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Pensiones sostenibles en un capitalismo insostenible (Nº 64) PDF Imprimir E-Mail

  Las oligarquías financieras y las transnacionales quieren  echar la red sobre los 7.000 millones de euros mensuales que paga el sistema de la Seguridad Social.

 Andreu García Ribera

      Asistimos a una guerra de clases decretada por las oligarquías capitalistas contra  los derechos de los trabajadores. Un despojo de derechos que carece de líneas rojas.
  La voracidad del capital por acaparar recursos es una ley inexorable en este período de crisis. Las reformas emprendidas sucesivamente por gobiernos del PSOE y del PP para favorecer el despido o para destruir la negociación colectiva son el comienzo de un descenso a los infiernos perfectamente calculado. Allí donde se mire hay emboscado un sicario económico de Lehman Brothers, de Goldman Sachs o buitres similares, dirigiendo la política económica de expolio social.
  pensin.jpgPuede llamarse Luis de Guindos, antiguo Presidente del quebrado banco de inversiones Lehman Brothers en España, o Mario Monti hombre de Goldman Sachs que disfrazado de “tecnócrata” gobernó Italia tras haber ejercido de comisario europeo, o Mario Draghi  actual presidente del Banco Central Europeo y vicepresidente de Goldman Sachs Internacional desde el 2.002 al 2.005. Todos pasan por expertos y sus mensajes deslavazados e inconexos pasan por dogmas de fe.
  Dentro de esta apariencia de oráculo científico incontestable, cabe situar el informe anual del Banco de España. Un informe que se funda en tres ejes que no tienen nada de ciencia y si mucho de ideología.
  En primer lugar consideran demasiado dilatados los plazos fijados para la entrada en vigor de la jubilación a los 67 años, que después de incrementos graduales cada año, esta previsto que sea plenamente efectiva el 2.027. También pide la aceleración de la implantación del período de cálculo de la pensión sobre los últimos 25 años de la vida laboral.
  En segundo lugar propone que se contrate “excepcionalmente” a trabajadores por debajo del salario mínimo (actualmente 645,30 euros al mes). Esto es, legalizar la esclavitud laboral y cargarse en la práctica la existencia de un salario mínimo interprofesional.  
  Por último, pide ¡cómo no! una revisión en profundidad del sector público. Léase privatizar todo aquello que pueda ser rentable, succionar la caja de las pensiones en beneficio de los fondos privados, alentando una campaña de miedo sobre el futuro de la seguridad social, como ya hicieron hace 20 años promoviendo a diestro y siniestro planes privados de pensiones. Luego la realidad fue muy distinta a lo publicitado por los bancos, las inversiones de los planes resultaron ruinosas en su mayoría y el capital ha quedado indisponible para los participes que no podrán rescatarlo hasta la fecha de una jubilación cada vez más tardía. Mientras tanto, desmintiendo las predicciones interesadas de los profetas bien pagados de la catástrofe del sistema público, desde 1.995 a 2010, la población cotizante a la seguridad social aumentó en 5 millones de afiliados.                          
  Esta retahíla de formulaciones ideológicas propias de un fascismo social aberrante, son calificadas por el Banco de España como “actuaciones muy potentes para la sostenibilidad de las finanzas públicas y crearían una gran certidumbre sobre la voluntad reformista”.   No cabe duda que se trata de actuaciones muy potentes, pero para generar incertidumbre y desesperación en millones de trabajadores.
  Lo más detestable es que los portavoces de estas proposiciones son Luis María Linde gobernador del Banco de España, quien entre junio y diciembre de 2012 cobró 81.320 euros y el subgobernador, Fernando Restoy quien en ese mismo semestre ingresó 89.550 euros. A sus antecesores en el cargo, tampoco les fue mal en el disfrute de los cargos públicos, Miguel Ángel Fernández Ordoñez percibió en el año 2.011 un salario bruto de 176.000 euros y el subgobernador, Javier Aríztegui, ganó 199.000 euros. Unos y otros, los primeros nombrados por el PP, los segundos por el PSOE, han repetido idénticas cantinelas a favor de los intereses empresariales y financieros más antisociales. 
  Lo más irritante de la historia es que mientras esta pandilla no ha cesado de verter consejos y recomendaciones a favor de la reforma laboral, del despido sin trabas y de las rebajas salariales, en su ámbito estricto de competencias toleraron la inmensa estafa de las preferentes y las subordinadas, que han esquilmado los ahorros de 700.000 personas.
  Un comité de “expertos” creado exprofeso para dotar de respetabilidad un anteproyecto de ley que no merece más que desprecio, ha dictaminado casi por unanimidad- con la digna excepción de un solo miembro y la abstención de otro-, que se acabó que las pensiones se revaloricen de acuerdo con la subida del índice de precios al consumo, dicen que hay que indexar las pensiones con la esperanza de vida y con la evolución del Producto Interior Bruto.
Indexar, curiosa palabreja para dotar de aura científica, una auténtica canallada. Si los pensionistas quieren mantener su poder adquisitivo han de morirse antes porque con la esperanza de vida actual no puede ser. A esto le llaman factor de estabilización, cuando se trata de un factor de desestabilización de la vida de millones de pensionistas y de muchos familiares que no tienen otro sustento que la pensión de sus padres o abuelos.
  Uno de los “sabios” que ha votado a favor del informe, es Miguel Ángel García, representante   de CC.OO en el comité de expertos y director del gabinete confederal de estudios del sindicato, amen de militante de la formación populista UP y D. Sólo ha planteado un matiz;  que “el factor de sostenibilidad” entre en vigor el año 2.019  en lugar del 2014. Es imposible que este sindicato, antaño de clase, pueda haber caído más bajo.
  No hay que dejarse engañar, la viabilidad del sistema público de pensiones no es una cuestión de fórmulas matemáticas como pretende el informe de los expertos, se trata de una decisión política y en la actual correlación de fuerzas quienes mandan son las oligarquías financieras y las transnacionales, quienes quieren  echar la red sobre los 7.000 millones de euros mensuales que paga el sistema de la seguridad social.
 El capitalismo al borde del colapso necesita para mantenerse a flote vampirizar todos los recursos y concentrar la riqueza en muy pocas manos. Este es el quid de la cuestión; un sistema social agónico precisa en sus últimas bocanadas esquilmar todos los derechos y conquistas del movimiento obrero, a la par que somete bajo la bota imperialista de la OTAN a todos los pueblos que no aceptan la sumisión sin condiciones a los planes geoestratégicos de los reducidos centros de poder económico.
  Sin duda, negras tormentas agitan los aires y nubes oscuras nos impiden ver el futuro. En tanto, los chamanes económicos del gobierno y sus acólitos, mes tras mes falsean u ocultan los dramáticos datos de la realidad. Llevan años prometiendo una recuperación que ni de lejos se atisba. Al contrario, tras años de brutales recortes sociales, desempleo galopante, reducciones salariales y generalización de la pobreza en amplias capas de la sociedad, la deuda especulativa se ha incrementado. Hoy se debe más que al comienzo de la crisis, los bancos han socializado sus pérdidas cargándolas sobre las espaldas de la población y a pesar de todas las privaciones en todos los terrenos, no se alcanza siquiera para pagar los intereses de la deuda.
  Hay que abandonar de una vez la falsa conciencia de la realidad que nos quieren imponer, arrumbar el síndrome de Estocolmo que nos hace odiar a los oprimidos y amar a nuestros opresores, como bien señalaba Malcom X respecto del papel de los medios de comunicación.
  El problema no es que las pensiones públicas sean insostenibles, quien es insostenible es el sistema social capitalista, o mejor dicho sólo se puede sostener sobre la base de una insoportable cadena de sufrimiento y privaciones de la mayoría de la población.
  La deuda es impagable, además de ilegítima en una gran medida. El rechazo al pago de la deuda debe ser un elemento esencial de cualquier programa mínimo de cambio social. Naturalmente el impago de la deuda exige la salida del euro y de las antidemocráticas instituciones de la Unión Europea, diseñadas para el enriquecimiento de una minoría parasitaria. Esas mismas elites bancarias que toman prestado dinero del Banco Central Europeo al 1% para comparar deuda pública al 6 o 7%. Deuda pública que luego ha de reintegrarse a los bancos, reduciendo salarios, prestaciones farmacéuticas, pensiones, sanidad o servicios sociales.
  Como decía Marx hay que expropiar a los expropiadores, es un acto de legítima defensa. Los partidos que desde la izquierda plantean una imposible reforma de la Unión Europea y moratorias en el estrangulamiento social, no hacen más que contribuir a que siga girando la noria de la explotación y la miseria para la mayoría en beneficio de unas minorías cada vez más reducidas e insaciables. 

 
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