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700 CASOS ANUALES DE MALOS TRATOS PDF Imprimir E-Mail
   Hace un año que el Estado español ratificó el Protocolo facultativo de la ONU para la prevención de la tortura, y este primer aniversario se celebra recibiendo una nueva reprimenda por sus políticas al respecto, en esta ocasión ha sido el último informe del Relator Especial para el tema de la tortura, Manfred Nowak, que ha reiterado las preocupaciones y recomendaciones de su predecesor, Theo van Boven, en lo referente al mantenimiento del régimen de detención incomunicada, la prolongada dilación en la investigación judicial de las denuncias por tortura, la falta de depuración de responsabilidades por parte de la administración a este respecto, y lamenta explícitamente la negativa a registrar audiovisualmente los interrogatorios policiales… así como otros lugares oscuros en las políticas preventivas para la tortura en el Estado.
Lagustin_rueda_torturado.jpgas respuestas del Gobierno español a estas recomendaciones y preocupaciones son, una vez más, tópicas, inmovilistas e irreales. En algunos casos llegan al absurdo, como en el tema de la dispersión de presos vascos, que trata de justificarse alegando que ese incumplimiento de la legislación penitenciaria está generalizado, siendo un “mal de muchos” que no tiene nada de especial, para, acto seguido, reconocer que se trata de una política intencional y específica. Otra justificación absurda es la de por qué no se graban en video los interrogatorios para lo que primero se plantea el riesgo de autoinculpación espontánea de los encausados, diciéndose también que existe el  riesgo de que los detenidos puedan “dramatizar el momento del interrogatorio” o expresar en él la propaganda de sus ideas.
El Relator Especial, recogiendo la información facilitada por la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, refiere el archivo sistemático de las denuncias por torturas y malos tratos, así como los retrasos en su investigación o la falta de impulso procesal y recoge con escándalo algún ejemplo de pronunciamiento judicial al respecto de denuncias por torturas, o declaraciones de apoyo de autoridades públicas a funcionarios condenados por este tema, homenajes públicos, indultos y demás actitudes institucionales que expresan la falta de voluntad política para garantizar los derechos de las personas en este ámbito.
En su contestación al documento del Sr. Nowack, el Gobierno español no responde a los requerimientos del Relator ni se compromete a cumplir con las recomendaciones para la prevención de la tortura. Por contra, el Gobierno responde a las denuncias concretas minusvalorándolas, en una actitud de ocultación de los hechos y ocultación de sus responsabilidades.
Por otra parte, el Comité para la Prevención de la Tortura, del Consejo de Europa, ha anunciado una nueva visita al Estado español para este año 2007, cuando sigue sin autorizarse por el Gobierno la publicación de los informes correspondientes.
(El Informe, hecho público en marzo de 2007,  puede verse en:
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/119/15/PDF/G0711915.pdf?OpenElement.)
(Y el informe de marzo de 2004 puede verse en:
http://www.unhchr.ch/pdf/chr60/56add2AV.)
De hecho, el discurso oficial sigue centrándose en la excepcionalidad de los casos de malos tratos, pese a los datos conocidos, que hablan de una media de alrededor de 700 casos anuales desde el año 2001, ocultando el problema con declaraciones formales, sin contenido práctico, y pequeños “lavados de cara”, como las declaraciones del Ministerio de Asuntos Exteriores tras ratificación del Protocolo Facultativo de la ONU, el 3 de abril de 2006, con la que iniciábamos este informe.
En aquel momento, el responsable de este Ministerio afirmaba que “La decisión tomada por el Gobierno español, sitúa a nuestro país a la vanguardia de la defensa de  los derechos humanos y, en particular, de la lucha contra la tortura. Con esta ratificación, España es hoy parte de la práctica totalidad de los convenios internacionales –universales y regionales- que regulan la promoción y protección de los derechos humanos... La ratificación por parte de España supone un avance importante hacia la plena vigencia del Protocolo Facultativo”.
A este respecto, desde la Coordinadora para la Prevención de la Tortura nos vemos obligados a denunciar de nuevo la actitud del Gobierno español que, a falta de un mes para que se cierre el plazo de implementación de mecanismos nacionales previsto en el Protocolo Facultativo y pese a las declaraciones indicadas, no ha dado ningún paso real para su puesta en marcha de conformidad con el espíritu de esta herramienta supranacional, que debe ser abierto a la sociedad civil, independiente y crítico, sino que, por el contrario, actitudes como la propuesta de Leopoldo Torres para formar parte del Subcomité Internacional, efectuada sin consultar con la sociedad civil, o el acercamiento a la oficina del Defensor del Pueblo para diseñar el mecanismo nacional en torno a la misma, ejemplifican su nula intención de desarrollar una política que realmente pretenda erradicar la Tortura.
Ni siquiera los distintos organismos institucionales se ponen de acuerdo a la hora de cuantificar los casos de tortura denunciados ante los Tribunales.
 
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