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A Garzón le expulsan entre los franquistas, el PP y sus enemigos del PSOE PDF Imprimir E-Mail

Con la colaboración de ex jueces y ex fiscales de la Audiencia Nacional.

Rafael Gómez Parra

   La expulsión de Baltasar Garzón de la Audiencia Nacional y su condena en uno de los tres juicios abiertos por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo demuestra tres cosas: la primera que la Justicia española sigue en manos de los jueces franquistas y sus sucesores, que no podían consentir un juicio a la dictadura de Franco. La segunda, que el PP ha querido vengarse públicamente del “caso Gürtel”, una trama de corrupción que afectaba a una parte importante de sus dirigentes. Y la tercera, que en el Gobierno de Zapatero prevalecieron las tesis de los que nunca perdonaron al juez estrella los casos del GAL y de los Fondos Reservados, que fueron el comienzo del fin de la era de Felipe González.
  Habría bastado que Zapatero llamara la atención a su representante en el Consejo General del Poder Judicial, Margarita Robles, para que el magistrado socialista Luciano Varela hubiera archivado el caso del juicio al franquismo, que abrió el camino a los otros dos casos, el de la escuchas a los abogados defensores de Francisco Correa (Gürtel) y el de los presuntos cobros del Banco de Santander a través de la Universidad de Nueva Cork. Pero a Zapatero le convencieron los enemigos de Garzón, que le aseguraron que si volvía a confiar en él, algún día se tendría que arrepentir, como le ocurrió a Felipe González cuando le puso de número dos de la lista del PSOE en 1993.
  El detonante de la caída de Garzón fue, sin embargo, su intento de hacer el juicio a los crímenes contra la Humanidad cometidos por Franco y sus colaboradores. Y el que encendió la mecha fue el juez del Supremo, Adolfo Prego, representante del PP en el Consejo del Poder Judicial en 2006, miembro del Patronato de Honor de la Fundación para la Defensa de la Nación Española (DENAES) y colaborador  de la Hermandad del Valle Caídos. Fue firmante, además, del manifiesto contra la Ley de Memoria Histórica, a la que acusa de pretender “que la sociedad recuerde y venere como mártires de la libertad a muchos de los peores criminales que ensombrecen nuestra historia”. Hace unos meses, cumplida su misión, ha pedido la excedencia para trabajar en el despacho de abogados de Ramón Hermosilla & Gutiérrez de la Roza. Cuando se canse de ganar dinero volverá al Supremo para seguir haciendo de las suyas.
  Fue Prego el que asesoró directamente a Miguel Bernad, conocido militante ultraderechista ex  responsable de la organización Frente Nacional de Blas Piñar y Caballero de Honor de la Fundación Nacional Francisco Franco. Bernad dirige la organización llamada “Manos Límpias”, que pretende ser un sindicato de funcionarios, aunque no ha conseguido nunca ningún representante sindical.
  Bernad había presentado una querella contra Garzón por intentar abrir el juicio contra el franquismo que fue rechazada por carecer de la más mínima argumentación, pero el magistrado Adolfo Prego le convenció para que elevara una denuncia pública y le asesoró sobre los términos que debía recoger para ser admitida a trámite por el Supremo.

VIEJAS CUENTAS PENDIENTES

  Y es ahí donde intervienen los demás miembros de la Sala de lo Penal del Supremo, especialmente su presidente, Juan Saavedra, con la suerte de que se encuentran con la buena disposición del magistrado socialista Luciano Varela, uno de los fundadores de Jueces por la Democracia, para unirse a la “conspiración” anti Garzón. Posteriormente se conocería también el apoyo a Luciano Varela de la magistrada Margarita Robles, secretaria de Estado de Interior en el último Gobierno de Felipe González, que siempre ha sido muy crítica con el magistrado estrella de la Audiencia Nacional, al que califica de mal juez. Otro magistrado de la Sala de lo Penal del Supremo ligado a la izquierda, como Perfecto Andrés Ibáñez, de Jueces por la Democracia, también se acabaría uniendo a la caza de Garzón en el caso de las “escuchas a los abogados defensores” de la trama Gürtel.
Luciano Varela justifica toda su actuación sobre la idea, que apoyan tanto PP como PSOE, de que los crímenes del franquismo fueron amnistiados tras el acuerdo que se dio en 1977 para deshacer la dictadura y convocar elecciones democráticas, lo que demostraría a su entender que Garzón habría prevaricado por intentar abrir un proceso que sabía ilegal. La tesis de Garzón es que los crímenes contra la humanidad y los genocidios no pueden ser nunca amnistiados, como se ha visto en Argentina y en otros lugares del mundo.
  La aparición en el proceso de los crímenes del franquismo de Falange Española, que se unió a la denuncia de Manos Limpias, estuvo a punto de provocar el cierre del asunto, ya que en el PSOE se alzaron voces de que se iba a organizar un escándalo mundial si se permitía a los herederos de los franquistas sentar en el banquillo de los acusados al juez Garzón. Era como rizar el rizo de los crímenes franquistas. Para evitarlo, Varela tuvo que rechazar la personación de Falange con una jugada de patio de colegio: rechazó los escritos de acusación de esta organización y de Manos Limpias porque no se atenían a la causa real del proceso: la decisión de Garzón de juzgar a los franquistas, sin entrar en detalle sobre si eran o no unos criminales. Manos Limpias y Falange negaban en sus escritos que Franco hubiera cometido crímenes. Varela, entonces, instruyó al abogado de Manos Limpias para que puliera su acusación y descartó la de Falange sin más.
  A la mesa donde se discutía el fin de Garzón y que sostenían los franquistas,  el PP y varios jueces del PSOE le faltaba una pata que intentaron sus protagonistas que fuera colocada por el mundo financiero, especialmente a través del Banco de Santander, que habría pagado los cursos de Garzón en la Universidad de Nueva York. La pata se quedó corta y hubo que improvisar a través de los abogados defensores de los principales implicados de la trama Gürtel y que, ¡qué casualidad!, proceden en su mayor parte de la propia Audiencia Nacional.
  El abogado de Francisco Correa es el ex juez de la Audiencia José Antonio Choclán, que ha intentado en varias ocasiones, sin mucho éxito, que el Colegio de Abogados de Madrid se personara en la acusación contra Garzón. El abogado del constructor, José Luis Ulibarri, que además ha estado detrás de muchos apoyos mediáticos al PP de Castilla y León, es el ex fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Peláez, que fue el que puso la denuncia contra el juez estrella por las escuchas. Se cerraba así el círculo y se asentaba bien la mesa.

 


 

MUCHOS CRIMINALES  FRANQUISTAS SIGUEN VIVOS

  Una de las causas de la negativa de la derecha española a que se juzguen los crímenes del franquismo tienen que ver con la posibilidad de que, una vez abierto el proceso general, muchos de los criminales, que mataron a personas concretas, estén aún vivos. Hay que resaltar que en los años siguientes a la Guerra Civil fueron cuando se produjeron la mayor parte de las ejecuciones sumariales en pueblos y ciudades de toda España y que quienes las llevaban a cabo eran jóvenes falangistas o requetés que entonces no tenían ni veinte años, es decir que podrían estar hoy entre los 70 y 90 años, gozando en muchos casos de buena salud.
Posteriormente la dictadura siguió ejecutando personas, en este caso con jueces por medio, algunos de los cuales están vivos, y sobre todo con militares. Esta situación que se prolongó hasta el mismo año de la muerte de Franco con los fusilamientos del 27 de septiembre de 1995 habría hecho posible que, como ha ocurrido en la dictadura argentina, alguno de sus autores podría haberse sentado en el banquillo. Es también el caso del ex ministro de Franco, recientemente muerto, Manuel Fraga Iribarne, ministro de Interior cuando la Policía mató a tres obreros en Vitoria el 3 de marzo de 1976, todavía con la dictadura. 
 

 

 
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