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El Otro País absuelto

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Se archiva la denuncia del ex director de un centro penitenciario contra nuestro periódico

Gerardo Martín Morales

  El pasado mes de noviembre nos ha sido notificada Sentencia de la Audiencia Provincial de lo Penal de Madrid, Sección Séptima, revocando la dictada por el Juzgado de lo Penal nº 10 de Madrid y absolviendo a María del Mar Villar Haya, a nuestro compañero Manuel Doblado Helgueras como responsable civil directo y solidario y a “El otro País de este Mundo” como responsable subsidiario.
Los antecedentes del pleito se remontan al mes de febrero de 2003, cuando nuestro periódico, en su Sección Cartas al Director, publicó la carta  que remitió María del Mar, hoy día ex compañera de Juan José Garfia, denunciando públicamente a Tomás J. Montes Pastor, por esas fechas Director del centro penitenciario de preventivos de Picassent, Valencia.
  En la primera sentencia, dictada por el Juzgado de lo Penal nº 10 de Madrid, la Juez María Sánchez Rivero estimó que la carta publicada bajo el título “Los presos son víctimas de sus noticias” conllevaba un manifiesto desprecio a la verdad, con el ánimo de atentar contra el honor del referido Director de la prisión, considerando calumniosas, según se relata en los Hechos Probados, entre otras, las siguientes frases de la carta: “La última ha sido apropiarse de ciento ochenta mil pesetas que le tuve que ingresar (a Juan José, su marido en esas fechas, preso en Picassent) para la compra del ordenador”  “…una persona tan polivalente como él, (el Director) puede recibir otros nombres; desde carcelero o censor y apropiador de bienes ajenos…” “…mientras llega ese momento, seguirá creando problemas por doquier, enviando a sus secuaces a amenazar, con palizas y pateos, a quien no se atenga a sus deseos”.En realidad, como declaró Juan José Garfia en el juicio oral, su anterior ordenador quedó inutilizado e inservible después de un “minucioso cacheo”, estando en aislamiento,  por lo que se quedó sin su única herramienta para escribir sus artículos de prensa, realizar los trabajos para sus estudios universitarios y, principalmente, para colaborar y revisar el guión de la película “Horas de luz”,  basada en su vida, que dirigió Manolo Matji y que saca a la “luz” el experimento de los FIES: reunir a los presos más conflictivos en un régimen especial de aislamiento, donde Juanjo “vivió” dos años sin ver a nadie, recluido en una celda minúscula y sometido a continuas vejaciones. Evidentemente, nada de lo que hace o escribe pasa desapercibido y a Instituciones Penitenciarias no le interesa que se descubran sus nuevos “métodos”  tipo Guantánamo.

DESPIDO Y DENUNCIA JUDICIAL

  Juanjo, para reclamar que le entregasen el ordenador pagado en 2001, tuvo que hacer varias huelgas de hambre y ser trasladado a la prisión de Huelva, donde,  después de casi dos años, le fue entregado por fin el nuevo ordenador. Por cierto María del Mar, funcionaria de prisiones, protesta por la situación de los presos y es despedida, pero sus denuncias consiguen cerrar el módulo de aislamiento.Pues bien,  la sentencia del Juzgado de lo Penal condena a María del Mar Villar, como autora de un delito de calumnias, a la pena de diez meses de multa a razón de 8 euros diarios, (2.400 €), a Manuel Doblado Helgueras, en esas fechas (2003) presidente de “El otro País de este Mundo Sociedad Cooperativa” a indemnizar a Tomás Montes Pastor, por el menoscabo causado a su honor, en la cuantía de 4.000 euros, como responsable civil, directo y solidario y subsidiariamente a la Cooperativa.No vamos a negar que la reciente sentencia de la Audiencia Provincial, que revoca la sentencia apelada del Juzgado de lo Penal nº 10 y absuelve a María del Mar del delito de calumnias del que venía siendo acusada, y por tanto a Manuel Doblado y a “El otro País” del pago de la indemnización, es una buena noticia (pocas alegrías tenemos en estos tiempos), pero siempre queda el sabor agridulce por el pésimo funcionamiento de la Justicia, cada vez más retrógrada, partidista, parcial y represora (la sentencia de la Audiencia sólo nos indica que el proceso al que han sido sometida María del Mar fue totalmente arbitrario y sin fundamento legal alguno).  
  ¿Se ha hecho justicia? Dicho ello en el sentido más amplio de la palabra justicia, que poco tiene que ver con la aplicación de las leyes, cada vez más irracionales y represivas y no sólo en el ámbito penal. La respuesta tiene que ser rotunda: No. Como mucho, se rectifica una  demencial e injusta sentencia.

RESOLUCIONES DISPARES

  Lo justo, en todo caso, habría sido, como hizo el Juzgado de Instrucción nº 2 de Picassent ¡¡¡en marzo de 2003¡¡¡ ante otra denuncia por la publicación de una carta similar de María del Mar en el periódico Kalegorria, su archivo por no ser los hechos constitutivos de infracción penal alguna, al limitarse María del Mar, a través de la carta publicada a relatar la secuencia de hechos que sucedieron en relación con la adquisición y uso de un ordenador por parte de su compañero, siendo su ánimo el de informar, acogiéndose a su derecho fundamental a la libre expresión de pensamiento, ideas u opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción y el derecho a comunicar o recibir libremente información, ambos derechos reconocidos en el artículo 20 de la Constitución, tan aplaudida, ensalzada, alabada y bendecida  por las “fuerzas democráticas” monárquicas y españolistas.
  Lo sorprendente es que, ante dos denuncias y cartas idénticas los Juzgados, dicten resoluciones tan dispares. En uno de ellos, Picassent,  la más racional e inmediata, como fue el archivo de la denuncia. Sin embargo, en el de Madrid se han tenido que agotar las instancias para que impere la razón (la ley no impera, se impone) y finalmente se proceda a dictar sentencia absolutoria, pero por el camino queda el agotamiento de los imputados ante lo injusto, los años de procesos con todo tipo de dilaciones indebidas (los hechos tienen su origen en febrero de 2003), la satanización de la procesada, las injusticias sufridas e irregularidades manifiestas, ya que se le abrió expediente administrativo con una causa penal abierta y ha sido desposeída de su condición de funcionaria,  la coacción  a EL OTRO PAÍS intentando, lo que nunca lograrán, que por miedo a los tribunales se puedan autocensurar hasta las cartas al director.
  En fin, ¿la sentencia de la Audiencia repara el daño? No. Ni por ella vamos a creernos que los Tribunales  garanticen una opinión pública libre, sin trabas que la coarten o cercenen injustificadamente. En la práctica, la Administración de Justicia viene “ejecutando” las políticas represoras del Gobierno que, en materia penal, son muy claras: penalizar y judicializar hasta el absurdo al menos a aquella parte de la sociedad que no traga este “sistema”. Y, ojo, de seguir así, como en la película, todos (los antisistema) a la cárcel. Ya se admite como obvio (para ellos) condenar a las personas por sus ideas y/o militancia, pero van más allá, se mete a gente en la cárcel por “delinquir” contra la propiedad industrial, o lo que es igual, nuestros gobernantes, se llamen socialistas o populares, no tienen escrúpulo alguno a la hora de defender su “régimen”.