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29-M: CONTRA EL TERRORISMO LABORAL PDF Imprimir E-Mail

Un año y medio después de la jornada de paro que se convocó contra el gobierno de Rodríguez Zapatero, vamos a vivir una nueva huelga general. Las centrales sindicales mayoritarias se lanzaron entonces a la calle tibiamente, para pedir que se contase con ellas a la hora de decidir las nuevas agresiones contra los derechos de los trabajadores,  y no han dejado de ceder aún más terreno hasta hoy. Como señalamos en estas páginas, lo que reivindica la burocracia sindical es sentarse a negociar la reforma salvaje impuesta desde los “mercados”.
  Recordemos que solo nueve días antes de que el Consejo de Ministros diera luz verde al nuevo paquete de medidas laborales, CC.OO y UGT habían firmado con las patronales CEOE y CEPYME el “Acuerdo para la negociación colectiva 2012, 2013, 2014”, que contemplaba una contención salarial por debajo de la inflacatraco_a_los_trabajadores.jpgión para esos tres años. Entres otros aspectos negativos del Acuerdo, también se aceptaba el descuelgue del convenio para las empresas que sufran una disminución persistente del nivel de ingresos o bien que sus perspectivas económicas puedan verse afectadas  por la aplicación de lo pactado en el convenio. Como vemos, un trágala no demasiado diferente de lo que ha aprobado ahora el Ejecutivo de Mariano Rajoy.
  El clamor de la calle ha obligado a los máximos responsables de CC.OO. y UGT a realizar la convocatoria de huelga del 29 de marzo, fecha ya señalada con anterioridad por los sindicatos nacionalistas de Galicia y Euskadi. A la cita se han sumado también otras centrales sindicales. Es imprescindible concentrar esfuerzos. Con este envite, los burócratas pretenden conservar su estatus, pero los trabajadores y la izquierda nos jugamos muchísimo más en él.
Después de años de podredumbre de los sindicatos oficiales, el descrédito de estas organizaciones es enorme entre la clase obrera. Su tarea sistemática de desmovilización y neutralización del movimiento reivindicativo ha anquilosado su propia capacidad de actuación. Las organizaciones más honestas, combativas y ligadas al sindicalismo de clase tienen que romper el cerco. Es imprescindible la reconstrucción de un verdadero sindicalismo, alternativo y fuerte. Los griegos en la calle y los islandenses a su manera han marcado el camino de la resistencia ante el rodillo del capitalismo salvaje. De la capacidad de organización y movilización populares va a depender lo que ocurra aquí durante los próximos meses.
  En menos de cien días, el Gobierno del PP ha dejado la cosa meridianamente claras. Además de las medidas laborales adoptadas, avanza claramente en su ofensiva contra la sanidad y la educación públicas. En Cataluña apoya las medidas adoptadas por la Generalitat de CIU en el ámbito de la salud, que suponen un primer paso hacia el copago. Pero no olvidemos que el PSOE también suscribió la conocida ley 15/97, que está en el origen de  todo el proceso de privatización de la sanidad pública.
  Por otra parte, han sido los jóvenes alumnos de enseñanza media los primeros en manifestarse contra los recortes en educación. Y la represión policial se ha cebado en ellos. Recordemos también que el jefe superior de Policía de Valencia, Antonio Moreno, que considera a los chavales “el enemigo”, fue designado para ocupar su cargo por el anterior titular del Ministerio del Interior. Y con Rubalcaba al frente del departamento, Moreno ya dejó bien clara su concepción del orden público, apaleando a los vecinos opuestos al derribo del popular barrio del Cabanyal.
La corrupción continúa impregnándolo todo. Mientras los medios de comunicación se afanan en dejar al Rey y a sus hijos completamente al margen de las actividades del yerno afanador, una serie de documentos desclasificados en Alemania ponen en evidencia, aún más, las actitudes golpistas del monarca.
  Sólo tres meses después de dejar su puesto en el Gobierno, la ex vicepresidenta Elena Salgado ha fichado por Chilectra, la filial chilena de Endesa, central eléctrica presidida por Borja Prado, íntimo amigo del príncipe Felipe de Borbón. Salgado sumará así 70.000 euros anuales a los más de 50.000 que cobra como ex ministra. No tiene problemas para continuar percibiendo el paro mientras trabaja. Al raíz de esta nueva sinvergonzonería, el Parlamento ha rechazado, con los votos de PP, PSOE y CIU, una propuesta del BNG para revisar el régimen de incompatibilidades de los políticos.
Por lo demás, todo sigue su curso “democrático” habitual. Luis Atienza, otro ex ministro socialista, este de Felipe González, deja su puesto de presidente de Red Eléctrica con una indemnización de 822.000 euros. El equivalente a algo más de veinte días de salario por año. A cambio, Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal, se incorpora a Red Eléctrica y suma su cuarto consejo de administración.
  El ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón prepara un endurecimiento del Código Penal y, paralelamente, indulta a Josep María Servitje Roca, ex secretario general de Trabajo de la Generalitat de Cataluña durante el mandato de Jordi Pujol, condenado, como “autor de un delito continuado de prevaricación, en concurso medial con un delito continuado de malversación de caudales públicos”, a la pena de cuatro años y seis meses de prisión y seis años de inhabilitación absoluta”.
En un informe del pleno del Consejo del Poder Judicial, elaborado al hilo de las conclusiones que el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de los Tratos Inhumanos o Degradantes extrajo de la visita que hizo a España el año pasado, Fernando Grande-Marlaska ha sido señalado como uno de los jueces de la Audiencia Nacional que no acuerda ningún tipo de medidas para evitar los malos tratos policiales. Grande-Marlaska acaba de ser elegido presidente de la Sala de lo Penal de ese ente judicial neofranquista.
 
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