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LOLE

El PSOE, en la trastienda de la privatización del la Sanidad

Ángeles Maestro

  Cualquier observador que se detuviese a analizar la realidad política en la Comunidad de Madrid contemplaría dos aspectos aparentemente contradictorios. Constataría, por un lado, las dimensiones devastadoras de la privatización sanitaria llevada a cabo por el gobierno del PP – la más brutal del Estado español – y por otro, se percataría de la debilidad balbuceante de la oposición de un PSOE que, supuestamente, espera desbancar a la derecha. Su incomprensión llegaría al asombro si además comprueba que las mayores movilizaciones sociales producidas en el curso que finaliza han tenido como protagonistas a usuarios y trabajadores de la sanidad que han denunciado con fuerza las políticas privatizadoras y sus intolerables consecuencias para la calidad de la atención y para el empleo.

  Las manifestaciones que han sacado en varias ocasiones a más de 20.000 personas a la calle no eran cómodas para el PSOE, no sólo porque no las convocaban organizaciones cercanas (IU, CC.OO, UGT, FRAVM, FADSP), sino porque, además, en todas ellas se señalaba la necesidad de derogar la Ley 15/97 (votada por PSOE, PP, CiU, CC y PNV en el Congreso de los Diputados) como marco normativo que permite la entrada masiva de la empresa privada en la gestión de la sanidad y apuntaban claramente hacia su responsabilidad política.

DENUNCIAS CON LA BOCA PEQUEÑA

  Las tímidas denuncias del PSOE madrileño por la privatización de la sanidad no tienen eco alguno en otras instituciones del Estado gobernado por ese mismo partido, que contemplan las políticas del PP sin tomar decisión alguna siquiera para obstaculizarlas, cuando no colaboran decisivamente. Veamos algunos ejemplos:

- Los Ayuntamientos gobernados por PSOE e IU han cedido y ceden gratuitamente el suelo municipal sabiendo que, no sólo se edifica en él un hospital gestionado por una empresa privada, sino que ese suelo público será destinado a aparcamientos, restaurantes, tiendas, etc., de los que la empresa obtiene jugosos beneficios sin dar cuenta a nadie.

- La Tesorería General (Ministerio de Trabajo) ha dado la callada por respuesta a las denuncias que acusaban a la Consejería de Sanidad de la cesión de edificios patrimonio de la Seguridad Social a empresas para actividades sanitarias privadas.

- Del Ministerio de Sanidad no ha salido, ni en la época de Elena Salgado, ni en la de Bernat Soria y mucho menos en la de Trinidad Jiménez, el menor atisbo de crítica ante el desbarajuste y la apisonadora privatizadora madrileña.

  Pero, con todo, el factor causal con mayor valor explicativo de la indigencia de la oposición de PSOE e IU en la Asamblea de Madrid es mucho más contundente: la coincidencia de los tres partidos en tramas empresariales especulativas.

  En el caso de IU, para no entrar en el análisis de las redes inmobiliarias asociadas a competencias municipales, baste mencionar aquí su reciente pacto – junto a la federación de banca de CC.OO. - con Esperanza Aguirre para el control de Caja Madrid, hermana gemela de la votación con el PP en el Ayuntamiento de Madrid para la recalificación de la Ciudad Deportiva del Real Madrid. Cabe recordar la destacadísima participación de la dirección de IU-Madrid, con Ángel Pérez a la cabeza y la dirección de CC.OO. en el linchamiento de Julio Anguita acusándole de hacer la “pinza” con el PP. Seguramente el fallo es que entonces no había negocio por medio.

EL EJE PP-PSOE

  El enredo político-empresarial PP-PSOE salta de cuando en cuando a los titulares de los medios de comunicación. Basten algunos botones de muestra relacionados con la sanidad madrileña:

  Nicolás Redondo Terreros deja la Secretaría de Relaciones Institucionales del PSOE para ser fichado en 2006 como Consejero Delegado por Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), cuyo presidente es tío de Jaime Mayor Oreja. FCC es la empresa concesionaria de la construcción y la gestión integral durante 30 años del Hospital de Arganda del Rey.

  Víctor Madera es un médico-empresario que hace su fortuna inicial en Castilla- La Mancha, con cuyo gobierno mantiene buenas relaciones, a través de pequeñas clínicas con las que la sanidad pública concierta la cirugía de las listas de espera. En la actualidad es Consejero Delegado de la multinacional CAPIO, propietaria de la Fundación Jiménez Díaz (FJD). Con esta empresa se ha llegado al punto más alto – por ahora – de la privatización de la sanidad madrileña: se le ha adjudicado la atención sanitaria de 400.000 personas y se le han cedido los edificios de dos centros de especialidades patrimonio de la Seguridad Social. Además, la Consejería de Sanidad le paga por actividad realizada – a diferencia de los nuevos hospitales en los que paga “per cápita” – hecho que conlleva incrementos injustificados de intervenciones quirúrgicas y que sitúa a la FJD a la cabeza de las demandas patrimoniales por errores o mala práctica médicos.

  Sin embargo, lo que explica en mayor medida la parálisis del PSM es el entrecruzamiento de firmas y de personajes políticos de PP y PSOE no ya en tramas empresariales, sino directamente en redes de corrupción de tanta resonancia como los casos “Gürtel” o “Malaya”.

  Seguir el hilo de estas tupidas redes es asunto que desborda las posibilidades de este artículo. Por ello señalo solamente algunos cabos relacionados con la sanidad madrileña.

  La empresa Gerens Hill Internacional ejerce para la Consejería de Sanidad de Madrid tareas de “control” de calidad de la prestación de una larga lista de servicios no sanitarios en siete de los nuevos hospitales de gestión privada, tales como los servicios de limpieza, seguridad, restauración, residuos urbanos y sanitarios, mantenimiento, viales y jardines, lavandería, esterilización, DDD, TIGAs, almacenes, personal administrativo y gestión de archivo. Es decir, una empresa privada controla la calidad del trabajo de otra empresa privada, en una dejación escandalosa de responsabilidades por parte de la Administración sanitaria. Tampoco aquí el Ministerio de Sanidad ha considerado necesario intervenir a pesar de que tiene competencias de Alta Inspección.

  Gerens Hill aparece implicada en diversas actividades delictivas investigadas en la “Operación Malaya” vinculadas a su vez con Caja Castilla La Mancha Corporación (CCM). Esta entidad financiera, intervenida recientemente por el Banco de España estaba presidida por el dirigente del PSOE Juan Pedro Hernández Moltó, a su vez ex-Consejero de Economía de Castilla – La Mancha y mano derecha de José Bono. Los negocios de Hernández Moltó y de Juan Tomás Vidal - otro hombre de confianza suyo en el gobierno regional y en CCM – aparecen íntimamente relacionados con los de otros detenidos en la Operación Malaya, entre los que destaca Enrique Ventero Terleira y sus proyectos especulativos en Los Alcáceres (Murcia) cuyo alcalde del PSOE ha dado por ello con sus huesos en la cárcel. Tras este entramado aparece la sombra de José Bono, estrechamente ligado a todos ellos.

CONSTRUCTORA HISPÁNICA, PUNTA DEL ICEBERG

  Donde aparecen los vínculos PP-PSOE al más alto nivel es en la Constructora Hispánica, propietaria junto a Construcciones Domínguez Sando, del Hospital de Aranjuez. El alcalde de este municipio, Jesús Ballesteros, del PSOE, tiene una reconocida amistad con el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y con el Consejero de Presidencia, Francisco Granados, ambos vinculados al caso Gürtel. Por otro lado, el dueño de la Constructora Sando, tiene una íntima amistad con Magdalena Álvarez, ex Ministra de Fomento. Esta empresa malagueña es una de las constructoras españolas que ha experimentado un crecimiento más acelerado en los últimos años y tiene en el Ministerio de Fomento a uno de sus principales clientes.

 También la Constructora Hispánica tiene participaciones en empresas cuyos propietarios están detenidos en el marco de la Operación Malaya. La principal propietaria del Hospital de Aranjuez es también, una de las principales adjudicatarias del AVE a Barcelona y a Valencia y uno de sus altos directivos está imputado por pagar 1,6 millones de euros a la red de Francisco Correa. En concreto en una de las grabaciones se habla del pago de 1000 millones de pesetas “a Génova” (…) “por adjudicación de obras de Fomento cuando estaba Álvarez Cascos”. Lo curioso es que esta empresa siguió obteniendo adjudicaciones del AVE con Magdalena Álvarez.

  Como es evidente, todo esto es sólo la punta de iceberg de tramas de corrupción empresarial que necesitan y han contado con decisiones políticas que no sólo han colaborado decisivamente, sino que han financiado estas operaciones con dinero público.

  Ante estas evidencias que confirman por enésima vez que el capitalismo es en sí mismo corrupción, que los políticos están a su servicio y que el Estado español hace buenas y honestas a las repúblicas bananeras, es perfectamente explicable que, incompetencias aparte, el PSOE ande de puntillas en sus denuncias hacia el PP por la privatización de la sanidad. No solamente comparten negocio sino que además el riesgo de aparecer implicados en las tramas de corrupción investigadas es altísimo.

  La estrategia de “todos contra el PP” para luchar contra la privatización de la sanidad seguida por el Foro Social de Madrid y sus aliados, sin denunciar las evidencias de que el PSOE e IU, no sólo no devolverían a manos públicas lo privatizado, sino que si están atrapados en la misma red de intereses que determinan las decisiones políticas, dirige al movimiento popular al fracaso porque confunde el objetivo. Eso en el caso de que el objetivo que persigan sea parar y revertir la privatización y no, simplemente, cambiar de gestor político de los mismos intereses y esperar a repartirse las migajas.

  Ya basta de pasar de un ladrón a otro. Hay que luchar contra las mismas decisiones políticas privatizadoras, especulativas y corruptas, las tome quien las tome y denunciar la trama de intereses comunes que subyace. Por eso es tan importante exigir la derogación de la Ley 15/97 y construir un movimiento obrero y popular independiente del poder político y económico.



 
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