Coordinadora de Equipos de Atención Primaria de Madrid

  La Consejería de Sanidad sabe que la libre elección, con carácter absoluto, es impracticable, y que la inmensa mayoría de la población no puede acceder a tal “derecho” por obvias cuestiones de espacio, tiempo e información asimétrica. Es cierto que, en el caso de las enfermeras, la libre elección es una reivindicación pendiente, pero nunca en el contexto que ahora se propone. Promover la libertad de elección individual al tiempo que se reducen las formas de protección colectiva - como se manifiesta en el desarrollo de políticas presupuestarias restrictivas y en la insuficiencia de personal - aumenta las dificultades de acceso a las prestaciones sanitarias gratuitas, y no esconde otra cosa que un ataque a las estructuras y la organización que nacieron con la Ley General de Sanidad y el Decreto de Estructuras Básicas.

  La libre elección supondrá establecer unas relaciones de competencia – ley de la oferta y la demanda - entre centros y entre profesionales, dado que “el dinero seguirá al paciente”. La planificación y la orientación sanitarias quedarán supeditadas a esa competencia, de manera que será el mercado quien regule ambas, disminuyendo la equidad del sistema. Los desequilibrios serán inevitables al depender las infraestructuras de los flujos de población que arrastrarán financiación, favoreciendo la concentración de medios en pocos centros y zonas geográficas, las sobrecargas de trabajo, y la explotación de los servicios por encima de lo recomendable para mantener unos mínimos de seguridad y calidad. Como, además, la Comunidad de Madrid no tiene un Plan de Salud ni un plan de acción para disminuir desigualdades en salud, muy probablemente con esta Ley éstas se incrementarán.

  La eliminación de la organización territorial supone eliminar el carácter integral de la atención. Las gerencias de Atención Primaria constituyen el eslabón más cercano para atender las necesidades de salud de la población, para servir de apoyo a los EAPs, tanto en las labores de gestión como en el necesario soporte de docencia e investigación, y para coordinar las actividades de AP y Atención Especializada. Al desaparecer las Áreas Sanitarias, se imposibilita una planificación eficiente de los recursos a dicho nivel, la actuación sobre la población en su medio y el desarrollo de actividades comunitarias. Con esta desregulación será mucho más fácil privatizar algunos servicios, y es probable que ésta sea una de las razones del cambio de modelo y no la libre elección que también se aplicará con excepciones en la atención domiciliaria y las urgencias.

FAVORECER LA DESIGUALDAD ASISTENCIAL

  La introducción de la competencia entre centros y profesionales, junto al cambio de modelo retributivo anunciado por la Consejería, rompe las relaciones de cooperación que deben regir un sistema sanitario público y el trabajo en equipo, favoreciendo el aislamiento de los profesionales y el abandono de las actividades que requieran esa colaboración. Introducir estas relaciones de mercado también incidirá negativamente sobre la calidad asistencial, dado que ésta es la suma de una buena planificación que corrija desigualdades en materia de salud, de una suficiencia presupuestaria para que se logren esos objetivos, y de unos equipos de profesionales suficientes y competentes que los lleven a cabo.

  La Consejería olvida que los servicios sanitarios públicos no se planifican para atender las “preferencias” de los ciudadanos sino para garantizar su derecho a la salud mediante una cobertura universal, gratuita en el momento del uso y accesible, proveyendo lo que se necesita, cuando se necesita y donde se necesita para favorecer la salud de los pacientes.

  Poder elegir a los profesionales sanitarios no es garantía de calidad, ni la clave de ningún derecho, ni por supuesto coloca a los pacientes “en el centro de decisión del sistema sanitario”. Ya que los ciudadanos realizarán la elección en base a la información suministrada por un servicio central telefónico en manos de una empresa privada. Es más, en el nuevo modelo no está previsto ningún cauce de participación ciudadana. Tal y como se propone, esta medida supone romper la continuidad asistencial y de cuidados. Que el ciudadano tenga un médico de familia, un enfermero o enfermera que lo atiende en el Centro de Salud y otros para la atención domiciliaria es hacer desaparecer uno de los elementos claves de la reforma de la AP en nuestro país y que tan bien valorado ha sido siempre.

  La centralización de todas las historias clínicas de los pacientes madrileños es otro de los procesos más controvertidos, pues choca con las mínimas precauciones y recomendaciones que al respecto de la protección de datos manifiestan los actuales profesionales informáticos de las gerencias.

  Por otra parte, facilitar una elección responsable y con conocimiento exigiría a la Consejería el desarrollo de una información sanitaria relevante y su distribución entre la población y los profesionales. Lo complicado de la medida y el alto coste que supondría no la hacen recomendable, ya que el consumo de importantes recursos económicos aumentaría los gastos sanitarios notablemente y desviaría fondos a fines administrativos. Este aumento de los costes administrativos, en un medio caracterizado por la escasez financiera (este año los presupuestos para AP apenas crecen un 0,13%, mientras el coste de la vida ha aumentado en torno al 2,9-3%), supondría disminuir aún más la financiación de las actividades puramente sanitarias y las inversiones, repercutiendo en las plantillas y cargas de trabajo.

REDUCCIÓN DE LA PLURALIDAD SINDICAL

  La disminución de la actual representación sindical en 11 Áreas a una sola disminuirá la capacidad de negociación de los 60.000 trabajadores sanitarios y la pluralidad de las opciones sindicales representadas. Del mismo modo, actuará sobre la representación de los diversos estamentos, concentrándose el poder de decisión en los gestores. Igualmente sucederá con la representación de los EAP y con el peso de la AP en el conjunto del sistema sanitario madrileño, que caerá con la desaparición de las Gerencias, siendo previsible una disminución aún mayor de su financiación.

  Además, uno de los objetivos que la Consejería persigue -ya realizado en los nuevos hospitales- es la externalización de los trabajadores no sanitarios. Esto provocará una gran incertidumbre en el puesto de trabajo, además de la pérdida de derechos y compromisos hoy pendientes con la Consejería, como es la carrera profesional.

  La jornada de 35 horas será difícil de mantener y se impondrá la movilidad geográfica forzosa por toda la Comunidad (los trabajadores se moverán en la dirección de los flujos de población). Las retribuciones se moldearán en mayor cuantía sobre conceptos graciables por el cumplimiento de objetivos, en muchas ocasiones de dudoso contenido ético -en relación a la petición de pruebas, derivaciones a especialistas y hospital, bajas y, en definitiva, con el gasto farmacéutico-.