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RTVE pretende censurar el derecho de acceso

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JOSÉ MANUEL MARTÍN MÉDEM

   Si Amnistía Internacional quisiera dar su opinión sobre las denuncias por tortura en España, utilizando los espacios del derecho de acceso en RTVE, tendría que someterse a la censura de RNE y TVE. Es lo que ha establecido el Consejo de Administración: “La Corporación RTVE conocerá con carácter previo a su difusión los contenidos propuestos por los grupos, reservándose el derecho a no difundir aquellos que sean contrarios a los valores y principios constitucionales o que vulneren derechos fundamentales de terceros”.
  RTVE se atribuye competencias que sólo les corresponden a los tribunales después de las correspondientes emisiones, porque la Constitución prohíbe la censura previa.
  El artículo 20 dice que la ley garantizará el acceso de los grupos sociales y políticos significativos a los medios de comunicación social dependientes del Estado. En el mismo artículo se advierte que no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones.
  La ley de la radio y televisión de titularidad estatal encarga al Consejo de Administración la organización del ejercicio del derecho de acceso, pero sólo para fijar los criterios por los que se considere significativos a los grupos sociales y políticos que lo soliciten. No para censurar los contenidos de las emisiones. Sólo los tribunales pueden decidir si cada grupo respeta los valores y principios constitucionales o vulnera derechos fundamentales de terceros.
  En estos días debe abrirse el primer plazo de dos semanas para la solicitud del derecho de acceso en RTVE que el Consejo de Administración ha decidido conceder a los partidos políticos, los sindicatos, las confesiones religiosas y las organizaciones no gubernamentales.
  Treinta años después de la entrada en vigor de nuestra Constitución, por fin se regula la aplicación del derecho de acceso. Pero el reglamento impuesto por el Consejo de Administración de la Corporación RTVE (que no tiene apelación mientras no haya una Autoridad Audiovisual) pretende controlar mediante la censura previa lo que la Constitución ampara en su sección dedicada a los derechos fundamentales y las libertades públicas. Sorprende que sea un acuerdo por unanimidad del Consejo en el que están representados los partidos y sindicatos cuyas emisiones en los espacios para el derecho de acceso serían censuradas por decisión de sus propios compañeros.
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Esta denuncia se ha enviado a la sección de Cartas de los Lectores de El País, El Mundo, La Vanguardia, Público, ABC
y La Razón. Ninguno periódico la ha publicado.