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Contra los recortes Sanitarios (NÚMERO ANTERIOR) PDF Imprimir E-Mail

Se inicia una época de lucha y movilizaciones


Carmen San José Pérez


  Como pronosticaban todas las encuestas, se ha consumado  la victoria del PP con mayoría absoluta. No ha sido tanto la subida en votos del partido conservador, que solo ha cosechado 593.405 votos más que en las anteriores Elecciones Generales, lo que les ha aupado verdaderamente con la mayoría en casi todo el Estado. Ha sido la debacle del PSOE, que ha perdido  4.285.319  votantes respecto a las elecciones del 2008. Y como la injusta Ley Electoral propicia el bipartidismo, el resto de fuerzas políticas siguen siendo castigadas aunque el mapa se haya abierto a una mayor pluralidad.  
  Es decir, que sólo han votado al PP el 30,27 % de todos los que podían ejercer su derecho al voto. De cualquier forma, el nuevo panorama político que se dibuja en el Estado español pinta en azul a excepción de Euskadi y Catalunya, lo que no quiere decir que en estos territorios se practique una política progresista, por lo que se puede pronosticar una etapa de mayor dureza por las políticas de duros ajustes que se pondrán en marcha, sumándose a los ya aplicados después de más de dos años de crisis. Esto nos coloca en una  situación de extrema dificultad para poder impulsar cualquier  alternativa, por moderada que sea,  en la perspectiva de mejorar las condiciones de vida y trabajo de las clases populares.sanidad_1.jpg
Primero porque nos encontramos en una grave crisis, que comenzó en el terreno de las finanzas y acabó minando la economía real. Por lo tanto, una crisis sistémica del capitalismo salvaje que golpea con una dureza inusitada a la ciudadanía con menos recursos, y sus consecuencias no han tardado en aparecer con cerca de cinco millones de desempleados, desahucios a quien no puede pagar la hipoteca de su vivienda, recortes en los servicios públicos y disminución de salarios y plantillas tanto en el sector público como en el privado.
Segundo, porque para salir de esta crisis, las medidas tomadas por los gobiernos de la UE solo han incidido en políticas económicas de corte neoliberal con el objetivo de controlar el déficit para alcanzar la estabilidad presupuestaria,  por esto sólo han puesto en marcha recortes en el gasto público.  Esto ha provocando la peor situación que cabría esperar: una imparable crisis de deuda pública que va engullendo a todos los países, empezando por las economías de la periferia de la UE y nos ha abocado a una nueva recesión.
Tercero, porque el PP encarna la ortodoxia de la política neoliberal,  por lo que no cabe aventurar que se salga del guión lo más mínimo, máxime cuando cuenta con la mayoría absoluta, y con la mayoría de los presidentes de las CCAA. A su vez, le respalda el tandem Merkosy por ahora.
Cuarto, es desalentador comprobar cómo ha calado en la opinión pública el “no hay alternativa”, “hay que apretarse el cinturón”, “es el fin de la fiesta”, “hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”... ¡Qué poder el de los medios de comunicación! ¡Qué poder los muñidores de opinión pública! ¡Tanto lo hemos integrado que hemos premiado con una subida de votos a CIU por los recortes que está realizado en Catalunya!!!.
  Ahora bien, la pluralidad de fuerzas a la izquierda del PSOE en el Parlamento es importante, y puede dar pie a iniciativas que lleven la voz de los movimientos sociales y propicien un respaldo mayor a las iniciativas que sin duda irán surgiendo para frenar los atropellos que se anuncian. Desde IU a los sindicatos mayoritarios, tendrán que colocarse a la ofensiva si no quieren los unos quedar barridos por la oposición que ponga en marcha el PSOE y, los otros, laminados por la movilización en la calle.
  La experiencia de los últimos meses del movimiento 15M tiene que servir para profundizar en la autoorganización, dotarse de mecanismos de actuación y contenidos y aunar fuerzas. Este será un incomparable banco de pruebas para buena parte de la izquierda radical, para un gran número de activistas, así como para personas sin militancia previa que se acerquen movidos por un afán de mejorar su entorno, el barrio, el problema de la vivienda, etc.
  Por lo tanto, el panorama no puede ser más adverso, y,  sin embargo, nada de antemano se ha escrito sobre su desenlace. El espacio que se abre es de clara confrontación, no habrá ningún margen para reformas. Las políticas de ajustes que pretende el FMI, BCE y la Comisión Europea nos devolverán al siglo XIX si antes no conseguimos frenarlas.

UNA OFENSIVA INICIADA HACE AÑOSgasto_sanitario.jpg

  Desde los gobiernos europeos de todo signo, desde la CE o el FMI, desde la CEOE en nuestro país, se exigen  privatizaciones y recortes en el gasto público para reducir el déficit presupuestario. De éste la principal partida por volumen de gasto es la dedicada a sanidad pública.
La estrategia de reducción del gasto en servicios sanitarios públicos no es algo nuevo que ha venido con la crisis actual. Desde mediados de los años ochenta y más intensamente desde la década de los noventa, con la aplicación de las políticas neoliberales, se vienen poniendo las bases para una privatización digamos controlada -se privatiza las áreas que resultan rentables, no todo el sistema sanitario que no lo sería -. Lo novedoso actualmente es el incremento de las medidas y su velocidad de aplicación, lo que conduce al desmantelamiento del sector público.
  No se ha realizado esto por motivos de ahorro - aunque ahora se aproveche la crisis como coartada -, o la necesidad de contener el creciente aumento del gasto de este servicio público, debido como se dice al envejecimiento de la población. Ni tan siquiera porque no nos lo podamos permitir. No es tampoco una cuestión  económica, es una cuestión ideología. Lo que está en juego es el propio modelo de servicio público, pagado solidariamente mediante impuestos directos, diseñado para atender las necesidades de salud, accesible y gratuito en el momento del uso. Porque si de ahorrar se tratase, la evidencia científica demuestra que en general son más económicos los servicios de salud públicos del tipo servicio nacional de salud, y además, presentan mejores resultados en salud.
  Por lo tanto, el objetivo último que se persigue ahora es el mismo que se  postulaba en los noventa: que no podía existir sector público vetado al mercado. En la actualidad resulta todavía más dramático este afán por destruir lo público, ya que estamos al borde de una nueva recesión y con más del 20% de desempleados, cuando son precisamente los servicios públicos sociosanitarios los que podrían crear miles de puestos de trabajo. Además, en nuestro caso el presupuesto dedicado a sanidad está muy por debajo de nuestras posibilidades.
El gasto público sanitario en el Estado español es el 74% del promedio de la UE-15, muy por debajo de lo que nos correspondería por nuestro nivel de riqueza, que alcanza el 93% de la UE-15, ya que, si comparamos nuestro gasto per cápita ajustado en unidades de poder de compra para el último año disponible 2009, según la OCDE  era de  3,067 USD, cuando la media de los países era de  3,223 USD. 
 Desde hace más de una década se ha ido planificando la privatización aplicando diferentes fórmulas. Unas introdujeron la gestión privada -cambio del derecho administrativo por el mercantil, de controles mucho más laxos, y sin opción a la participación-. Otras hicieron hincapié en los  conciertos  y consorcios con entidades privadas. Y las más usadas en los últimos años como son las concesiones de obra pública, consisten en otorgar habitualmente suelo público a una constructora o grupo inversor, los cuales acometen la edificación del hospital y a cambio se les concede la explotación del mismo. La administración pone la plantilla sanitaria y el equipamiento. Y paga un canon por la asistencia que recibe la población que se le asigna a ese hospital.  Un negocio redondo que cuesta a las arcas públicas hasta cinco veces más que si lo hubiera construido la propia administración.
  Además, las concesiones se están concediendo por 30 años. Es decir, cuando estos hospitales pasen a la administración pública prácticamente habrá que reformarlos en su totalidad. Otra modalidad parecida es la concesión administrativa en la que todo el hospital es privado, ejemplos de estos son los de Torrejón y Valdemoro, a los que la Comunidad de Madrid les paga un canon por las personas atendidas. También existen otros mecanismos como los que transforman en institutos ciertos servicios de un hospital público, empresas con ánimo de lucro dentro de los propios hospitales públicos, etc.
  Todas estas fórmulas han cambiado de arriba abajo los servicios públicos de salud de tal manera que hoy día ya no se pueden definir propiamente como un servicio público, pues son el resultado de una coordinación público privada.  La importancia de esta transformación no ha sido solo que se haya resquebrajado el sistema para transferir al sector privado las partes más rentables para su explotación, sino el cambio en la orientación del propio servicio. El cambio en su concepción original. Para que funcione en base a necesidad de salud no puede haber mercado. Porque no es lo mismo planificar un servicio público para mejorar los niveles de salud de la población, orientando su política para atender a quien lo necesite, recortes.jpgdonde lo necesite, cuando lo necesite. Que planificar para rentabilizar el gasto sanitario. Porque, lo cuenten o no a la opinión pública los políticos de la CM, Galícia, o Catalunya, las multinacionales que han invertido en hospitales y centros sanitarios es que piensan obtener beneficios. Es más, si en el peor de los casos, no obtienen el balance esperado presionarán a la administración respectiva para subir el canon que reciben con la amenaza de no seguir prestando la asistencia sanitaria acordada. La calidad de la atención sanitaria o la salud… son otra cosa. Y esto ya ha pasado en la CM y en el País Valencià.

EL FUTURO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD

  Desde mediados del siglo pasado surgieron los servicios de salud públicos en los países occidentales, debido principalmente a la situación del movimiento obrero, la existencia del bloque de Este y los indicadores de salud de la población europea, en unos años de reconstrucción y políticas de inversión pública que hicieron posible el desarrollo de los llamados Estados de Bienestar.
Hoy día nada es igual, con el agravante de haberse instalado el pensamiento único en lo ideológico y, en lo económico, un neoliberalismo a ultranza que está barriendo cualquier resquicio que quede de solidaridad y equidad.  De tal forma que para salir de la crisis sólo se oye hablar, incluyendo a los más expertos economistas, de reducción del déficit – cumplimiento del Pacto del Euro -, para lo cual la primera receta es reducir el gasto público. Nadie se acuerda del injusto e insolidario sistema fiscal que sufrimos, que después de las últimas reformas es cada vez menos progresivo: esto es que no paga más el que más tiene.
  Y en esto llegaron los recortes que de forma insidiosa -ningún programa de los partidos políticos lo incluía – y rápida se están dando por toda la geografía del Estado.  Los primeros en saltar a la luz por la alarma social que representan han sido los cierres de servicios y camas hospitalarias, o los cierres de servicios de urgencias de Centros de Salud, con los consiguientes despidos de plantillas. Los hay del tipo de negar la asistencia sanitaria cuando los trabajadores han agotado la percepción por desempleo. Y esto, a pesar de la última ley aprobada de salud pública que incluía la atención universal. Otros que se anuncian instaurarán un pago por alguna prestación o receta. Por último, también se propone que se suscriban seguros privados.... Que con toda seguridad desgravarán del IRPF. Deben de pensar que lo que quede del servicio público será escaso en calidad y prestaciones.
  El problema no son tanto los recortes en sí mismos, con todo lo grave que cada uno lo sea. El verdadero problema deriva de las reformas de los años noventa que sentaron las bases para que hoy se pueda privatizar, vender patrimonio público, recortar derechos o privar de atención sanitaria.  Aquellos cambios, que no combatimos con suficiente contundencia, muchos incluso los aceptaron en aras de la modernidad, hoy nos conducen al desmantelamiento de los servicios públicos de salud de cada uno de los territorios del Estado. 
El futuro de éstos pasa porque reconozcamos tanto profesionales sanitarios como ciudadanía en general la gravedad del momento para poder luchar codo con codo, y  con ello evitar que se materialicen las políticas de recortes que se avecinan. La izquierda institucional y los sindicatos mayoritarios que no supieron estar a la altura de las circunstancias en el pasado, ojalá en la nueva etapa que se abre cambien y se consiga una unidad de acción que no ha sido posible hasta ahora.  Es una batalla a contracorriente, pero esto no quiere decir que sea imposible conseguirlo. Se trata de decisiones políticas para afrontar la crisis aplicando otro tipo de estrategias perfectamente asumibles por nuestra economía. La dificultad grande, pero nada está escrito. La última palabra la tenemos todos nosotros.

 
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