logo

21 años después, ¿Otro Informe Abril Martorell? PDF Imprimir E-Mail

Se intensifica la ofensiva contra la sanidad pública

Ángeles Maestro

  El Pleno del Congreso de los Diputados del pasado 21 de febrero debatió y aprobó una moción presentada por el Grupo Parlamentario de CiU que pretende cumplir parecidos objetivos a los que sirvió el Informe Abril Martorell en 1991. Tras las consabidas alabanzas a la sanidad pública, que todos dicen defender, se propuso la creación de una Subcomisión en la Comisión de Sanidad que elabore un Informe que contenga  las medidas a introducir para asegurar la “sostenibilidad” de la sanidad pública.
En el debate parlamentario se hicieron repetidas alusiones a la necesidad de un “Pacto de Estado”, poniendo como ejemplo el Pacto de Toledo que, como es bien sabido, en aras de asegurar el sistema público de pensiones, abrió la puerta a la privatización de las mismas y a la consiguiente desfiscalización.
  El procedimiento parlamentario y la finalidad perseguida son muy semejantes a los que debía servir el Informe Abril Martorell y por ello, hay que refrescar la memoria.
  También entonces, un grupo minoritario, el CDS, presentó ante le Pleno del Congreso una proposición para la creación de una Comisión de Análisis, Evaluación y Propuesta de Mejora del Sistema Nacional de Salud. Fue en enero de 1990 y el PSOE, con mayoría absoluta en la Cámara, lo apoyó con entusiasmo. Exactamente la misma estrategia que la propuesta de CiU. El Ministro de Sanidad de entonces, Julián García Vargas, hoy patrono de la Fundación de la multinacional farmacéutica Pfizer, nombró presidente de la Comisión a Fernando Abril Martorell, ex procurador en las Cortes franquistas y a la sazón fundador y vicepresidente del Banco Central Hispano. El mismo ministro nombró a los presidentes de las subcomisiones: siete de nueve tenían vínculos económicos con la sanidad privada o con la industria farmacéutica.
  Afortunadamente, las recomendaciones del informe llegaron a mis manos siendo diputada y portavoz en la Comisión de Sanidad del Congreso tres meses antes de que fueran presentadas y, lógicamente, las hice públicas. Las más destacadas eran las siguientes: reducción de las prestaciones sanitarias, introducción de tickets moderadores por acudir a consultas, urgencias o por pruebas diagnósticas, extender a los pensionistas el pago del 40% de las recetas, control de las bajas por enfermedad por las mutuas patronales, creación de entes públicos regidos por el derecho privado para la gestión de los servicios sanitarios y potenciar la participación de la sanidad privada en el sistema sanitario público.
  Ante el escándalo suscitado por la publicación de la información sin que pudieran controlarla, que incluyó entonces amenazas de huelga general, el informe no llegó ni a debatirse en el Congreso, pero los planes eran firmes y se fueron ejecutando primero por gobiernos del PSOE y luego por los del PP. De ellos formaba parte la Ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestión, votada por el PP, PSOE, CiU, PNV y Coalición Canaria, que daba cobertura legal a la penetración masiva del capital privado en la gestión de la sanidad pública.

PRECARIZACIÓN PLANIFICADA
 

  Hoy todas las alarmas están al rojo vivo en torno a la sanidad y la población percibe con progresiva claridad el profundo deterioro del sistema público, como resultado tanto de la precarizan planificada de los servicios públicos, como de su desmesurada parasitación por el sistema privado.
 Efectivamente, el sistema sanitario público está desmoronándose rápidamente por causas bien identificables. La privatización de la gestión y de múltiples servicios de los hospitales, la generalización de los conciertos con clínicas privadas, la drástica disminución de las actividades preventivas y de promoción de la salud, como la vacunación, y el aumento constante del gasto farmacéutico -en manos exclusivamente privadas- han disparado el gasto y deteriorado la calidad y eficacia del sistema. A todo ello hay que añadir la disminución del gasto público por habitante, la reducción de las plantillas y la precarizan del empleo.
El capital en crisis está muy interesando en obtener mayores beneficios a partir de los presupuesto sanitarios públicos, para lo cual necesitan reducir la sanidad pública a una especie de beneficencia –limitando drásticamente las prestaciones–, cobrar tasas por el uso de los servicios sanitarios, extender el copago de medicamentos a los pensionistas y acelerar la privatización de todo lo rentable. Y la crisis es la gran coartada. La reforma constitucional del pasado mes de agosto estableciendo la prioridad absoluta del pago de la deuda y de sus intereses sobre cualquier otra partida de gasto, junto a la carta “secreta” del 5 de agosto de 2011 de Trinchet (BCE) y Fernández Ordóñez (Banco de España) a Zapatero exigiéndole la privatización de la sanidad a cambio de la compra de deuda pública española por parte del primero, no dejan lugar a dudas.
  El Plan está bien definido por el gran capital y aceptado por los gobiernos de turno: no es rentable mantener un sistema público universal y de calidad cuando hay un ejército de reserva del 30% de la población activa y ya no es necesaria la sanidad pública para restituir la fuerza de trabajo enferma. El problema es cómo conjurar el enorme rechazo previsible en un polvorín social con cerca de seis millones de parados y sin perspectiva alguna de salida de la crisis. La mejor solución es parapetarse tras un “informe” pretendidamente técnico, respaldado por el mayor acuerdo político posible. Un Pacto de Estado “para preservar la sanidad pública” que haga creer que se trata de un “mal menor” y de que no hay alternativa.
  Esa es su estrategia. Que prevalezca o no depende de si las poderosas razones de la inmensa mayoría se hacen palabra y fuerza mediante la organización y la lucha.

 
< Anterior   Siguiente >