, van a por la Sanidad y las Pensiones, los dos últimos nichos donde está el dinero público.
  Lo que quieren los capitalistas españoles no es construir hospitales privados o crear empresas de pensiones privadas. Ya lo intentaron hace más de dos décadas y fue un rotundo fracaso porque en España hay muy poca gente que pueda gastarse el dinero en pagarse operaciones millonarias o poner sus pequeños ahorros en seguros privados. Lo que quieren es que les den los presupuestos de Sanidad y las arcas de la seguridad Social para manejarlos ellos. Allí es donde está el verdadero botín.
  Un ejemplo concreto: un trabajador que hubiera invertido sus cuotas de la Seguridad Social en un seguro privado durante 35 años recibiría al llegar a su jubilación, en el mejor de los casos, lo mismo que habría invertido, que es lo correspondiente a una pensión media de unos 900 euros mensuales, pero solo durante diez años, es decir que si viviese más allá de los 75-80 años se quedaría sin ingreso. Si además, le ocurre como al ex presidente socialista de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, que recibió 80.000 euros de su fondo privado y lo invirtió en preferentes de Bankia, podría considerarse ya un pobre. Sólo gracias a la pensión pública máxima que cobra Leguina, por haber tenido un cargo político, hace posible que pueda dedicarse a su hobby favorito: escribir novelas.
  En el caso de la Sanidad Pública, fue Esperanza Aguirre la primera que dio entrada a las grandes constructoras al negocio. El caramelo para la opinión pública fueron los doce hospitales que abrió en dos legislaturas. Lo que se calló es  que aparte de tener que pagar un canon imposible durante treinta años a esas empresas, éstas estuvieron a punto de “hacer saltar la caja” de la Comunidad de Madrid cuando, una vez construidos los centros hospitalarios, exigieron al Gobierno madrileño dos mil millones de euros más bajo la amenaza de cerrarlos. Aguirre tuvo que aceptar el chantaje, que realmente ya sabía que se iba a producir ya que la práctica habitual de las grandes constructoras consiste en negociar las adjudicaciones de obras públicas a la baja y cuando están a medio hacer elevar el presupuesto. Uno tras otro, los Gobiernos del PP, PSOE, CiU o PNV, han entrado en ese juego, a cambio de las comisiones ilegales que luego llegaban a los respectivos partidos.
  Otro gran negocio de este asalto a lo Público es el de la Enseñanza. Los primeros impulsos a favor de los colegios y las Universidades públicas se agotó rápidamente, especialmente en las enseñanzas primarias y secundarias, cuando Felipe González firmó los pactos con el Vaticano para traspasar a la Enseñanza Católico gran parte del presupuesto público, que también ha permitido a las Universidades Católicas desarrollarse muy por encima de sus auténticas posibilidades, ofreciendo a los hijos de la alta burguesía unos espacios exclusivos donde aprobar lejos del resto de los estudiantes. En cambio, las Universidades privadas –lo mismo que los hospitales de capital privado- montadas por empresarios que intentaban competir se limitan a tratar de vivir dando cobijo a los alumnos que no consiguen pasar las notas medias de las públicas.
   Otro ejemplo de este asalto a los Presupuestos del Estado fue el de las autopistas de peaje, que comenzaron siendo un negocio que consistía en que el Gobierno de turno concedía su adjudicación a una empresa que se comprometía a invertir el dinero necesario para su construcción a cambio de 20-30 o 40 años de concesión cobrando el correspondiente peaje. Salvo las autopistas de Barcelona, Madrid, Santiago de Compostela o Bilbao, que fueron las primeras, las siguientes han sido un completo fracaso. La peor parte se lo llevaron las llamadas autopistas radiales de Madrid, cinco en total, construidas por las cinco grandes constructoras, y que finalmente tras recibir todo tipo de ayudas del Estado y aumento de los años de concesión, han entrado en quiebra y han tenido que revertir al Estado.
 Es un buen negocio, en cambio, la autopista de “peaje en la sombra” que diseñó Alberto Ruiz Gallardón cuando era presidente de la Comunidad de Madrid para hacer la llamada M-45. Y es negocio porque es el Estado, no lo conductores, el que paga a la concesionaria el peaje correspondiente por cada coche que pasa por ella. Así se las ponían a Fernando VII, a Franco para que pescase salmones o al Rey Juan Carlos para cazar osos borrachos.

 
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