El Otro País de este mundo

Hace cincuenta números, EL OTRO PAÍS surgió como “periódico de contrainformación sobre la guerra”, cuando se estaban produciendo los criminales bombardeos sobre Yugoslavia de las fuerzas de la OTAN, encabezadas entonces por el miembro del PSOE Javier Solana. Un siniestro personaje, que, acabada su criminal tarea por tierras europeas, ha vuelto a casa como asesor de lujo de Rodríguez Zapatero en materia de seguridad. El presidente del Gobierno también acaba de repescar nada menos que a Felipe González. Dos viejas caras del PSOE de los GAL.
    Las matanzas de población civil a cargo de los norteamericanos y sus aliados no han parado desde que el número 0 de EL OTRO PAÍS salió a la calle: Irak, Cisjordania, Gaza, Líbano, Afganistán... Y el suelo de la Península Ibérica continúa siendo una sólida plataforma para las agresiones del Imperio. Zapatero retiró las tropas españolas de Irak, pero las mantiene e incrementa sus efectivos, como servil comparsa, en Afganistán y en otras zonas de conflicto, siempre sirviendo a los intereses del patrón norteamericano. Mientras tanto, la coartada de la lucha contra el terrorismo sirve para reforzar, cada vez más, el Estado policial.
La tenaza de la policía y la judicatura se ceba, de modo especial, en los pocos medios de comunicación independientes que consiguen mantenerse. Precisamente estos días está teniendo lugar en Madrid el juicio contra cinco directivos del periódico en euskara Egunkaria, que fue cerrado en 2003 a instancias de la Guardia Civil. Los acusados denunciaron haber sufrido torturas durante su detención y es tal la arbitrariedad con la que se ha realizado todo el sumario, que la vista se celebra a pesar de que la fiscalía ha retirado todos los cargos y propuso el archivo del caso.
   Durante los últimos años también se ha producido un rebrote de demandas y querellas contra la prensa no controlada, por parte de políticos delincuentes (expresión que, cada día más, constituye un pleonasmo) y familiares de asesinos fascistas implicados en matanzas durante la guerra y la posguerra. Pretenden callar al mensajero y estrangular económicamente el medio donde se expresa. Ahí cuentan, además, con la inestimable colaboración de una casta judicial que continúa plagada de elementos ultras. La redacción de nuestro periódico conoce bien ese paño.
   En diciembre de 2000, el editorial del número 1 de EL OTRO PAÍS decía: “Este es un periódico, que se decanta, de forma explícita, en la lucha de los bloques sociales explotados y marginados, contra las grandes fuerzas económicas. Una publicación que reivindica la dignidad del ideal republicano y la cultura frente al nauseabundo ritual cortesano filoborbónico. Con una doble apuesta: afianzar y rearticular el tejido social progresista y sus vínculos organizativos-comunicativos y, por otro lado, ir capacitando y consolidando una red informativa ‘socialmente útil’ que ayude a conocer y poner en tela de juicio las claves del funcionamiento de este sistema”.
   En la época de los grandes medios de comunicación audiovisuales y de la prensa vinculada directamente al poder financiero, las multinacionales y los politicastros de turno, libramos un combate muy desigual para intentar neutralizar la manipulación institucional y llenar los grandes vacíos informativos que existen. La realidad tiene muy poca presencia en los grandes diarios. El panorama se ha ido cerrando cada vez más. Todo está muy amarrado en el terreno informativo. Ahora resulta ya casi imposible “colar” informaciones decentes en los grandes medios de comunicación. Incluso poder trabajar en ellos, si se intenta mantener un mínimo espíritu crítico.
    En estas páginas y con nuestros limitados recursos, vamos a seguir haciendo un periodismo de izquierdas y sin mordaza, serio y riguroso, intentando que tenga cada vez mayor calidad. La ausencia de medios donde practicar el oficio de informador dignamente, cultivando una perspectiva propia, impide que puedan foguearse y canalizar sus inquietudes los jóvenes profesionales que van surgiendo. EL OTRO PAÍS tiene que servir también, como antes otras publicaciones similares a ésta, de escuela de periodismo. Necesitamos jóvenes informadores que vayan a donde se producen los conflictos y recuperen el pulso de la realidad, más allá de las mesas de redacción, los comunicados oficiales, las ruedas de prensa y las conexiones a internet.
Para conseguir un producto de mayor calidad, que contenga más y mejor información propia, tenemos que hacer, también, un esfuerzo económico. Sabemos que, en esta sociedad, la libertad de expresión es sólo una patraña. Una publicación como la nuestra no disfruta del respaldo de la publicidad y se sustenta únicamente de la fidelidad de los lectores. Por eso resulta muy importante incrementar el número de suscriptores de EL OTRO PAÍS. Será la única manera de continuar configurando y consolidando un estilo de periodismo directo, vivo, crítico y libre de presiones externas.

Del franquismo a la cleptocrácia (nº 48)

El sistema político surgido de los ilegítimos acuerdos subterráneos de la Transición ha convertido al Estado español en la cueva de Alí Babá. La corrupción se apodera de todo y la Justicia, subsidiaria del poder político,apunta –en el mejor de los casos- pero nunca dispara contra los grandes delincuentes. Hay que tener siemprepresente que Juan Carlos I de Borbón y Borbón, situado en la cúpula de este tinglado, está exento de responsabilidad penal,aunque le duela la mano de tanto poner el cazo. Los grandes estafadores del país, como Botín o los Albertos,se han librado de la cárcel gracias a artificios legales concebidos expresamente para ellos. En otros casos, como el del comisionista Manuel de Prado y Colón de Carvajal –íntimo del Rey, igual que Alberto Cortina-, se permite, benévolamente, que el delincuente incumpla la sentencia correspondiente y abandone la prisión al poco tiempo de ingresar en ella, sin devolver un duro de lo que ha robado. El más reciente beneficiado por el privilegiado rasero que se utiliza para juzgar los delitos de políticos, banqueros y grandes empresarios ha sido el actual presidente de Telefónica, César Alierta. “Fallamos: debemos absolver y absolvemos a Cesáreo Alierta Izuel y a Luis Javier Placer Mendoza, por haber prescrito, del delito de uso de información privilegiada de los artículos 285 y 286. 3º del Código Penal por el que venían siendo acusados, así como del resto de pretensiones deducidas en su contra, debiendo declarar de oficio las costas procesales causadas”. Es la cita textual del fallo, página 70 de 71, por el que la jueza Manuela Carmena absuelve al presidente de Telefónica del delito de utilización de información privilegiada. “Por haber prescrito”. A pesar del diáfano relato de hechos probados: en 1997 y siendo presidente de Tabacalera, Alierta “ideó la forma deaprovechar el conocimiento de determinados hechos sustanciales relativos al mercado bursátil, a las operaciones que se iban a realizar y a la repercusión que tales hechos fueran a tener en el desenvolvimiento del mercado de valores para obtener una ventaja patrimonial considerable (…) Entendiendo que la noticia de la adquisición de esa tabaquera (Havatampa) iba a tener repercusión en el precio de las acciones de la sociedad, se puso de acuerdo con Luis Javier Placer Mendoza paraque, apareciendo éste último como único interviniente de la operación, pareciera que fuese él quien llevara a cabo determinada inversión respecto de la que se sabía, que por el conocimiento de las vicisitudes de la negociación, que iba a ser manifiestamente rentable” (Pag. 7).

Se vuelve a repetir, calcada, la historia de los Albertos, Cortina y Alcocer, con el famoso caso Urbanor. El 2 de enero de 2001, La Audiencia Provincial de Madrid consideró probado que los famosos primos cometieron delito de estafa, apropiación indebida y falsedad documental en la venta al Grupo KIO de unos terrenos de la plaza de Castilla de Madrid, pero determinó absolverlos al considerar prescrito el delito.Tras el pertinente recurso del fiscal, el 14 de marzo de 2003 el Supremo revocó la sentencia de la Audiencia condenándoles a 3 años y 4 meses de cárcel al considerar que los delitos no habían prescrito. Ambos recurrieron en amparo ante el Constitucional, pero sólo la intervención del Rey y la posterior actuación deuna Sala Segunda del TC digna de toda sospecha -que para la ocasión dio a luz una nueva doctrina sobre la prescripción-, impidió que los primos fueran a parar a la cárcel (sentencia de 20 de febrero de 2008). Como recuerda en El Confidencial Jesús Cacho, un periodista nada sospechoso de veleidades izquierdistas: “En EstadosUnidos, un caso tan complejo como el de Madoff ha sido juzgado y sentenciado en siete meses (la estafa estalló el 11 de diciembre pasado). El malandrín está en la cárcel para toda su vida. En España, los hechos protagonizados por Alierta ahorafallados tuvieron lugar en febrero de 1998, y la querella fue admitida a trámite en septiembre de 2003. La sentencia ha tardado, pues, 11 y 6 años, respectivamente. Con un tipo de Justicia como ésta es imposible concebir no ya una democraciadigna de tal nombre, sino siquiera una economía moderna, dotada de las imprescindibles garantías jurídicas, una de las cuales, y de las más importantes, es la rapidez a la hora de obtener una sentencia justa. ¿Hará alguna vez algo nuestra clase política para acabar con esta vergüenza?”

En este número de EL OTRO PAÍS analizamos la situación creada en Coslada tras la “Operación Bloque”, con la que se desmanteló la red corrupta encabezada por el jefe de la policía municipal de esta localidad, Ginés González, cuya carrera delictiva ha estado protegida por el ex alcalde José Huélamo, ex militante del PCE y de IU. Y ahora que vuelve a barajarse la posibilidad de que se estén produciendo, de nuevo, casos de “guerra sucia”, como señalamos en estas páginas, a raíz de ladesaparición en Francia del refugiado vasco Jon Anza, recordamos que todos los responsables ejecutivos de los GAL y losturbios personajes que más se beneficiaron económicamente del saqueo de los fondos reservados durante los gobierno deFelipe González están en la calle. Desde el general Rodríguez Galindo, jefe de la cuadrilla de asesinos y torturadores del cuartel de Intxaurrondo, a José Barrionuevo o Rafael Vera. Dentro de unos días saldrá definitivamente en libertad el ex director general de la Guardia Civil Luis Roldán, que podrá disfrutar tranquilamente de todo su ingente patrimonio oculto, ya que no ha reintegrado a las arcas públicas ni un euro. El estado de las autonomías, por su parte, ha propiciado ladescentralización del choriceo. Ahora, cada uno puede robar, de forma autóctona, en su propio ámbito territorial. Presidentesautonómicos como Esperanza Aguirre, Francisco Camps, su antecesor Eduardo Zaplana o Manuel Chaves han actuado,o siguen haciéndolo, como auténticos virreyes en sus respectivas comunidades. En este número de EL OTRO PAÍS nos hacemos eco del libro “La lidere S.A.”, que desvela toda la trama de clientelismo y desmedida corrupción, a costa del dinero público, que existe en la Comunidad de Madrid. Empresarios afines, parientes, amigos y amantes se benefician de una formade hacer política que propicia el saqueo sin piedad del dinero de los ciudadanos.

BIPARTIDISMO, LEY DE PARTIDOS Y PUCHERAZO

Intoxicación informativa, bipartidismo oficial, Ley D’Hont, circunscripciones electoral con niveles de representación absolutamente desproporcionados, la ilegítima Ley de Partidos… Y además, pucherazo (en este terreno ya tenemos el antecedente del referéndum de la OTAN, en 1986). Por no recordar lo que nos pasó aquí en 1936, cuando se ganaron las elecciones del Frente Popular, o lo de Chile en 1973. Esto de la democracia de las urnas está cada vez más complicado, por muy buena voluntad que se ponga en el asunto. El sistema no deja el más mínimo resquicio para que participe en este juego con cartas marcadas nadie que intente sacar los pies del tiesto.

Ni siquiera en una pantomima como las elecciones al Parlamento Europeo, esa especie de cueva de Alí Babá donde se manejan unas remuneraciones disparatadas a costa del erario público, con dietas aún más escandalosas, gracias al acuerdo de todos los que participan en la función. Ellos se lo guisan y se lo comen. Y no interesa que haya ningún Pepito Grillo levantando la voz, aunque sólo tenga fuerza testimonial.

En periodo electoral, el PP y el PSOE montan aquí el habitual culebrón de “Matilde, Perico y Peruquín”, con el reglamentario intercambio de cubos de basura, que, al final, siempre se quedan en nada cuando llegan a los tribunales. Pero cuando les toca levantar la mano en el Parlamento Europeo votan lo mismo en más del 70 % de los casos. Es lógico, sus programas son prácticamente idénticos. Lo único que les diferencia son sus respectivas bases. Cuando el PP gana, el ambiente en la calle es más franquista, pero la política que hace su Gobierno, la misma en casi todo.

Los voceros de esta farsa “democrática” consideran normal que menos de la mitad de la población participe en ella. ¿A quién representan los europarlamentarios trincones? Las bases del PP siempre votan, porque tienen a quien les represente. El PSOE pierde en las urnas, como ya hemos comentado aquí en alguna ocasión, cuando el asco de algunos de sus votantes es mayor que el miedo a que vuelva el PP a la Moncloa.

En esta última cita electoral, la nota de distinción la ha puesto la candidatura de Iniciativa Internacionalista. Después de sortear las trampas judiciales más burdas y arbitrarias, sus candidaturas estuvieron presentes en los comicios. Pero hasta el final todo es toro, y la inevitable cornada represiva llegó en el último momento, en el recuento de las papeletas. Se han constatado desviaciones de votos de Iniciativa Internacionalista en al menos 24 localidades vascas

LAS CUENTAS DE RUBALCABA

El cómputo realizado en Hego Euskal Herria por los interventores de II-SP otorgan a la candidatura liderada por Alfonso Sastre la tercera fuerza en la Comunidad Autónoma Vasca, al igual que en Nafarroa. GARA ha podido comprobar que el Ministerio del Interior español ha despojado a esta lista de al menos 1.800 votos en 24 municipios vascos. El espectacular incremento de votos nulos y blancos en el Estado español hace, además, sospechar que las irregularidades han sido una constante en todas las circunscripciones electorales.

Uno de los mangoneos más evidentes se ha dado en Amezketa, donde el Ministerio del Interior otorgó 113 votos a la candidatura del POSI (siglas inéditas en la localidad) y ninguno a II-SP. Fuera de Euskal Herria y Nafarroa ha llamado la atención, de modo especial, el alto número de votos nulos (98.079) y blancos (220.179) contabilizados, máxime cuando la abstención marcó la jornada electoral.

En lo que respecta a Hego Euskal Herria, hay datos constatados. GARA ha podido comprobar que hay al menos 1.800 votos que los interventores de II-SP constataron como suyos pero que en el escrutinio oficial, realizado por el Ministerio español, han ido a parar a otras candidaturas. Esta cuantía de votos altera el escrutinio final situando a la lista encabezada por Alfonso Sastre en tercera posición en el conjunto de Araba, Gipuzkoa y Bizkaia, al igual que ocurre en Nafarroa.

Al parecer, la irregularidad no se produce a la hora de contabilizar los datos en las mesas electorales, sino cuando los informatiza el Ministerio de Alfredo Pérez Rubalcaba. Teniendo en cuenta los sectores sociopolíticos que apoyaban su candidatura, no se entiende el escaso número de votos de II-SP en numerosos municipios vascos, donde listas tan desconocidas como Unión Nacionalista Asturiana, Movimiento Social Republicano, POSI, UCE o SAIN han llegado a ser incluso la primera fuerza local, como el POSI en Amezketa

En Zumarraga, 219 votos contabilizados por los interventores de II-SP han ido a parar a la lista del Movimiento Social Republicano, candidatura que se estrena en Gipuzkoa.

En lo que respecta al resto del Estado español, el espectacular aumento de los votos nulos y blancos ha sido alarmante, con un incremento de 57.000 en el primer apartado y de 125.000 en el segundo, en comparación con los comicios de hace cinco años, en los que participaron alrededor de un millón de votantes más. Curiosamente, el voto en blanco se ha convertido en la séptima fuerza en el Estado español, con especial relevancia en Barcelona y Madrid. Se han detectado también irregularidades de notable relevancia en Cádiz, Gandía, Castellón y en numerosas localidades de Aragón, Cataluña y las Islas Baleares.

Otra cuestión fundamental sería analizar los 97.000 votos nulos que oficialmente se han producido. Los votos blancos son automáticamente destruidos después del recuento, y no pueden ser analizados a posteriori. Las elecciones están diseñadas para que las ganen los que las controlan. Y si no, rompen la urna.

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