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Editorial
Acabar con la impunidad de los asesinos franquistas PDF Imprimir E-Mail
   El franquismo continúa respaldado por el Tribunal Supremo, treinta y cinco años después de la muerte del dictador. Los herederos de aquellos asesinos de camisa azul que acabaron con la vida de decenas de miles de republicanos, en las cunetas de las carreteras y en las tapias de los cementerios de casi todos los pueblos de España, han conseguido poner contra las cuerdas al juez Baltasar Garzón, que, de forma insólita, se ha convertido en un símbolo internacional de la lucha para esclarecer el genocidio que comenzó el 18 de julio de 1936.
  Muy legítimamente, hay quien no puede olvidar las actuaciones del juez estrella cuando era el más fiel ariete del rodillo “antiterrorista” PP-PSOE, que ha provocado infinidad de “daños colaterales”. Como recuerda aquí Rafael Gómez Parra, en su excelente artículo, a Garzón, la Audiencia Nacional le ha permitido todo cuando se trataba de perseguir al llamado “entorno” de ETA –cierre del periódico Egin, aceptación de confesiones ante la policía sin más pruebas que las aportadas en los interrogatorios o prefabricadas para cada caso, aplicación de ilegalidades a organizaciones nacionalistas cuando no existía todavía la Ley de Partidos, imputaciones exageradas a dirigentes políticos extraparlamentarios... Siempre con el aplauso unánime de los dos partidos políticos mayoritarios.
  Pero el consenso del bipartidismo corrupto que se ha instalado aquí empieza a romperse cuando uno de los dos elementos que los sustentan y se benefician de él considera que determinada actuación judicial le perjudica. Como es el “Caso Gürtel”. Si hay que apoyar ahora a Garzón frente a los ultraderechistas que han arremetido contra sus actuaciones en el tema de la memoria histórica no es por él, desde luego, sino para frenar al neofascismo, cada vez más envalentonado en la calle y espoleado por numerosos medios de comunicación.
  Enarbolar una bandera republicana en la que alguien ha escrito “Viva Garzón”, como hicieron algunos asistentes a un acto de apoyo al magistrado, es disparatado; resulta más comprensible la actitud de comprometidos militantes antifascistas a quienes les resulta muy duro apoyar a un personaje como el superjuez, que, con todo su historial anterior, va a pasar a la historia con la aureola de gran justiciero. Pero ahora es lo que toca. Hay que dar la vuelta a la situación y convertir la ofensiva contra la estrella mediática en un referéndum mundial de condena al franquismo.
  franco-cardenal-pla.jpgTambién hay que recordar que el otro extremo de la pinza judicial contra Garzón lo integran magistrados vinculados al PSOE, como el propio Luciano Varela, su declarado enemigo personal, o Margarita Robles, que tuvo altas responsabilidades políticas en los gobiernos de Felipe González empeñados en ocultar el origen de los GAL.
Por su parte, el Ejecutivo de Zapatero ha pretendido liquidar el tema de la Memoria Histórica con una ley que no resuelve mínimamente las reivindicaciones de las víctimas del franquismo. Continúa pendiente la ruptura democrática que nunca se produjo, atropellada por la gran estafa de una Transición que nos dejó al rey de Franco en el trono, unas fuerzas policiales a las que continuaron perteneciendo todos los torturadores del antiguo régimen y una judicatura plagada de elementos de extrema derecha.
Estos días celebramos el 79 aniversario del advenimiento de la Segunda República -y en nuestro periódico dedicamos un amplio espacio al 14 de Abril-, que abrió las puertas a una transformación progresista de la sociedad como nunca antes se había experimentado en nuestra historia. Hoy, en el marco de la lucha por la Tercera República se da la posibilidad de agrupar fuerzas para impulsar la imprescindible Segunda Transición pendiente.
El caso Garzón también permite hacer otra evidente lectura: si un magistrado que ha tenido tanto poder como él se encuentra ahora acorralado, ¿qué puede esperar un ciudadano anónimo de este sistema judicial sometido estrictamente a directrices políticas. Dentro tan turbio panorama, podemos celebrar, excepcionalmente, una sentencia razonable, la que exculpa de cualquier cargo a los imputados en el caso Egunkaria. La Audiencia Nacional ha reconocido ahora, siete años después de su cierre, que el juez Juan del Olmo nunca debió clausurarlo, porque ni existe norma constitucional que avale esa actuación, ni hay ninguna prueba de que apoyase o financiase a ETA. La sentencia considera “incompresible” lo ocurrido. La Sección Primera de lo Penal desautoriza así la actuación de la Guardia Civil y del juez instructor. ¿Y ahora qué?: recordemos que los acusados de colaboración con banda armada que ahora han resultado absueltos sufrieron malos tratos durante su detención y que el periódico ha desaparecido.
 
Del franquismo a la cleptocrácia (nº 48) PDF Imprimir E-Mail

   El sistema político surgido de los ilegítimos acuerdos subterráneos de la Transición ha convertido al Estado español en la cueva de Alí Babá. La corrupción se apodera de todo y la Justicia, subsidiaria del poder político,apunta –en el mejor de los casos- pero nunca dispara contra los grandes delincuentes. Hay que tener siemprepresente que Juan Carlos I de Borbón y Borbón, situado en la cúpula de este tinglado, está exento de responsabilidad penal,aunque le duela la mano de tanto poner el cazo. Los grandes estafadores del país, como Botín o los Albertos,se han librado de la cárcel gracias a artificios legales concebidos expresamente para ellos. En otros casos, como el del comisionista Manuel de Prado y Colón de Carvajal –íntimo del Rey, igual que Alberto Cortina-, se permite, benévolamente, que el delincuente incumpla la sentencia correspondiente y abandone la prisión al poco tiempo de ingresar en ella, sin devolver un duro de lo que ha robado. El más reciente beneficiado por el privilegiado rasero que se utiliza para juzgar los delitos de políticos, banqueros y grandes empresarios ha sido el actual presidente de Telefónica, César Alierta.  “Fallamos: debemos absolver y absolvemos a Cesáreo Alierta Izuel y a Luis Javier Placer Mendoza, por haber prescrito, del delito de uso de información privilegiada de los artículos 285 y 286. 3º del Código Penal por el que venían siendo acusados, así como del resto de pretensiones deducidas en su contra, debiendo declarar de oficio las costas procesales causadas”. Es la cita textual del fallo, página 70 de 71, por el que la jueza Manuela Carmena absuelve al presidente de Telefónica del delito de utilización de información privilegiada. “Por haber prescrito”.  A pesar del diáfano relato de hechos probados: en 1997 y siendo presidente de Tabacalera, Alierta “ideó la forma deaprovechar el conocimiento de determinados hechos sustanciales relativos al mercado bursátil, a las operaciones que se iban a realizar y a la repercusión que tales hechos fueran a tener en el desenvolvimiento del mercado de valores para obtener una ventaja patrimonial considerable (…) Entendiendo que la noticia de la adquisición de esa tabaquera (Havatampa) iba a tener repercusión en el precio de las acciones de la sociedad, se puso de acuerdo con Luis Javier Placer Mendoza paraque, apareciendo éste último como único interviniente de la operación, pareciera que fuese él quien llevara a cabo determinada inversión respecto de la que se sabía, que por el conocimiento de las vicisitudes de la negociación, que iba a ser manifiestamente rentable” (Pag. 7).

   Se vuelve a repetir, calcada, la historia de los Albertos, Cortina y Alcocer, con el famoso caso Urbanor. El 2 de enero de 2001, La Audiencia Provincial de Madrid consideró probado que los famosos primos cometieron delito de estafa, apropiación indebida y falsedad documental en la venta al Grupo KIO de unos terrenos de la plaza de Castilla de Madrid, pero determinó absolverlos al considerar prescrito el delito.Tras el pertinente recurso del fiscal, el 14 de marzo de 2003 el Supremo revocó la sentencia de la Audiencia condenándoles a 3 años y 4 meses de cárcel al considerar que los delitos no habían prescrito. Ambos recurrieron en amparo ante el Constitucional, pero sólo la intervención del Rey y la posterior actuación deuna Sala Segunda del TC digna de toda sospecha -que para la ocasión dio a luz una nueva doctrina sobre la prescripción-, impidió que los primos fueran a parar a la cárcel (sentencia de 20 de febrero de 2008).  Como recuerda en El Confidencial Jesús Cacho, un periodista nada sospechoso de veleidades izquierdistas: “En EstadosUnidos, un caso tan complejo como el de Madoff ha sido juzgado y sentenciado en siete meses (la estafa estalló el 11 de diciembre pasado). El malandrín está en la cárcel para toda su vida. En España, los hechos protagonizados por Alierta ahorafallados tuvieron lugar en febrero de 1998, y la querella fue admitida a trámite en septiembre de 2003. La sentencia ha tardado, pues, 11 y 6 años, respectivamente. Con un tipo de Justicia como ésta es imposible concebir no ya una democraciadigna de tal nombre, sino siquiera una economía moderna, dotada de las imprescindibles garantías jurídicas, una de las cuales, y de las más importantes, es la rapidez a la hora de obtener una sentencia justa. ¿Hará alguna vez algo nuestra clase política para acabar con esta vergüenza?”

   En este número de EL OTRO PAÍS analizamos la situación creada en Coslada tras la “Operación Bloque”, con la que se desmanteló la red corrupta encabezada por el jefe de la policía municipal de esta localidad, Ginés González, cuya carrera delictiva ha estado protegida por el ex alcalde José Huélamo, ex militante del PCE y de IU. Y ahora que vuelve a barajarse la posibilidad de que se estén produciendo, de nuevo, casos de “guerra sucia”, como señalamos en estas páginas, a raíz de ladesaparición en Francia del refugiado vasco Jon Anza, recordamos que todos los responsables ejecutivos de los GAL y losturbios personajes que más se beneficiaron económicamente del saqueo de los fondos reservados durante los gobierno deFelipe González están en la calle. Desde el general Rodríguez Galindo, jefe de la cuadrilla de asesinos y torturadores del cuartel de Intxaurrondo, a José Barrionuevo o Rafael Vera. Dentro de unos días saldrá definitivamente en libertad el ex director general de la Guardia Civil Luis Roldán, que podrá disfrutar tranquilamente de todo su ingente patrimonio oculto, ya que no ha reintegrado a las arcas públicas ni un euro. El estado de las autonomías, por su parte, ha propiciado ladescentralización del choriceo. Ahora, cada uno puede robar, de forma autóctona, en su propio ámbito territorial. Presidentesautonómicos como Esperanza Aguirre, Francisco Camps, su antecesor Eduardo Zaplana o Manuel Chaves han actuado,o siguen haciéndolo, como auténticos virreyes en sus respectivas comunidades. En este número de EL OTRO PAÍS nos hacemos eco del libro “La lidere S.A.”, que desvela toda la trama de clientelismo y desmedida corrupción, a costa del dinero público, que existe en la Comunidad de Madrid. Empresarios afines, parientes, amigos y amantes se benefician de una formade hacer política que propicia el saqueo sin piedad del dinero de los ciudadanos.

 
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