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Además de criminales, tacaños PDF Imprimir E-Mail

  Durante años, trabajar en la base de Rota era un privilegio. A los de por sí altos sueldos que se cobraban, se añadía el trapicheo propio de toda frontera. Los dólares americanos compraron muchas voluntades en los años de la dictadura. Destacados contratistas ligados al Régimen se forraron literalmente y centenares de roteños dejaron la huerta por las buenas, cobrando ridículas indemnizaciones, o por las malas, expropiados y trasladados a poblados de colonización agrícola como Nueva Jarilla o El Poblado de Doña Blanca. Algunos de estos colonos todavía recuerdan que tuvieron que dejarlo todo a cambio de unas suertes de tierra salitrosa y una ternera. Una vez engordada, si la becerra quedaba preñada y paría, el retoño debía volver a la cabaña y patrimonio del Estado. ¡Que generoso era el Régimen con sus súbditos!
Durante los años de la Transición, los sueldos de los trabajadores de la Base llegaron a ser espectacularmente  privilegiados.
Los miembros del Comité de Empresa de la base que hablaron con EL OTRO PAÍS aventuraban que esas altas cifras, en nóminas y demás prebendas, iban dirigidas a comprar voluntades, a callar todo atisbo de cuestionamiento de la presencia militar norteamericana en España.
  En la actualidad, son 1.080 los trabajadores españoles en las bases de Rota y Morón. Hace justamente diez años, la cantidad era de 1.650. Desde entonces, la cifra no sólo ha disminuido, sino que las condiciones laborales y económicas de este colectivo de trabajadores han ido empeorando, han ido aumentando las contratas por realización de obras y por ejemplo, el sueldo neto en 1999 era significativamente superior que el de la actualidad.  Adscritos al Ministerio de Defensa, su verdadero patrón es el Departamento de Estado norteamericano, pero nadie los defiende salvo ellos mismos, de ahí que, en los últimos diez años, el Comité de empresa haya tenido que interponer más de 700 demandas ante los juzgados de los social, prácticamente una demanda a la semana. Su contratador es el Ministerio de Defensa español y el Convenio Bilateral así lo establece y textualmente manifiesta, además, que “El Ministerio de Defensa español, en consultas con las Fuerzas de los EEUU y asumiendo los intereses de los mismos, negociarán con los representantes del personal español” (el subrayado es nuestro).  Es recomendable la lectura de este Convenio para cualquiera de los que se llenan constantemente la boca de soberanía y de la palabra España. Razón tienen los representantes de los trabajadores españoles cuando afirman que ese tratado, en lo tocante a los aspectos laborales, porque en otros no se han querido manifestar, el texto vulnera claramente la sacrosanta Constitución española. En el anexo 8 de dicho tratado son abundantes las citas en las que se confirma que quien realmente manda son las autoridades militares norteamericanas, mientras que a las españolas les queda el papel de puros palanganeros. Los trabajadores españoles, según el tratado bilateral, no pueden negociar con los norteamericanos salarios, jornadas de trabajo, vacaciones, niveles de clasificación, carecen del derecho  a laudo y arbitraje en la negociación colectiva y, desde hace cuatro años, no tienen convenio, porque los norteamericanos se niegan a negociarlo. “Nuestros puestos de trabajo dependen de la coyuntura e intereses estratégicos de los EEUU, y ese tratado, en concreto en su aneño nº 8, existe una manifiesta entrega de soberanía y obligaciones de nuestro gobierno al de los EEUU”, afirman los miembros del Comité. Los trabajadores españoles tienen que aceptar los niveles salariales de los EEUU y, paradójicamente, éstos deberían estar en sintonía con una especie de “encuesta salarial” realizada en las poblaciones cercanas. Pero el Gobierno estadounidense se niega a informar sobre esos resultados y los establece según su buen criterio, estando patente que los niveles salariales fuera de la base son superiores a los de sus trabajadores. Según los datos del Comité de Empresa, en 2007, un trabajador perteneciente al Ministerio de Defensa que trabajase 37,5 horas y ganase 1.000 euros, si lo hiciese en la base de Rota, para ganar 870, tendría que trabajar 40 horas. Pero los norteamericanos están decididos a operar en Rota como si esto fuese una de sus colonias y se niegan incluso a negociar la Ley de Igualdad.
   El primer caso de sentencia por acoso laboral o mobbing en la provincia de Cádiz se presentó por este Comité de los trabajadores. El juzgado de lo social les dio la razón y condenó a la Administración norteamericana a pagar una indemnización de 36.000 euros. La condenada, Lisa Ortiz, supervisora norteamericana de origen latino, fue ascendida de categoría y felicitada públicamente por el gobierno de EE.UU. Recientemente, un juzgado de lo social de Jerez de la Frontera ordenó a las autoridades de la base desconectar las cámaras de vigilancia existentes en unos vestuarios de los trabajadores. La obsesión por la vigilancia de los militares americanos les llevaba a espiar a los operarios de ambos sexos  mientras se cambiaban de ropa. En contestación a la sentencia, los vestuarios fueron destruidos y las taquillas están instaladas ahora en un nuevo lugar, en donde siguen siendo vigilados para mayor seguridad de los Estados Unidos.
    Los representantes de los trabajadores de las Bases de Rota y Morón están plenamente convencidos de que la situación laboral en el recinto militar es fruto de la alta política entre los dos Gobiernos. Se sienten víctimas de la necesidad de los EE.UU. de aumentar su presión sobre el Gobierno español para conseguir, de cara al nuevo tratado a negociar, un mayor espacio aéreo para maniobrar y un menor control sobre las entradas y salidas de buques en su puerto militar.

 
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