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La destrucción de la universidad pública (nº 56) PDF Imprimir E-Mail

  En el mundo se está produciendo un proceso de destrucción de la universidad pública, paralelo al de destrucción de las clases medias. La investigación científica es ya claramente post­académica y sirve a los intereses de las grandes industrias. El valor de la educación como instrumento de formación cívica y como medio de promoción social se pone cada vez más en duda y se pretende recuperar el sentido elitista de la educación superior.
En España las universidades pretenden quedar al margen de la crisis económica y los conflictos sociales, sus profesores viven en una burbuja en la que el orden legal de estas instituciones está siendo minado gracias a la génesis de un poder paralelo. Un poder en el que grupos de profesores, agencias públicas y privadas, bancos y alguna empresa, amparados por el poder político, han creado sistemas de captación de fondos, dotación de plazas y creación de centros en los que quienes dominan el arte de la maquinación académica se van consolidando como grupos privilegiados. Si a ello unimos la crisis de legitimidad de la autoridad académica, observamos un panorama en el que los miembros de las universidades españolas contemplan, pasivos e inermes, un previsible proceso de brutal reconversión del que solo serán conscientes una vez que haya transformado radicalmente el paraíso artificial en el que ahora viven.
José Carlos Bermejo Barrera, catedrático de Historia antigua, es autor de numerosos libros en los campos de la historia de las religiones antiguas, la teoría de la historia y la historia de las universidades. En este campo ha publicado los siguientes libros: “La aurora de los enanos. Decadencia y caída de las universidades europeas” (Foca, 2007); “La fábrica de la
ignorancia. La universidad del “como si” (Akal, 2009) y “Héroes de la innovación. Romancero de Bolonia” (Andavira, 2010). Aquí adelantamos un capítulo de su nuevo libro, “La maquinación y el privilegio” (Akal).

José CARLOS BERMEJO BARRERA
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Hubo un tiempo en el que todo el mundo suponía que a la universidad se iba a estudiar. La universidad era en realidad una asociación de personas dedicadas al estudio: los profesores y los alumnos. En el momento presente aún sigue estando claro que los alumnos, de un modo o de otro, tienen que seguir estudiando. Pero, si contemplamos el panorama académico español desde la perspectiva de los profesores, da la impresión de que a lo que se va a la universidad es a opinar, a opinar y a maquinar.
   En las universidades españolas no son sagrados los hechos y respetables las opiniones, como se suponía antes. Por el contrario, no es que todas las opiniones sean iguales, porque se supone que todo el mundo es igual, sino que todas las opiniones son sagradas: las fundamentadas, las que no tienen fundamento, e incluso las que no son más que el producto del capricho y la arbitrariedad.
   Es evidente que no todas las opiniones son iguales en valor, pero también lo es que no es cierto que sean iguales en su poder, porque el ejercicio del poder democrático, y sobre todo la práctica de la demagogia, exige que unas opiniones se impongan sobre las otras. A veces son las opiniones vencedoras las que se acercan más a la verdad; en nuestro caso, por el contrario, ganan casi siempre la batalla las opiniones de quienes poseen una mayor habilidad para imponerlas a los demás en un juego basado en la capacidad de crear tramas y redes de intrigas en nombre de una supuesta voluntad común. Y de una comunidad y unas mayorías que parecen ser de la opinión de que la forma más legítima del ejercicio de la democracia es necesariamente el linchamiento, debido a su capacidad de suscitar a la vez la solidaridad y el entusiasmo del grupo de los linchadores.
En las universidades españolas el poder se ejerce en gran parte de un modo meramente personal, a pesar de que existen unas complejísimas tramas de órganos de gobierno que se interfieren mutuamente. Y ese poder se encarna en la figura de quien ocupa legítimamente el cargo de rector, que por un lado ve constantemente bloqueados sus mecanismos de toma de decisiones, pero por otra parte dispone de una facultad, insólita en el resto de la administración del Estado, y es que todos los recursos contra los actos administrativos en el ámbito de cada universidad española acaban en la instancia rectoral, quien remitirá al administrado, en caso de que la resolución no sea favorable, al interminable y complejo mundo de la jurisdicción contencioso-administrativa, que actúa como elemento disuasorio ante quienes desearían poder recurrir las resoluciones rectorales en otros ámbitos superiores, como el poder autonómico, y así no verse obligados a recurrir a la vía judicial.

AUSENCIA DE GARANTÍAS JURÍDICAS
Los decretos ministeriales, las normativas autonómicas o propias de cada universidad se solapan, se contradicen, y además pueden ser interpretadas de diversas maneras y, como en último término la interpretación que sostenga un rector o su equipo de gobierno es en la práctica inapelable, puede llegar a ocurrir que lleguen a desaparecer las garantías jurídicas en el ámbito académico.
Todo ello gracias a la creación de estas complejas redes de normas de interpretaciones variadas y a la constante confusión verbal, conceptual e institucional en la que se están sumiendo las universidades públicas, que parecen haber perdido su identidad institucional específica y su carácter estatal, al intentar concebirse a sí mismas como lo que evidentemente no son: es decir, empresas tecnológicas punteras destinadas a salvar a la economía española y a redimir a nuestra sociedad gracias a la elaboración de un discurso pedagógico que oscila entre el conductismo mecanicista más simple y la antigua prédica eclesiástica de tipo pastoral.
La reconstrucción de las universidades públicas sólo puede basarse en la vuelta a los principios en los que se basa ese tipo de instituciones específicas que son las universidades, y a la aclaración de las leyes y normas que han de regirlas, creando para ello un nuevo marco legal global que impida la constante manipulación de las leyes existentes mediante pseudorreformas y mediante la promulgación de toda clase de textos que funcionan como un pandemonio verbal, creado para que en él sólo puedan vivir los más avispados.
Formularemos a continuación cuáles han de ser estas bases sobre las que habría que construir un nuevo cuerpo legislativo integral, unas bases que no tienen prácticamente nada de novedoso, y sobre las que existe un amplio consenso, no en el ámbito de la expresión de la opinión académica, controlada y asfixiada por el discurso dominante, sino en el ámbito de las conversaciones privadas, que se parecen cada vez más al viejo mundo de las catacumbas. Estos principios son los siguientes:

1. Las funciones específicas de la universidad son la creación y la transmisión del conocimiento básicamente a través de la enseñanza.
Puede haber universidades en las que no se investigue, como todas las del mundo occidental hasta casi finales del siglo xix, del mismo modo que hay muchos centros de investigación −los mejores y la mayoría de los del mundo más industrializado− en los que no se practica la docencia. Pero no puede existir una universidad que no enseñe.
La enseñanza es una condición necesaria y suficiente para la existencia de la universidad; la investigación ha llegado a ser hoy día una condición necesaria, pero de ninguna manera suficiente, que justifique la existencia de la misma.
2. Como la enseñanza y secundariamente la investigación son las funciones básicas de la universidad, consecuentemente toda la racionalidad académica debe dimanar de la subordinación de toda la estructura de la universidad al logro de esas funciones específicas.
Para que ello sea posible será necesario tener en cuenta que hay tres tipos de conocimiento y de racionalidad, cada uno de los cuales está dotado de una lógica propia en el campo de la docencia y la investigación:

a) La racionalidad y el conocimiento tecnológicos.
b) La racionalidad y el conocimiento económicos.
c) La racionalidad y el conocimiento político e institucional.

Aunque la universidad puede crear cualquier tipo de conocimiento, la racionalidad propia de una universidad pública debe ser la racionalidad política e institucional.
3. La racionalidad política de las universidades públicas no debe identificarse con su uso y su manipulación por los intereses de los partidos políticos, que en este caso, como en el resto del Estado, han hecho de su capa un sayo con las universidades, sino con el cumplimiento de sus funciones específicas, que deben satisfacer los derechos de los ciudadanos en lo que se refiere a su acceso a la educación y a la promoción de la igualdad social y económica, favoreciendo los principios constitucionales de mérito, igualdad y publicidad.
4. Las universidades públicas, como parte de la administración del Estado, deben estar regidas por el derecho público propio de la administración y deben ser financiadas con el fin de que puedan cumplir sus funciones específicas.
La financiación estatal de las universidades tiene como fin prioritario el que en ellas se pueda garantizar la aplicación de los principios de igualdad, de libertad de expresión y de pensamiento, así como el principio de solidaridad; principios que se ven conculcados cada día por un discurso tecnocrático asfixiante que oculta la realidad institucional específica de la universidad enmascarándola en una red de metáforas que intentan verbalmente convertirla en una empresa e imponiendo ese discurso minoritario a una mayoría gracias al control del acceso a la red de los privilegios.

CONTROL IDEOLÓGICO
5. Aunque las universidades públicas sean financiadas por el Estado, sin embargo el Estado no puede ejercer un control ideológico o político de las mismas, tal como está ocurriendo en la actualidad con la imposición de un discurso pseudotecnocrático y unos valores neoliberales en los terrenos de la economía y la política, sino únicamente un control institucional que ha de velar porque las universidades cumplan sus funciones específicas.
6. Las universidades públicas tienen derecho a crear una esfera en la que puedan ejercer su autonomía, pero esa autonomía tendrá que estar subordinada siempre al logro del bien común, que no es un valor sólo de naturaleza económica, sino también social, político, artístico y moral.
Concebir a las universidades públicas básicamente como motores del desarrollo económico no sólo es una mentira y no se corresponde para nada con la realidad, sino también una manipulación interesada que permite poner a estas instituciones al servicio de los intereses de algunos bancos y empresas.
7. Las universidades públicas deben tener autonomía en su gobierno con el fin de que puedan cumplir sus funciones específicas y defender el interés común de todos sus miembros. No obstante esa autonomía debe ser limitada cuando esas universidades pasen a intentar defender los intereses corporativos, económicos o políticos de algunos de sus miembros.
8. El gobierno de las universidades debe ser democrático, pero no por ello debe ser concebido como un símil del cuerpo político de una nación −creando otra red de metáforas que funciona en paralelo e interfiere con la red de las metáforas empresariales−, sino democrático y participativo dentro de los ámbitos académicos. Como en estos ámbitos existen diferentes tipos de funciones que son necesarias para el funcionamiento de las universidades, el principio de igualdad debe ser concebido de diferentes formas en los distintos tipos de estructuras participativas, habiendo pues diferentes clases de igualdad.
La igualdad académica no es similar a la igualdad política formal de una nación en la que todos los ciudadanos son iguales en su derecho al voto, pero desiguales en sus riquezas, derechos efectivos y sus privilegios, sino algo mucho más complejo.
9. La aplicación en el ámbito académico de la igualdad formal de la política es lo que ha permitido −como siempre que las palabras no coinciden con las cosas− que en el ámbito de las universidades públicas grupos organizados de personas, actuando en nombre de una supuesta legitimidad partidista y pseudoparlamentaria, hayan acabado por hacerse con el control de las universidades con grave perjuicio para la mayoría de sus miembros y para el logro del bien común y el cumplimiento de las funciones específicas de la racionalidad académica.
Y son esos mismos grupos de personas los que han aunado ese pseudodiscurso pardista y parlamentario con otro discurso tecnocrático que puede garantizarse el práctico monopolio del ejercicio del poder académico al aunar la pseudolegitimidad política con la pseudolegitimidad técnica que los consagraría como administradores o gestores casi profesionales.
10. La igualdad académica debe permitir el acceso a los órganos de gobierno a todos los miembros de la comunidad, de acuerdo con los criterios que establezca la ley, pero no basándose en un supuesto conocimiento de una técnica o una ciencia de gestión y control que cada vez más se presenta como de valor indiscutible.
En la universidad los conocimientos específicos son la base para el ejercicio de la función docente, investigadora o administrativa, pero no existen unos conocimientos propios de la ciencia del gobierno. Por ello las competencias específicas y diferenciadas que cada miembro de la comunidad académica debe adquirir y poseer no tienen nada que ver con los criterios sobre los que se ha de establecer el gobierno de las universidades, cuya base inapelable la constituye la legislación vigente, presente o futura.
11. La legislación que regule el ámbito del gobierno de las universidades debe ser simplificada al máximo. Dicha legislación debe formar un sistema estructurado, coherente y en el que no se multipliquen órganos y entes sin necesidad, tal como ocurre en la actualidad. Debería ser a su vez de fácil acceso y de interpretación lo más clara y sencilla posible, de modo que facilitase la reducción del número de instancias de gobierno y la simplificación de los procesos burocráticos.

BUROCRACIA INTENCIONADA
12. En las universidades españolas los procesos burocráticos se hacen cada vez más complejos intencionadamente, con el fin de facilitar la consolidación de los grupos de profesores y sus redes de funcionarios subalternos que pretenden consolidar su dominio y control de la institución, al mostrarse como los únicos seres capaces de entender y manejar la complejidad de unos procesos que ellos mismos complican y crean (Galindo Lucas, 2010).
13. Los sistemas de gobierno y administración de las universidades públicas españolas son innecesariamente complejos, redundantes, costosos e ineficaces y están absorbiendo cada vez una parte mayor de los recursos de las propias universidades.
El control de esos costosos sistemas y de los recursos que exigen es a su vez la clave para lograr simultáneamente el control de la institución y la administración de sus recursos económicos de forma cada vez más patrimonializada por parte de las oligarquías académicas nacientes.
14. El proceso de patrimonialización de las universidades públicas españolas se intenta llevar a cabo en nombre de un supuesto desarrollo económico y apelando a la racionalidad tecnológica de un modo metafórico. Sin embargo, tras esas falsas apelaciones lo que en realidad se oculta es un proceso real en el que el interés económico de las universidades se ve claramente perjudicado, como ponen de manifiesto sus escandalosos procesos de endeudamiento, a la vez que cada vez se contribuye menos al logro del bien común en los campos social, político, artístico o propiamente moral, buscándose únicamente la perpetuación y expansión incontrolada de cada institución.
15. En la justificación de todo este proceso de patrimonialización de la universidad pública, consentido e incluso favorecido por el Gobierno español y por sus autonomías, se ha llegado a crear un discurso que roza el ridículo, según el cual el futuro de toda la economía de España dependerá del desarrollo del I + D + i, sin que se aporte nunca ningún tipo de cálculo económico verosímil y confundiendo siempre la realidad económica con el interés académico de los profesores, como, por ejemplo, cuando se mide la riqueza científico-técnica de un país por el número de artículos que sus profesores son capaces de escribir.
16. La complejidad normativa, la gran acumulación de poder en manos de algunas personas y sus cada vez más amplios márgenes de acción han conseguido que se haya desarrollado un proceso global de deslegitimación de la autoridad y la legitimidad académicas que ha traído como consecuencia la notoria falta de participación de profesores, PAS y sobre todo estudiantes en toda esta complejísima trama institucional aparentemente participativa, pero que puede ser manejada con cada vez más facilidad por cada vez menos personas.
La educación, la ciencia y la cultura no son en el discurso político español, sea cual sea su color, un bien valorado por sí mismo, y no tienen valor alguno si no se les puede relacionar con un desarrollo económico definido en el terreno de la macroeconomía: PIB, empleo, paro.
Se exalta el valor de la educación y la investigación sólo cuando se las puede presentar a la opinión pública como motores mágicos de la transformación de la realidad social y económica −en nombre de la imaginaria economía del conocimiento−, que en esos discursos no es más que la mera economía imaginaria de los profesores. Y se apela al valor de la ciencia como conocimiento o de la cultura en sí no porque se piense que puedan tener un valor por sí mismas, sino porque se las considera también como una inversión o un recurso para lograr más desarrollo económico −como por ejemplo cuando se habla de la lengua española como parte del PIB, en boca del presidente de su Academia−, o como un elemento más de una posible propaganda electoral en la que las inversiones en cultura de un partido o un Gobierno son una marca de su distinción y excelencia, una buena muestra de su preocupación por algo cuyo valor nadie parece querer ser capaz de entender.
La reconstrucción de la universidad pública española debe pasar no sólo por la creación de un nuevo marco legislativo, que no se quiere abordar intencionadamente porque carcomer el ya existente es el único modo de lograr la consolidación del poder de hecho de las minorías, sino por la crítica de todo el discurso sobre la ciencia, la educación y la cultura que ha impregnado el discurso político y académico y con el que se ha conseguido intoxicar a una opinión pública cada vez más pasiva, desarmada e inerme.

 
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