El Otro País de este mundo

    El jueves 7 de mayo CASMADRiD, la Coordinadora de Trabajadores de la Sanidad Pública, y MATUSALEN entregaron en el Congreso de los Diputados las más de 400.000 firmas recogidas para exigir la derogación de la Ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestión. Se pretende con ello expresar el clamor de indignación popular por el salvaje proceso de privatizaciones, apuntando con inteligencia al marco legislativo que lo hace posible.

Ángeles Maestro

   La enorme cantidad de firmas recogidas (más de 400.000) por organizaciones con escasos recursos deja en evidencia el escaso respaldo popular de mayorías parlamentarias que toman decisiones trascendentales fuertemente contestadas desde la calle.

  Se desenmascara también un sistema político-constitucional que no permite ningún tipo de democracia directa. No existe la posibilidad de convocar un referéndum mediante firmas, que como es sabido, sólo puede ser convocado por el presiente del Gobierno y, además, su resultado no es vinculante. El ejercicio de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) está muy restringido a determinados temas, requiere recoger 500.000 firmas válidas en seis meses y desemboca en un mero debate y votación parlamentaria que se liquida en menos de una hora. Para hacerse una idea, vale el ejemplo de Italia, donde 260.000 firmas válidas - con 15 millones de habitantes más que el Estado español – pueden convocar un referéndum cuyo resultado será vinculante siempre que participe más del 50% del censo.

LA LEY 15/97

Esta Ley culmina un largo proceso de asalto a la sanidad pública iniciado desde los primeros momentos de la Transición y que tuvo uno de sus hitos más notables en el Informe Abril Martorell, propuesto con un gobierno PSOE con mayoría absoluta. Desde el primer momento, el lobby del capital, liderado por la industria farmacéutica y las aseguradoras privadas se ocupa de colocar –y lo consigue- en puestos clave de la Administración a piezas dóciles, desnaturalizar progresivamente la oposición sindical y hegemonizar el discurso contra lo público en los medios de comunicación.

La votación parlamentaria de la Ley 15/97 refleja de forma contundente la amplitud y el éxito de este proceso: es apoyada por PP (gobernando en ese momento), PSOE, PNV, CiU y CC.

Es la Ley ideal para acometer un camino de privatización complejo, con diferentes actores en cada lugar y que para conseguir sus objetivos debe pasar desapercibido; en palabras de un directivo de la sanidad privada, “debe confundirse con el paisaje”.

La Ley deroga un número indefinido de artículos de la Ley General de Sanidad de 1986, “todos aquellos que se opongan a esta norma”, introduciendo un altísimo grado de inseguridad jurídica, ya que se desconoce qué partes siguen vigentes y cuáles, no. Este hecho por sí sólo habría exigido la presentación de un Recurso de Inconstitucionalidad, imposible de llevar a cabo ya que los grupos parlamentarios que votaron en contra, IU y BNG, no sumaban los 50 diputados requeridos.

Su artículo único dice lo siguiente:

“1. En el ámbito del Sistema Nacional de Salud, garantizando y preservando en todo caso su condición de servicio público, la gestión y administración de los centros, servicios y establecimientos sanitarios de protección de la salud o de atención sanitaria o sociosanitaria podrá llevarse a cabo directamente o indirectamente a través de la constitución de cualesquiera entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en Derecho.

En el marco de lo establecido por las leyes, corresponderá al Gobierno, mediante Real Decreto, y a los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas -en los ámbitos de sus respectivas competencias-, determinar las formas jurídicas, órganos de dirección y control, régimen de garantías de la prestación, financiación y peculiaridades en materia de personal de las entidades que se creen para la gestión de los centros y servicios mencionados.

2. La prestación y gestión de los servicios sanitarios y sociosanitarios podrá llevarse a cabo, además de con medios propios, mediante acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades públicas o privadas, en los términos previstos en la Ley General de Sanidad”.

El debate del Proyecto de Ley en el Congreso de los Diputados, cuya lectura recomiendoⁱ, ilustra de los intereses que cada grupo defendió. La diputada de CC habló de pieza clave de la “modernización” junto a la Reforma Laboral y el Pacto de Toledo para las pensiones - y en el caso del PSOE por su maniobra de confusión que llevó a decir a su portavoz y ex ministra Ángeles Amador que esta Ley sería el gran baluarte contra la privatización. En el caso del Grupo de IU, cuya portavocía me tocó ejercer, se construyó un acabado discurso que desenmascaraba todo el desarrollo privatizador del INSALUD realizado anteriormente por el PSOE, así como el que ya habían llevado a cabo determinadas CC.AA (Galicia, Andalucía, Cataluña, Baleares, Madrid, etc) – independientemente del color del gobierno autonómico.

BIPARTIDISMO PRIVATIZADOR

La trascendencia de esta Ley y la responsabilidad directa de PP, PSOE y derechas nacionalistas está fuera de toda duda, máxime visto el alcance demoledor de la privatización llevado a cabo en las diferentes CC.AA, sobre todo en Madrid y en el País Valenciá. Acciones legales ante los tribunales de justicia denunciando la privatización de la sanidad, como la realizada contra el gobierno del PP ante el Tribunal Superior de Justicia del País Valenciá por parte CC.OO, concluyeron con sentencias contundentes que señalan el amparo legal de la Ley 15/97 para la gestión y prestación de servicios sanitarios por parte de cualquier consorcio o empresa privada (en el caso del H. de la Ribera, se constituyó la UTE-Ribera Salud integrada por Adeslas, Bancaja, Caja de Ahorros del Mediterráneo, Dragados y Lubasa).

A pesar de todas las evidencias y, ante el alto grado de indignación popular y de trabajadores y trabajadoras de la sanidad que ha sacado a la calle a decenas de miles de personas sin apoyo institucional, ni de medios de comunicación, ni de CC.OO. y UGT – desde el PSOE e IU-Madrid se intenta reconducir el descontento de la ciudadanía, que apunta hacia los grandes intereses económicos y tanto hacia PP como hacia PSOE como los responsables políticos del desastre sanitario, para reconducirlo hacia las suculentas aguas de “todos contra el PP”, mientras se prepara el cazo en el que caerán los votos del “cambio”. Todo ello sin que ningún responsable del PSOE madrileño se haya comprometido a no proseguir el proceso privatizador y menos aún a revertirlo.

Una vez más, aparece ante los intereses populares y de clase la necesidad ineludible de dotarse de discurso político y de organizaciones independientes (del poder, claro) para no hacer de moneda de cambio de la alternancia en los diferentes gobiernos de fuerzas políticas que, se llamen como se llamen (el caso del tripartito catalán es paradigmático) representan y responden a los mismos intereses.