El Otro País de este mundo

  Entre los días 8 y 12 de noviembre, se celebró en la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda, el X Congreso Internacional Nuestro Patrimonio Común, que ha tenido como título, “1810-2010”: Revolución. Independencia y ciudadanía. Los desafíos del mundo contemporáneo”. Entre los organizadores se encuentran la Asociación de Historia Actual, el Grupo de Estudio de Historia Actual de la Universidad de Cádiz; la propia Universidad de Cádiz, la Université Paris Ouest y la Fundación Casa Medina Sidonia, donde se celebraron las sesiones.
  El profesor venezolano Jesús Peña Cedillo, de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela, actuó como moderador en la sesión “El lenguaje de la Revolución: de 1789 a 1989”, y como ponente, en la sesión “De la soberanía nacional al poder popular”. El título de su ponencia resultó más que sugerente, “Evolución de la construcción del Poder Popular en la República Bolivariana de Venezuela”. Sobre este aspecto estratégico de la Revolución Bolivariana pudimos preguntarle para El Otro País.

P- Construir Poder Popular, siempre ha sido un objetivo de los procesos revolucionarios contemporáneos, ¿Cómo se plantea en su país?

R- Hay que comentar, en primer lugar, que Venezuela es un caso singular, puesto que, en el marco de un Estado representativo tradicional, se vienen construyendo poderes alternativos que están, por definición, destinados a suplantar a ese mismo Estado. Al mismo tiempo, en Venezuela se plantea la edificación de una nueva sociedad, asociada irremediablemente a ese nuevo “poder popular”, y que se define como una sociedad socialista; entendiendo el socialismo en un sentido claramente anticapitalista, no socialdemócrata.
  Es importante destacar el contexto en que estos procesos se están dando. Desde 1998, año en el que se produce la primera victoria electoral del movimiento político bolivariano, en el país no hemos dejado de asistir a multitud de procesos electorales y plebiscitarios, en todos los cuales se ha respetado escrupulosamente la voluntad del pueblo venezolano. Me gustaría resaltar, por su trascendencia en los acontecimientos por los que hemos estado transitando y transitaremos: la Asamblea Constituyente y la aprobación de una nueva Constitución (1999); la renovación de todos los poderes del Estado (2000); el Referendum Revocatorio, que se convirtió en Reafirmatorio del mandato Presidencial (2004) y las elecciones Presidenciales de 2006. Hemos asistido a otros muchos procesos eleccionarios a niveles regionales, municipales, dos elecciones legislativas y dos plebiscitos que tuvieron como objetivo reformar algunos aspectos de la Constitución Bolivariana.
  Este trayecto no ha sido fácil. En el camino asistimos a un golpe de Estado en 2002, que duró 47 horas, y al sabotaje petrolero de 2002-2003. Sin la existencia de ciertos niveles de “poder popular”, aunque muy instintivos y primarios, la superación de los golpismos de todo tipo y las victorias electorales serían incomprensibles; también serían incomprensibles sin el fuerte liderazgo del Presidente Chávez.

P- En un mundo en el que sigue primando el individualismo, la competitividad y el mercado, la construcción de “poder popular” pudiera parecer un anacronismo…

R- Cierto. Pero el hecho de que para la ideología dominante pueda parecer un anacronismo no significa que no sea una necesidad histórica urgente. Urgente no sólo desde el punto de vista de la práctica histórica sino también desde el punto de vista de la teoría política. El fenómeno adquiere así una doble complejidad.
  Desde la teoría política, debemos enfrentarnos a dos corrientes de pensamiento que, partiendo de bases en apariencia distinta, confluyen en la negación del “poder popular”. Me refiero a las teorías de Luhmann sobre “la autonomización de los sistemas políticos”; y a las de Negri y “la multitud” como alternativa. De modo resumido, para Luhmann, la complejidad de los sistemas sociales exige la división de los mismos en subsistemas especializados, para garantizar la eficiencia de la acción política. A partir de allí se postula la paulatina autonomía que debería ir adquiriendo el ámbito político, su apropiación por los políticos ‘profesionales’ (como la mejor y más eficiente alternativa a la complejidad) y la no participación del ciudadano común, no como un problema para la democracia, sino –¡oh, paradoja!-, como expresión de su libertad individual.
  Para Negri, la alternativa es la multitud (compuesta por singularidades que no deben integrarse). Sin negar la cooperación para la acción colectiva en un determinado momento, su propuesta es un llamado a lo que podríamos denominar, desorganización multitudinaria. Se postula la existencia de un actor político poderoso, un movimiento auténticamente anti-sistema, pero que niega cualquier liderazgo y cualquier propuesta de organización.
Queda claro que, partiendo de cualquiera de estas dos visiones se hace imposible un proceso de construcción de “poder popular”.

P- ¿Y entonces?

R- Frente a estas dos visiones sobre la dinámica de los procesos políticos, nosotros defendemos que en toda sociedad se dan procesos de conflicto y construcción de hegemonía entre distintos sectores sociales; y es allí donde se encuentra el verdadero sustrato del cambio social. En el caso de Venezuela, importantes capas de la población han convergido en definir el cambio social deseado como el socialismo (y es importante repetir: un socialismo claramente anticapitalista). Hoy vivimos en un proceso complejo de transición hacia ese socialismo. Y aquí entroncamos con otras visiones, con otros modos de ver el mundo, con otras cosmovisiones.
  En mi intervención pudiste escuchar el rescate de análisis y argumentaciones que nos llegan de la mano de Bourdieu y Gramsci. Desde estas perspectivas, la sociedad está constituida por subconjuntos de actores sociales asociados porque realizan prácticas sociales similares y porque tienden a asumir decisiones que los hacen compartir visiones del mundo y estilos de vida. El fenómeno que los unifica es la posición que ocupan en relación al capital simbólico, económico, social y cultural. Se definen, por tanto, por la posición relativa que les confiere mayor o menor poder en la definición de las percepciones acerca del mundo. Por tanto, lo que está en juego no es el simple control del aparato productivo, sino la capacidad de conferirle un sentido particular a la vida social, de construir un relato acerca del mundo y naturalizarlo.
  Es decir, estamos hablando de que en toda sociedad existe una permanente lucha por la construcción o el mantenimiento de la hegemonía acerca de lo que debe considerarse o venderse o reproducirse como el ‘mundo social natural’, que por supuesto no es nada natural, sino una construcción histórica que refleja dónde se encuentra el poder, quienes detentan la hegemonía.

P- Estuviste planteado dos aproximaciones al “poder popular” que entiendo no son contrapuestas sino complementarias.

R- Así es. Podemos entender el “poder popular” como la capacidad de los ciudadanos para ejercer directamente la soberanía. Es el reconocimiento de un poder constituyente que no nace del sufragio ni de elección alguna, sino que surge de la condición de los grupos humanos organizados como base de la población. Se expresa a través del autogobierno en comunidades, comunas y ciudades. De otro lado, podemos – y debemos-,  entender el “poder popular” como la capacidad de los grupos sociales usualmente explotados y excluidos para actuar social, económica y políticamente con autonomía (e incluso en contraposición) en relación con otros componentes de la sociedad.
  En cualquier caso, lo característico del “poder popular” es que se enfrenta a las formas de democracia representativa, que pervierten en la práctica los procesos democráticos usuales de control, responsabilidad y toma de decisiones; ocultando los intereses que prevalecen a la hora de decidir; reduciendo la participación de la población a actos efímeros de emisión de votos cada tantos años. Y, de otro lado, dicho poder se expresa a través de mecanismos de democracia directa o participativa, que implican reconocer y poner en acción la capacidad permanente de los ciudadanos para la toma de decisiones sobre todos los temas de la vida pública, y para que los mismos puedan controlar el desempeño y revocar los mandatos de cualquier autoridad constituida.
  Para el proyecto que defendemos, “poder popular” significa ejercicio directo de la soberanía y autogobierno en las comunas, comunidades y ciudades. Para nosotros el “poder popular” no es, por tanto, una división, nivel o rama particular del poder del Estado, sino un principio rector que debe definir al Estado democrático y a la sociedad, por tanto no debe concebirse limitado a los niveles más locales de gobierno, y privado de incidencia en la conducción de los asuntos fundamentales de la República.

P- Imagino que para llevar a cabo este fin se han considerado algunas experiencias históricas.

R- Por supuesto que no comenzamos a construir esta experiencia en el vacío, sin tomar en consideración otras experiencias de las que podemos aprender, no para copiar modelos sino para buscar raíces, análisis críticos y hasta la idiosincrasia del pueblo venezolano.
  Entre ellas podemos comentar la experiencia de la Comuna de París, llegando a la experiencia soviética, sobre todo mirando su primera etapa con la construcción de los soviets. Y, mirando en nuestros orígenes, todas las experiencias que nos llegan de la resistencia de los pueblos indígenas y las cimarronerías.
  En la Venezuela del siglo XXI, en este período de refundación de la República y de construcción de un nuevo modelo económico, político, social y cultural, también hemos acumulado prácticas sobre las que iniciar un debate y análisis crítico y autocrítico.
  Una de las primeras experiencias la representaron los Consejos Locales de Planificación Pública; experiencia que en estos momentos será renovada y relanzada, en conjunto con los más recientes avances (en diversos estados de desarrollo), con los Consejos Comunales, las Comunas, la incorporación de estos entes en el Consejo Federal de Gobierno, la futura Federación de Consejos Comunales, la organización del Pueblo Legislador, la aprobación de una nueva Ley que impulsará la Contraloría Social y, en definitiva, la cobertura que se le dará al Poder Popular como Poder Constituyente, frente a los poderes constituidos tradicionales.

P- ¿Cuál sería la definición de los Consejos Comunales?

R- Según la Ley de 2006, “son instancias de participación, articulación e integración entre las diversas organizaciones comunitarias, grupos sociales y los ciudadanos y ciudadanas, que permiten al pueblo organizado ejercer directamente la gestión de las políticas públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades y aspiraciones de las comunidades en la construcción de una sociedad de equidad y justicia social”. Hasta ahora ha estado conformado por tres instancias: un Órgano Ejecutivo, la Unidad de Contraloría Social y la Unidad de Gestión Financiera (Banco Comunal).
  El Consejo Comunal debe cumplir ciertos objetivos: articular organizaciones presentes en la comunidad para determinados fines; elaborar planes de trabajo para solventar los problemas de la comunidad que puedan ser resueltos con recursos propios y evaluar sus resultados. Elaboración de proyectos que exijan por sus costos ir al presupuesto participativo o a otras instancias de financiamiento; así como ejercer un control social en todas y cada una de las actividades públicas que se desarrollan en el nivel comunitario.
  Con mucha probabilidad, se les asignarán cada vez más atribuciones destinadas a que quede clara su incidencia más allá de los asuntos locales y puedan actuar (asociados) en asuntos del ámbito nacional.

P- Resulta curioso que este complejo proceso se esté produciendo, ya sabemos que no sin sobresaltos, a través de Leyes aprobadas por la Asamblea Nacional.

R- Es la vía que hemos decidido hasta el momento. Es lo que señalamos al comienzo: el poder constituido está abriéndole paso al poder popular; algo inédito, no sabemos si solo temporal y no necesariamente repetible en otros contextos. Lo cierto es que ante eventualidades electorales adversas, el piso legal (en el mundo de la república tradicional) de los órganos del poder popular es cada vez más sólido.
  La Ley exige, por ejemplo, que el Poder Nacional, los Estados y los Municipios descentralicen y transfieran a las comunidades organizadas (Consejos Comunales, Comunas y otros entes del Poder Popular), múltiples atribuciones: deben transferir servicios diversos (vivienda, cultura, deportes, programas sociales, ambiente, mantenimiento, construcción de obras, prestación de servicios públicos, etc.); igualmente deben abrirse los espacios de participación en la gestión de las empresas públicas, y más en general en los procesos económicos, estimulando la economía social y el desarrollo endógeno sustentable. De igual manera, las comunidades organizadas deben ganar corresponsabilidad en la gestión pública de los entes constituidos.
  Cinco nuevas leyes están por ser aprobadas para darle mayor coherencia a todos estos aspectos: Ley Orgánica del Poder Popular, Ley Orgánica de las Comunas, Ley Orgánica de la Economía Popular, Ley Orgánica de Planificación Pública y Ley Orgánica de Contraloría Social.

P- Qué retos y conflictos se han planteado en este proceso?

R- Son varios y de distinto carácter. De un lado surge el reto de superar tendencias que limiten el proceso a la gestión local, donde puede adquirir un carácter “no político”. También superar la atadura territorial, que convertiría a estas expresiones en “micropoderes”, ajenos a lo nacional. Otros retos y conflictos nos llegan de las reales posibilidades de que el proceso se pervierta a través de la cooptación por el poder establecido. Y, por último, el mayor reto es la inserción del “poder popular” como esencia  del objetivo estratégico de construcción de un proyecto nacional anticapitalista.
Por supuesto, un proyecto de la naturaleza descrita, por lo que representa como alternativa al capitalismo, tiene también retos internacionales ingentes, no siendo el menor de ellos defenderse de quienes lo adversan a muerte desde todas las latitudes.

P- Por último, profesor Peña, ¿qué cosas le quedan por hacer durante los días que esté entre nosotros?

R- Cumplido el trabajo académico, aquí, en Sanlúcar, marcho para Granada. Allí estoy invitado a participar en una actividad sobre este mismo tema, organizada por la Plataforma Simón Bolívar de Granada y la Asociación de Amistad Granada-Cuba “Nicolás Guillén”. Un espacio que agradezco, pues me permite compartir preocupaciones, análisis y debates con los miembros del movimiento de solidaridad con Venezuela y con todas aquellas personas que se acerquen.
  Pocos días después de realizada esta entrevista, un grupo de congresistas y senadores (republicanos y demócratas) de los EE.UU., se reunían en el Capitolio (no sabemos hacia dónde miraba el Premio Nobel de la Paz, Obama), con un grupo de ladrones, terroristas, genocidas  y prófugos de la justicia de varios países latinoamericanos, para elaborar un documento, “Peligro en los Andes”, en el que sin ningún tipo de artilugios ni metáforas, se alienta y se avala una nueva campaña de agresión contra Venezuela y los países del ALBA.
  Horas más tarde, la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, aprobaba el “Manifiesto en Defensa de la Patria         Antiimperialista”; tras lo cual, el Presidente Chávez convocaba, en el Salón Elíptico del Palacio Legislativo, en Caracas, a todos los poderes del Estado, incluido el Poder Popular. Sus palabras fueron claras: “Radicalizar posiciones y consolidar la Unidad Revolucionaria para enfrentar la amenaza imperial”. Al día siguiente, el canciller Nicolás Maduro llegaba a Guyana para asistir a una sesión especial de UNASUR. En sus primeras declaraciones afirmaba, “Frente al enloquecimiento de la ultraderecha y de los planes anunciados de incrementar las acciones de agresión, conspiración y desestabilización de los procesos democráticos, de transformación popular que viven nuestros países, el mejor antídoto es consolidar la unión, nuestras organizaciones, el ALBA, UNASUR, la unión económica, social, cultural y política de la región”.