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La vía colombiana hacia la Corte Penal Internacional

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J. M. Martín Medem

  El Tribunal Superior de Bogotá (TSB) le ha pedido a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue a Belisario Betancur por su responsabilidad en los delitos contra la humanidad cometidos por las Fuerzas Armadas en la recuperación del Palacio de Justicia cuando era presidente de Colombia. El 6 de noviembre de 1985, un comando guerrillero del M-19 asaltó la sede de los tribunales en el centro de la capital colombiana.
  La respuesta militar fue una tremenda intervención de aniquilamiento en venganza por las muchas operaciones del grupo insurgente que habían dejado en ridículo a las Fuerzas Armadas.
  Lo que el TSB considerauribe_se_busca-.jpg “una reacción desproporcionada”. Hay once desaparecidos como consecuencia de aquella barbaridad. Los militares secuestraron y torturaron a los detenidos. Desde entonces se discute la actuación de Betancur: ¿fue sometido por los generales que dieron un golpe de Estado temporal o quedó paralizado por el miedo y no fue capaz de manejar la crisis desde el poder presidencial?
  El TSB ha apelado a la CPI al confirmar la condena de treinta años de prisión para el coronel Alfonso Plazas por conducir el operativo de exterminio.Reconoce así que no hay en Colombia ni voluntad ni condiciones para una investigación en profundidad sobre el terrorismo de Estado. La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes rechazó las denuncias contra el presidente Betancur por su responsabilidad política como Comandante de las Fuerzas Armadas. Ahora puede reconsiderarse su intervención mediante la justicia internacional.
 Con este precedente, se abre la vía hacia la CPI para el ex/presidente Álvaro Uribe por su complicidad con los paramilitares y por la utilización del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) como una policía política contra periodistas, sindicalistas, defensores de los derechos humanos y diputados de la oposición. También contra la Corte Suprema y la Corte Constitucional. Aunque la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes (controlada por parlamentarios afines) se pronuncie a su favor, se puede recurrir a la CPI.
  Las pruebas contra Uribe se amontonan. Las confesiones de los que dirigieron las operaciones del DAS le señalan como responsable y los testimonios de los comandantes paramilitares confirman su complicidad. La más reciente acusación es la del narcoparamilitar Juan Carlos Sierra Ramírez, un testigo protegido tras su extradición a Estados Unidos, que ha confirmado, en videoconferencia para la fiscalía, que los asesores de Uribe y el DAS se aliaron con los escuadrones de la muerte para desprestigiar a la Corte Suprema.
Queda abierta para Uribe la vía colombiana hacia la Corte Penal Internacional.