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Hacia la III República

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   Tareas pendientes frente a un marco constitucional que hace aguas

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  Treinta y un años después de la promulgación de la Constitución, el engranaje político e institucional definido por la Transición se desmorona a ojos vista. El monolítico mensaje de los grandes medios de comunicación, empeñados a diario a consagrarla como columna vertebral de la “democracia” y a rodear a la monarquía de un muro impenetrable de legitimación, se derrumba ante una opinión pública que, según las encuestas realizadas y publicadas por ellos mismos, clama mayoritariamente por su reforma. Los datos son clamorosos: el 84% es partidario de cambios, según los datos de El País; una amplia mayoría, el 61 %, se pronuncia favor de un referéndum para decidir entre monarquía y república, y el 56% es partidario de eliminar el papel preponderante de la Iglesia católica, según Público.
  El abismo entre la calle y las instituciones es mayor que nunca.
  La situación política está marcada por la agudización progresiva de todos los problemas que no resolvieron ni la Transición, ni todos los gobiernos que se han sucedido. Dos grandes asuntos la caracterizan: las dimensiones devastadoras de la crisis económica del capitalismo español, en el marco de una crisis sistémica, sin perspectivas de futuro, y la agudización sin precedentes de los conflictos por los derechos nacionales de los pueblos, especialmente del conflicto vasco.

CRISIS Y LUCHA DE CLASES
  Por ahora, en el terreno económico, la estrategia de las clases dominantes y de las fuerzas políticas que las representan, de forma especialmente útil el PSOE, avanza sin grandes obstáculos gracias a la impagable labor de contención de CC.OO. y UGT que, en medio del desastre que viven millones de trabajadores, siguen pregonando la paz social como la solución. La última muestra es la convocatoria de manifestación estatal en Madrid del pasado 12 de diciembre “Por el diálogo social”, en la que no denunciaron medidas ni responsabilidad alguna del Gobierno, hasta el punto de que el PSOE anunció su apoyo a la citada manifestación.
  manifestacin_republicana.jpgComo analiza el sindicato CO.BAS en un excelente comunicadoi, sobran razones para salir a la calle contra la crisis, contra el Plan de la CEOE y contra un gobierno que habla de proteger a los pobres y gobierna para los ricos, pero no hay una sola razón para manifestarse a favor de un diálogo social que ha sido la ruina de la clase obrera, porque es evidente que la del 12 D fue una manifestación de apoyo a una nueva contrarreforma laboral. La cadena que atenaza a la clase obrera y a las clases populares es una izquierda institucional doblegada ante el gobierno PSOE y que no osa despegarse un ápice, como repiten machaconamente los dirigentes de IU y del PCE, de las “centrales sindicales de clase”, cuando hace mucho tiempo que las mismas sirven de forma privilegiada precisamente a sus enemigos de clase.
  La situación general que se vive en cada empresa y en cada sector en lucha es una mezcla de indignación e impotencia ante la actuación por parte de las burocracias correspodientes, a veces sutil y a veces violenta. Los ejemplos son incontables: SINTEL, SEAT, TELEFÓNICA, la reciente huelga del metal en Sevilla, la huelga estatal de la administración de Justicia, la privatización de la sanidad en Madrid, la enorme cantidad de EREs firmados por los sindicatos con beneficios empresariales.
  No todo son derrotas. La lucha de los metalúrgicos gallegos, de la TMB barcelonesa, las protestas de los jornaleros andaluces, las asambleas y marchas de los parados, o la última huelga general en Euskadi muestran que hay dónde apoyarse para luchar e impedir que la crisis acabe por hacernos retroceder a condiciones de hace más de un siglo, porque esa es la única “salida” concreta a la crisis que nos preparan.
  Apoyar cada lucha, ¡que nadie se sienta solo en la pelea!, construir la unidad de acción con todas las organizaciones que se oponen a la burocracia sindical y rechazan la nueva reforma laboral que se prepara, en el camino de reorganizar el sindicalismo de clase, combativo y democrático, es la única salida.

FRENTE A LA PATRONAL Y EL GOBIERNO
 Sólo en la realidad y en la acción se puede destruir ese enorme poder económico y político, cultural y mediático, que se erige precisamente sobre la claudicación y la complicidad de los supuestos representantes de los intereses de la clase obrera y de los pueblos. Para ello no hay atajos, sólo el trabajo organizado en cada centro de trabajo, en cada barrio y en cada pueblo -para mostrar el desastre a que nos lleva el entreguismo de las burocracias sindicales-, de apoyo a las luchas concretas, de reforzamiento de organizaciones independientes de los gobiernos y de la patronal y de búsqueda de la unidad, conseguirá que la brutal guerra social que se prepara para destruir cualquier resistencia e imponer lo que en otras épocas consiguió el capital en crisis, mediante guerras, no se imponga.
  La muestra más evidente del agotamiento del régimen político de la Transición es la absoluta incapacidad para servir de cauce a la voluntad de soberanía de los pueblos del Estado español, especialmente agudizada en Cataluña y en Euskal Herria. En el caso de Cataluña, la experiencia de un Tripartito de “izquierdas” con políticas imposibles de diferenciar de gobiernos anteriores, privatizaciones, aceptación de EREs y deslocalizaciones, incluidas las de “orden público” dirigidas por Iniciativa per Catalunya y que ve caer su expectativa de voto mientras se ve envuelto en gravísimos casos de corrupción, es paradigmático del agotamiento de un modelo. Buena cuenta de ello da la escalada de referéndums en los que el pueblo catalán está expresando sus deseos de independencia, justo en el momento en el que todo indica que la próxima sentencia del Tribunal Constitucional recortará gravemente una reforma del Estatut votada por el 92% de la ciudadanía. La claridad meridiana con que este hecho mostrará a todas luces los intolerables límites del aparato jurídico constitucional presagia un cataclismo institucional al que se refería el presidente Montilla aludiendo a la capacidad del Tribunal Constitucional para crear independentistas.

REPRESIÓN DE LA IZQUIERDA ABERTZALE
  Pero es sin duda la brutal represión de la Izquierda Abertzale, ejercida mediante un repetido engranaje que incluye: la acusación por parte de la extrema derecha contra personas y organizaciones de pertencer al “entorno de ETA”, la orden de detención y el proceso de ilegalización orquestado por un juez de la Audiencia Nacional, y la ejecución de la misma por el Ministerio del Interior, la que con más claridad pone de manifiesto la continuidad de los aparatos del Estado con el régimen de la Dictadura.
  detenidos.jpgEl rechazo por parte de sectores muy importantes del pueblo vasco de la Constitución y del Estatuto de Guernica, su No en el Referéndum de la OTAN, las dimensiones de la lucha obrera y popular y el alto grado de respaldo electoral logrado por la izquierda abertzale, expresan – a diferencia de lo ocurrido con la izquierda política y sindical en el Estado español – la persistencia de la identidad nacional vasca, su voluntad de soberanía y el desarrollo, aún en las condiciones más difíciles, de su denso entramado político, social y cultural.
Contra ello se estrella, una vez tras otra, la red de la represión, legislativa y policial, que, articulada sobre la Ley de Partidos, cada vez debe inventar medidas más sofisticadas y brutales para intentar doblegar la voluntad del pueblo vasco. Las declaraciones de Rubalcaba autocalificándose de heredero de 50 años de lucha contraterrorista y afirmando que la Izquierda Abertzale (IA) no volverá a las instituciones, aunque condene la violencia de ETA, desvelan las verdaderas razones de la persecución: acabar con la expresión política de la voluntad de independencia y socialismo.
  Todo indica que, pese a la dureza de la represión, esa estrategia de la que forma parte destacada el gobierno del PSE, apoyado por el PP, puede estar teniendo un efecto boomerang. Las últimas detenciones, las llevadas a cabo en la sede de LAB y las de los 34 jóvenes de SEGI, no han podido ocultar ante el pueblo vasco que lo que se quería abortar precisamente era la propuesta exclusivamente política de la izquierda abertzale, desencadenando una solidaridad expresada en la calle de enormes dimensiones. Estas importantes movilizaciones, que tuvieron su precedente inmediato en la huelga general convocada el 21 de mayo pasado, se están acompañando de tomas de posición por parte de otras fuerzas políticas y sindicales vascas favorables a escenarios como los que pretende abrir la Propuesta de Altsasu y que se ha visto facilitada por la percepción de éstas de que el esperpento españolista más rancio es la única alternativa a la liquidación de la IA.

DIALÉCTICA ENTRE REPÚBLICA Y DERECHO DE AUTODETERMINACIÓN
  La lucha por acabar con el régimen monárquico impuesto por la Transición y con todo el entramado de las clases dominantes que sobre él se sustenta es estratégica, porque se hizo para consumar una doble derrota: la de los pueblos del Estado español tras la guerra civil y la del potente movimiento obrero y popular construido en la lucha contra la Dictadura.
 La traición mas fuerte a los pueblos del Estado español perpetrada en la Transición fue la imposición de la monarquía. Por un triple motivo:
  El rey designado por Franco encarna la perpetuación del dominio de las clases dominantes vencedoras de la guerra civil, y de sus aparatos de Estado.
Su aceptación implica la ruptura con la indispensable continuidad de las luchas emancipatorias y, muy especialmente, con el tesoro de dignidad que nos legaron quienes se dejaron la vida y la juventud en la lucha contra el fascismo en el campo de batalla, aquí y al lado de otros pueblos europeos, en el exilio, en las cárceles, en las cunetas en ejecuciones extrajudiaciales y en los asesinatos perpetrados por fuerzas represivas y grupos fascistas.
  Su papel constitucional de jefe de las fuerzas armadas. Éstas, a su vez, garantes de la unidad de España, erigen al rey en símbolo supremo del nacionalismo español más arcaico y, por ello, máximo baluarte frente a los derechos nacionales de los pueblos del Estado español.
  La consecuencia es que la lucha por la República es, efectivamente, estratégica, y que sin la fuerza de la memoria de quienes nos precedieron, que con tanta saña como inteligencia pretendieron y pretenden extirparnos, no seremos capaces de reconstruir nuestras organizaciones de clase y de pueblos soberanos.

LEGITIMIDAD Y ERRORES E LA II REPÚBLICA
  El asunto que planteo es si la lucha por la III República, es decir, por una República del Estado español, federal o confederal, y continuadora de la II, es la formulación adecuada.obrero_en_lucha.jpg
Que asumamos la enorme legitimidad histórica de la II República, no quiere decir que ignoremos errores o asuntos inconclusos. Por ejemplo, la insensibilidad del Gobierno del Frente Popular frente a la legítima lucha antiimperialista de los pueblos de las colonias africanas fue el caldo de cultivo que bien aprovechó Franco. Son hechos reales las dificultades para la aprobación de los Estatutos catalán, vasco y gallego, no llegando a consumarse los dos últimos, fruto de enormes tensiones entre el nacionalismo español republicano y los deseos de autogobierno de las nacionalidades históricas de los que participaban ampliamente las organizaciones obreras, incluidas de forma destacada las comunistas.
   Más allá de la historia de la II República, hay un hecho innegable. La identidad nacional y la reivindicación del Derecho de Autodeterminación ha servido en las nacionalidades históricas, incluida Andalucía, con el ejemplo del SOC-SAT, como elemento de resistencia y dique de contención frente a la debacle política, sindical y de los movimientos populares en el resto del Estado español. Este hecho toma proporciones mucho mayores en Euskal Herria, donde el rechazo al régimen de la Transición y su reivindicación de Independencia y Socialismo ha servido para mantener la continuidad histórica de la lucha y de sus organizaciones.
  Estos hechos, a mi juicio incontestables, a los que habría que añadir realidades que desconozco más como la del pueblo canario, cántabro, asturiano, etc, no suponen que se puedan crear artificialmente “identidades nacionales” en otros lugares del Estado.
  Uno de los elementos claves que muestra la insostenibilidad del marco constitucional de 1978, sin duda agudizada por la crisis económica y por las fuerzas centrífugas que alimenta en sectores de la burguesía, es su incapacidad para dar respuesta a la voluntad de soberanía de los pueblos.
La tesis que planteo tiene dos vertientes que son inseparables:
  El análisis objetivo de la realidad y el pánico desatado en los aparatos del Estado por Iniciativa Internacionalista ha mostrado, con claridad meridiana, que no es posible construir una alternativa política real que no plantee como dos caras de la misma moneda la emancipación de la clase obrera y los derechos nacionales de los pueblos del Estado español, frente al régimen surgido de la Transición y a sus aparatos de Estado como instrumentos de dominación en ambos campos.
La lucha por la República, que además de su legitimidad histórica, aporta elementos de identidad popular y de memoria indispensables para la continuidad en la resistencia y en la lucha emancipatoria, no puede obviar la realidad, ni la legitimidad de la lucha por la independencia de los pueblos del Estado español, ni su valor para quebrar la identidad españolista, clave en el aparato ideológico de las clases dominantes.
  En consecuencia, hablar de III República, no así de la República a secas, supone relegar el derecho de los pueblos del Estado español a sus legítimos objetivos de independencia. Además, introduce una discusión que calificaría de absurda, por extemporánea, acerca de qué será primero si el ejercicio concreto del Derecho de Autodeterminación o la República, sino fuera porque su mismo planteamiento nos aleja del objetivo central común: acabar con el régimen de la Transición monárquica.
  Las conclusiones, mientras tanto, son claras:
- La situación de crisis política y económica muestra que las clases dominantes y sus representantes políticos están ante una situación extrema, en la que los colchones de legitimidad desaparecen y su única posibilidad es acentuar la represión y la explotación.
- En Euskal Herria, su incapacidad para la propuesta política se resuelve arreciando en lo único que es capaz de ofrecer, la represión.
- La impunidad con la que actúan es precisamente posible por el éxito conseguido en levantar un muro entre la lucha del pueblo vasco y las luchas obreras y populares en el resto del Estado.
- En otros pueblos del Estado, el ejemplo de resistencia del pueblo vasco puede servir de pilar para la reconstrucción de nuestra memoria colectiva y de nuestras organizaciones obreras y populares, que deben llevar en su código genético el respeto por los derechos nacionales de los pueblos del Estado español.
- A partir del compromiso real con el derecho a la independencia de los pueblos del Estado español es preciso construir, paso a paso, encuentro a encuentro, solidaridad a solidaridad, elementos de lucha conjunta frente al enemigo común: el Estado que oprime a los pueblos y el mismo Estado que representa a las clases dominantes.
Todo ello sin presuponer o anticipar marcos que encorseten los proyectos políticos nacionales de cada pueblo que legítimamente actúen, en los tiempos y en los contenidos, de acuerdo con los caminos que abra la lucha popular.