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Golpe represivo contra el movimiento de derechos animales (Nº 59) PDF Imprimir E-Mail
ENEKO PÉREZ
 (Activista de Igualdad Animal e imputado en el proceso)

  Eran las siete de la mañana aproximadamente cuando ocho policías encapuchados vestidos de paisano y dos guardia civiles uniformados con metralletas se plantaron en mi casa con una orden de registro. No era el único, once compañeros más, activistas del movimiento de Derechos Animales en el que llevo involucrado más de una década corrían la misma suerte que yo. En un operativo sin precedentes, más de 200 policías se desplegaron en lo que viene a ser el primer golpe represivo al movimiento de Derechos Animales en el Estado español.
Los doce activistas pertenecíamos a las organizaciones Igualdad Animal y Equanimal, ambas conocidas por sus vistosas acciones (irrupciones, saltos a plazas de toros, sabotajes a la caza, descuelgues…) y por sus investigaciones en centros de explotación animal de las que se han hecho eco tanto medios estatales como internacionales.
Una parte de nuestro activismo se enmarca en lo que se conoce ya históricamente como Desobediencia Civil y nuestra forma de actuación siempre es a cara descubierta y pública. Cuando realizamos una investigación en un centro de explotación animal, tratamos de mantener temporalmente la máxima discreción para poder asegurar su realización, pero una vez acabada la hacemos pública con el fin de que la sociedad conozca lo que les ocurre a los animales en esos lugares donde los confinan de por vida.

DE QUÉ SE NOS ACUSA
  Se nos pretende responsabilizar de las liberaciones de miles de visones que ocurrieron en los años 2007 y 2009 en Galicia, algunas de ellas reivindicadas por el Frente de Liberación Animal. Para tal propósito se emplea en nuestra contra como supuestas “evidencias” dos investigaciones que llevamos a cabo Equanimal e Igualdad Animal respectivamente en casi la totalidad de las granjas de visones que se encuentran en la geografía estatal.
  Además, se nos responsabiliza de toda de una serie de acciones perpetradas de forma clandestina como sabotajes a infraestructuras de centros de explotación animal, así como de organización ilícita y amenazas.
Nuestra forma de hacer activismo, lejos de ser clandestina, es pública y conocida hasta tal punto que invitamos, siempre que tenemos la oportunidad, a periodistas que nos acompañan para asegurar la objetividad de aquello que denunciamos. Mostramos abiertamente quiénes somos y nos presentamos públicamente en las acciones e investigaciones que llevamos a cabo.
  Es cierto que en ocasiones algunos de nosotros hemos entrado sin permiso a en las granjas que han sido objeto de nuestras investigaciones; y por ello se nos acusa también de allanamiento de domicilio de persona jurídica. Sin embargo, si no hubiésemos traspasado esos muros, la realidad que padecen los animales seguiría siendo desconocida para la sociedad que no podría tomar decisiones informadas sobre su apoyo a esta industria, por lo que consideramos que hemos actuado con plena legitimidad.
Cuando leí el auto que ordenaba el registro tuve claro de qué iba esto. Estábamos siendo víctimas de un montaje (policial, judicial y mediático) cuyo objetivo no era otro que la criminalización de un movimiento que está poniendo en entredicho a los grandes poderes económicos que se lucran con la explotación de los animales. Para tal propósito, los autores de todo este montaje, se sirvieron de los medios de comunicación con el único fin de vender la gran mentira del “ecoterrorismo”.

MONTAJE POLICIAL, JUDICIAL Y MEDIÁTICO

  En Euskal Herria, a diferencia de lo sucedido en Madrid, Galicia o Asturias —los otros tres lugares donde tuvo lugar la redada—, fueron los GAR los que ejecutaron los registros. No es de extrañar que las únicas imágenes que se retransmitieron en los medios de comunicación fueran estas últimas, donde las redadas fueron más espectaculares y el despliegue era propio de lo que el Estado denomina “operaciones antiterroristas”.
  Tras los registros, los once activistas detenidos —otro se encontraba fuera de su domicilio en esos momentos por lo que no llegó a ser detenido— fuimos trasladados a Galicia en furgones policiales. Quiero destacar que en todo el trayecto fuimos esposados sin cinturón de seguridad encerrados en una especie de “jaula metálica”.
Pasamos junto al resto de compañeros tres días en los calabozos hasta que finalmente fuimos puestos a disposición judicial. Nueve compañeros fueron puestos en libertad provisional con cargos al cuarto día y para Eladio, para Olaia y para mí se ordenó la prisión preventiva. En la cárcel pasamos 19 días hasta que la Audiencia Provincial, gracias a un recurso que interpusimos, calificó de improcedente la decisión del juez Vázquez Taín al ordenar la prisión preventiva.
  Todo este proceso ha presentado serias irregularidades. No hemos podido estar presentes en todo el registro; el juez que instruye el caso ha obviado nuestra presunción de inocencia y nos ha acusado públicamente de ser los responsables de los hechos así como de ejercer el terror; la Audiencia Provincial ha declarado que nuestra puesta en prisión preventiva no estaba justificada; pocas horas después de los registros las imágenes de nuestras casas estaban siendo emitidas por los medios de comunicación violando así el secreto de sumario bajo el cual se encontraba nuestro proceso.
  Todo ha sido orquestado con un único objetivo: confeccionar una historia para generar “nuevos terroristas” y poder justificar cualquier maniobra policial y judicial contra nuestro movimiento. Para ello se sirven de registros espectaculares, detenciones en varios lugares del Estado, puesta en prisión preventiva de varios activistas y declaraciones del juez a los medios de comunicación llamándonos “ecoterroristas”.

¿ECOTERRORISMO?
  El término “ecoterrorismo” fue acuñado en 1982 por Ron Arnold, vicepresidente de un grupo de relaciones públicas financiado por las industrias de explotación animal. El término fue inventado para desacreditar a quienes atentan contra sus intereses comerciales. En una declaraciones al New York Times en 1991 decía: “Nosotros, el Centro para la Defensa de la Libre Empresa, hemos creado un sector de opinión pública donde antes no existía. Nuestro objetivo es destruir y erradicar el movimiento ecologista, estamos muy cansados. No vamos a aguantar más, vamos muy en serio y lo vamos a destruir.”
  Sus intenciones eran claras: el movimiento ecologista y el movimiento de Derechos Animales son un problema para las empresas que se lucran con la explotación de los animales y con la destrucción de la tierra y por ello hay que destruirlos. El uso del término “ecoterrorismo” viene a seguir el mismo patrón que el uso del término “terrorismo”: un cajón de sastre donde poder incluir a cualquier activista que suponga una amenaza para los poderes económicos y políticos.
Todo este golpe represivo forma parte de una agenda internacional dirigida a destruir al movimiento de Derechos Animales. Nuestro movimiento cuestiona la explotación de los animales y promueve el veganismo. Cada persona que deja de participar en la explotación animal afecta a la demanda y por tanto a las empresas que se lucran con la explotación y muerte de animales. No estoy hablando de una cantidad insignificante, solamente en los Estados Unidos el número de veganos ascienda ya a siete millones sin contar una cantidad aún mayor de personas que han decidido dejar de comer carne o dejado de usar pieles fruto de campañas pro-veganismo.
  La investigación en granjas peleteras llevada a cabo en Noruega por la organización Network for Animal Freedom, similar a las investigaciones que hemos realizado en Equanimal e Igualdad Animal, ha generado una situación que podría culminar en el cierre de todas esas granjas. La Organización Empresarial Española de Peletería (OEEP) forma parte de la Asociación Europea de Criadores de Pieles (EFBA) y es muy consciente de toda esta situación, por ello no es casual que hace dos meses escribiera un comunicado titulado “El sector peletero reclama medidas de sanción ante posibles ataques animalistas”, en el que pide a la Delegación del Gobierno que nos vigile:
  “Ante las situaciones de coacciones graves que se producen, impidiendo el ejercicio del derecho fundamental al trabajo, anteponiendo el ejercicio de la libertad de expresión, vengo a requerir de la Delegación una vigilancia y prevención de acciones que excedan de lo legítimo, instando de vosotros el amparo debido a una actividad empresarial absolutamente legal.”
Con esto alertaban del supuesto peligro que suponía la realización de una manifestación legal frente a una granja de visones en Madrid convocada por Igualdad Animal. Tienen miedo a que sus negocios sean mal vistos por la sociedad y van a hacer todo lo posible para acabar con nosotros.

LA AEPA Y LA AETA (Animal Enterprise Terrorism Act)

  En 1992 varias empresas estadounidenses relacionadas con la explotación animal se reunieron a modo de lobby con diferentes representantes políticos para crear una nueva ley, la AEPA, que convertía en delito cualquier práctica que interfiriese en las empresas de explotación animal, dando al juez libertad para interpretar qué es interferir y qué no lo es.
Bajo esta ley, y a falta de pruebas, seis activistas de SHAC, fueron condenados a seis años de cárcel por administrar una web. Años más tarde, en 2006, las empresas que propusieron la AEPA repitieron los mismos argumentos —defender sus negocios de los ataques violentos perpetrados por los defensores de los animales— alegando que la AEPA no era suficiente con el objetivo de crear una ley aún más dura: la AETA (Animal Enterprise Terrorism Act). Esta nueva ley define con más exactitud qué es una “industria animal”, pudiendo cubrir más acciones de los activistas a empresas relacionadas con el negocio. Si “industria animal” es cualquier negocio relacionado con la explotación animal, pudiendo ser éste desde su agencia de publicidad hasta su empresa de mensajería, y si “interferir” es un término tan ambiguo que puede referirse a quien quema un matadero como a quien reparte un folleto delante de una carnicería, las posibilidades de esta ley de acusarnos a todos los activistas de “terroristas” son absolutas.
  La AETA considera que entrar en una granja sin permiso a grabar la situación que viven allí los animales es “terrorismo”. Algo que todo consumidor debería conocer permanece oculto por estas industrias —y es sólo gracias a activistas que logramos infiltrarnos en dichas industrias, bien mediante cámaras ocultas o bien entrando sin permiso— que la situación que padecen los animales sale a la luz y es conocida por la sociedad.

EUROPA, INGLATERRA, FINLANDIA, ASBO´s E INTERPOL
  El 1 de marzo de 2007, la policía belga y holandesa llevó a cabo treinta y dos redadas policiales, para las que hicieron falta setecientos agentes, en el mayor intento de acabar con el movimiento de Derechos Animales en Europa que ha tenido lugar hasta la fecha. Treinta activistas fueron detenidos y dieciséis de ellos fueron acusados de conspiración por sus campañas pacíficas contra HLS. El 21 de Enero del año 2009 siete activistas de SHAC UK fueron condenados a once años de cárcel.
  A muchos de los activistas que fueron detenidos se les aplicaron las ASBO´s —medida  introducida por Tony Blair en el año 1998, cuyas siglas hacen referencia a Orden de Conducta Antisocial—, cuya finalidad es restringir ciertas libertades a las personas que potencialmente pueden cometer algún delito.  Cuando las ASBO´s son dirigidas a activistas en defensa de los animales se busca penalizar cualquier participación en una campaña por legal que sea ésta. En el caso de los activistas de SHAC, cualquier acto o participación en una campaña contra la vivisección, administrar un sitio web u organizar una reunión podría significar su entrada o vuelta a prisión.
En un informe de la Europol en el año 2002 titulado Situation in the terrorist activity in the European Union: situation and trends hay una cuestión que llama mucho la atención: “En adición a estos ataques —refiriéndose a los sabotajes a infraestructuras perpetrados de forma clandestina—, los activistas extremistas por los Derechos Animales utilizan métodos de desinformación para desacreditar a sus objetivos y conseguir la aceptación del público. Imágenes de animales enfermos y explotados son hechas públicas en documentos audiovisuales.”
  En el año 2009 la organización finlandesa Oikeutta Eläimille (Justicia para los Animales) hizo pública una investigación sobre la industria de la explotación de cerdos. Esta investigación dió lugar a un gran debate social y dos años más tarde Karry Hedberg y Saila Kivelä, dos de los participantes en dicha investigación reconocieron públicamente haber grabado las imágenes.

AUSTRIA: MENTIRAS POLICIALES, INVESTIGACIONES ILEGALES Y ABSOLUCIÓN DE LOS ACTIVISTAS
  Los granjeros que acusaron a Karry y Saila de “difamación grave” y para los que pidieron una compensación económica de 180.000 euros ni siquiera se percataron de la incursión de estos activistas en sus granjas, porque en sus visitas ni dañaron la propiedad ni forzaron la entrada. Finalmente fueron absueltos.
  Hace menos de dos años, en Austria tuvo lugar el mayor montaje policial que ha sufrido el movimiento de Derechos Animales. Se acusaba a varios activistas de haber perpetrado multitud de acciones y sabotajes clandestinos ocurridos en los últimos años. Todos estos activistas eran miembros muy activos de varias organizaciones que participaban en una exitosa campaña contra Kleider Baüer, la mayor empresa de moda que vende pieles del país. Los directivos de dicha empresa se reunieron secretamente con la policía para acabar con las protestas de estos activistas. Los activistas se negaron a cesar sus protestas pacíficas contra este negocio, apelando a su legitimidad, hasta que en la mañana del 21 de mayo del año 2008, unidades especiales de la policía austriaca irrumpieron en sus hogares arrestando a 10 activistas que fueron puestos en prisión preventiva.
  Se había utilizado por primera vez la ley 278a. Una ley que sólo se había utilizado contra organizaciones de tráfico de seres humanos y de narcotráfico se estaba utilizando ahora contra activistas que ejercían su derecho a la libertad de expresión promoviendo un trato justo con los animales y protestando pacíficamente en las cercaníaS de las tiendas de Kleider Baüer. Amparados por esta ley, la policía espió durante años a todos estos activistas mediante intervenciones telefónicas, policías infiltrados, cámaras en sus portales, escuchas en sus hogares, seguimientos y poniendo localizadores en sus vehículos entre otras tácticas.
  Los activistas pasaron tres meses y medio en prisión preventiva, incomunicados y con un régimen de visitas controlado. Ante esta situación, el activista Martin Balluch se puso en huelga de hambre haciendo uso de la única forma de protesta que le quedaba. En una carta decía: “Por otro lado están los archivos policiales que documentan como yo y la VGT han estado bajo vigilancia policial durante años; mi móvil fue pinchado, todos mis e-mails fueron leídos y he sido vigilado continuamente. Que los resultados de estos enormes esfuerzos no hayan dado la mínima sospecha para conectarme con cualquier acto punible debería colocarme fuera de cualquier sospecha. Así sería si las cosas se estuviesen haciendo según la ley, pero de alguna manera parece que aquí nada se está haciendo según la ley.”
  Tras catorce meses de juicio —el juicio más caro de la historia de Austria— fueron absueltos. La jueza absolvió a los trece acusados y afirmó que la policía mintió bajo juramento, que había realizado investigaciones ilegales y escondido algunos resultados de su investigación.

LEGITIMIDAD DE NUESTRO MOVIMIENTO

  Los animales son confinados y esclavizados desde que nacen hasta que finalmente se pone fin a su vida: se les asesina. Nuestro objetivo es acabar con la discriminación que sufren los animales que, siguiendo la misma lógica en la que se basa el sexismo o racismo, recibe el nombre de especismo. Da igual tu sexo, tu raza o tu especie, lo que importa es que, si sientes, si sufres y si aprecias tu vida, mereces que se te respete.
  Para avanzar hacia tal objetivo es necesario que la sociedad tome conciencia de la situación que padecen los animales, razón por la cual nuestro activismo se centra en dar a conocerla. No se pueden tomar decisiones sobre algo que se desconoce y que se mantiene intencionadamente oculto. Las industrias lo saben y por ello intentan impedir que lo saquemos a la luz y que puedas acceder a esa información.
  Nuestros objetivos se contraponen a los intereses de quienes explotan a los animales. Estos aluden a la “legitimidad” de sus negocios y nosotros a la legitimidad de nuestro activismo. Nosotros tenemos muy clara la legitimidad de lo que hacemos: defendemos a los animales de quienes los esclavizan y luchamos por un mundo donde se les respete porque su vida es tan importante para ellos como para nosotros la nuestra. En nuestro movimiento nadie queda excluido de él y aboga por una idea tan conocida como necesaria: vive y deja vivir.
  No se puede decir más alto y no se puede decir más claro. A pesar de los intereses de las industrias de explotación animal, a pesar de todas las triquiñuelas políticas y judiciales, a pesar de toda la represión que estamos sufriendo a nivel internacional el movimiento en defensa de los animales sigue creciendo y llegando a aquellas personas que ven en los animales a un igual y que han decidido dejar de formar parte de la mayor injusticia de la historia, para pasar a formar parte del cambio social más necesario.
 
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