Álvaro
Uribe es el único presidente en la historia de América
Latina acusado simultáneamente de fraude 
electoral, de recibir
dinero del narcotráfico para su candidatura, de sobornar a
parlamentarios para conseguir su reelección, de convertir los
servicios secretos en una policía política, de
terrorismo de Estado en complicidad con los paramilitares y de violar
la soberanía nacional de Venezuela y de Ecuador. El autor de
este libro intenta demostrar que en su doble mandato presidencial,
con la ferocidad de la guerra contrainsurgente compartida con Estados
Unidos, se condensan las estrategias de impunidad con las que los
poderes económico, político y militar han impuesto
durante sesenta años su modelo de apropiación de
Colombia. Desde el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en
1948, que impidió la democratización del país,
hasta la presidencia de Álvaro Uribe, protagonizada por los
paramilitares, los narcotraficantes, los grandes empresarios y la
intervención de Estados Unidos, se ha ido fortaleciendo una
falsa democracia que criminaliza a la oposición, bloquea la
negociación con la guerrilla y aumenta constantemente las
peores desigualdades sociales de América Latina. Uribe maneja
la posibilidad de una nueva reforma constitucional para su segunda
reelección y también la alternativa de colocar en la
presidencia a un heredero de confianza. Sus planes dependen de cómo
Barack Obama pretenda resolver el conflicto colombiano en un nuevo
escenario regional donde la mayoría de los gobernantes
latinoamericanos reclaman respeto y colaboración. Fuera de la
presidencia, Uribe podría ser perseguido por la justicia
internacional bajo la acusación de crímenes contra la
humanidad.
electoral, de recibir
dinero del narcotráfico para su candidatura, de sobornar a
parlamentarios para conseguir su reelección, de convertir los
servicios secretos en una policía política, de
terrorismo de Estado en complicidad con los paramilitares y de violar
la soberanía nacional de Venezuela y de Ecuador. El autor de
este libro intenta demostrar que en su doble mandato presidencial,
con la ferocidad de la guerra contrainsurgente compartida con Estados
Unidos, se condensan las estrategias de impunidad con las que los
poderes económico, político y militar han impuesto
durante sesenta años su modelo de apropiación de
Colombia. Desde el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en
1948, que impidió la democratización del país,
hasta la presidencia de Álvaro Uribe, protagonizada por los
paramilitares, los narcotraficantes, los grandes empresarios y la
intervención de Estados Unidos, se ha ido fortaleciendo una
falsa democracia que criminaliza a la oposición, bloquea la
negociación con la guerrilla y aumenta constantemente las
peores desigualdades sociales de América Latina. Uribe maneja
la posibilidad de una nueva reforma constitucional para su segunda
reelección y también la alternativa de colocar en la
presidencia a un heredero de confianza. Sus planes dependen de cómo
Barack Obama pretenda resolver el conflicto colombiano en un nuevo
escenario regional donde la mayoría de los gobernantes
latinoamericanos reclaman respeto y colaboración. Fuera de la
presidencia, Uribe podría ser perseguido por la justicia
internacional bajo la acusación de crímenes contra la
humanidad.
A
continuación ofrecemos un adelanto del último libro de
José Manuel Martín Medem, "Colombia Feroz. Del asesinato
de Gaitán a la presidencia de Uribe” (Los Libros de La
Catarata).
Durante
el primer periodo presidencial de Álvaro Uribe (2002/2006), el
Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) encargó a los
paramilitares el asesinato de cincuenta sindicalistas. Además,
los servicios secretos del DAS, que dependen directamente de la
presidencia de la República, avisaban a los narcotraficantes
cuando se preparaban operaciones de las fuerzas de seguridad contra
ellos.
El
DAS y los paramilitares eran uña y mugre mientras se negociaba
la Ley de Justicia y Paz para garantizar su impunidad.
Como
suele suceder en las conspiraciones mafiosas, la alianza del DAS con
los paramilitares y los narcotraficantes se descubrió porque
era también una red de corrupción y dejaron fuera del
juego a uno de los socios que más sabía.
En
diciembre del 2005, el ex director de informática del DAS,
Rafael García, decidió negociar la reducción de
su condena cuando la Fiscalía comprobó que había
borrado de los ficheros electrónicos los antecedentes
delictivos de siete paramilitares y narcotraficantes. García
se acogió a los beneficios de lo que en Colombia se denomina
una sentencia anticipada (aceptando su culpabilidad y
colaborando con la justicia) a cambió de contarle a la
Fiscalía la penetración criminal en el DAS.
La
consecuencia de su confesión fue el encarcelamiento de Jorge
Noguera que había sido nombrado director del DAS por el
presidente Álvaro Uribe cuando formó su primer
gobierno. Las investigaciones de la Fiscalía y de la
Procuraduría (el organismo que controla a los funcionarios)
confirmaron las denuncias de Rafael García: fraude electoral,
corrupción y colaboración criminal con paramilitares y
narcotraficantes.
Noguera
fue el director de la campaña presidencial en Magdalena, el
único departamento de la Costa donde ganó Álvaro
Uribe. Y García reveló que habían organizado un
fraude mediante programas informáticos que alteraban los
censos de electores y designando a gente de confianza en las mesas de
votación para atribuirse el sufragio de los que no acudieron a
las urnas. “Se le añadieron 300.000 votos a Uribe”,
aseguró García.
Como
agradecimiento por su contribución a la zafra electoral, Jorge
Noguera ocupó el DAS y convirtió al paramilitar Rafael
García en su cómplice imprescindible.
El
informático, que reconoció en la Fiscalía su
vinculación clandestina con los escuadrones de la muerte,
elaboró el programa para el fraude electrónico, hizo
desaparecer los antecedentes de los mafiosos y le consiguió a
Noguera la colaboración de su esposa y de sus amigas para que
recibieran en sus cuentas las comisiones que el director cobraba al
contratar suministros para el DAS. García recogía los
depósitos y se los entregaba personalmente a Noguera.
La
Procuraduría comprobó que el designado por Uribe para
dirigir los servicios secretos del presidente se reunía con
los comandantes narcoparamilitares Rodrigo Tovar Pupo, conocido como
Jorge 40, y Hernán Giraldo. Los dos fueron extraditados
a Estados Unidos, con otros doce jefes de las autodefensas,
para que no contaran más sobre las complicidades políticas,
económicas y militares en el terrorismo de Estado.
Noguera
recibía en su despacho del DAS a Álvaro Pupo, familiar
de Jorge 40 que actuaba como intermediario. Lo recaudado por
las comisiones sobre los suministros para el DAS se repartía
con los paramilitares que colaboraban asesinando a los
sindicalistas señalados por la policía política
de la presidencia de la República. “Nosotros hacíamos
el trabajo sucio para el DAS que nos indicaba los objetivos”,
reconoció Salvatore Mancuso, comandante de las Autodefensas
Unidas de Colombia, antes de que también lo extraditaran.
La
Procuraduría confirmó que, además, desde el DAS
se atribuían a las FARC atentados con explosivos realizados
por los paramilitares.
Según
García, Noguera participó también en operaciones
secretas contra el gobierno de Venezuela. El paramilitar Jorge Iván
Laverde, llamado El Iguano, reconoció que el DAS le
había ayudado y que en el 2003 fracasaron en un intento de
atentado contra Raúl Reyes, comandante de las FARC, en
territorio venezolano.
¿Lo
sabía Álvaro Uribe? Uno de los detectives encargados
del control interno en el DAS le explicó al diario El
Espectador que le había contado a un consejero de Uribe
todo lo que estaba pasando. Su respuesta fue que “el presidente
sabe todo lo del DAS y no entiendo por qué no quiere sacar a
Noguera”.
La
revista Semana señaló a Uribe al considerar que
“la designación de Noguera y las actividades del DAS son
responsabilidad política directa del presidente”. Y
reflejaba que “algunos críticos del gobierno ya hablan de la
configuración de un Estado mafioso”.
En
la Colombia de Uribe el terrorismo de Estado es absoluto: los
servicios secretos de las Fuerzas Armadas y de la Policía
Nacional, asesorados por la CIA y la inteligencia militar
estadounidense y aliados con paramilitares, sicarios y
narcotraficantes, pueden asesinar a un desconocido campesino de una
remota vereda o al candidato presidencial de cualquiera de los
grandes partidos. Y con total impunidad. Así se impone la
intimidación general, la amenaza universal de que nadie está
a salvo: ni quién se considera insignificante y cree que no
vale la pena eliminarlo ni quién supone que está
protegido por su protagonismo político, social o económico.
Es el resultado de una dominación bipartidista, controlada por
pocos y muy poderosos grupos oligárquicos que han militarizado
una democracia tiñosa en permanente alianza con el
imperialismo de Estados Unidos.
“El
establecimiento colombiano -dice Antonio Caballero-, que
siempre ha considerado útil el asesinato de los discrepantes,
es de extrema derecha y amigo de la violencia. Nunca la ha temblado
la mano para el genocidio”.
La
encarnación de Álvaro Uribe como el macho cabrío
en un Estado de narcotraficantes y paramilitares ha concentrado con
ferocidad todo lo peor del modelo colombiano.
ESE
MUCHACHO BENDITO
Les
llamaban Cocacola. La coca, de Pablo Escobar. Y la
cola, de su amante Virginia Vallejo: en Colombia, cola es
la manera decente de elogiar el buen culo de las mujeres. Esa cola
se paseaba entre Bogotá y Medellín para amar y
odiar al terrorista de la cocaína. Y lo sabía todo.
Empezando por la conexión con Uribe. Lo cuenta en sus
memorias. Para visitarlo en la clandestinidad consentida, Virginia
viajaba a Medellín. En el aeropuerto la recogían los
muchachos de Pablo y la llevaban al refugio del patrón.
Al regreso, la dejaban en la puerta de embarque para que volviera a
Bogotá. En su libro, Virginia recuerda lo que sucedió
en uno de esos traslados:
El
gafitas es Álvaro Uribe, que fue director de la
Aeronáutica Civil entre 1980 y 1982. Pablo Escobar le contó
a Virginia Vallejo por qué idolatraba a Álvaro
Uribe:
Mi
negocio y el de mis socios es el transporte,
a
cinco mil dólares por kilo asegurado y está
construido
sobre una sola base: las pistas de
aterrizaje
y los aviones. Ese muchacho
bendito
nos concedió docenas de licencias
para
las pistas y centenares para los aviones.
Sin
pistas y aviones propios, todavía
estaríamos
trayendo la pasta de coca en
llantas
desde Bolivia y nadando hasta Miami
para
llevarles la mercancía a los gringos.
Gracias
a él es que yo estoy enterado de
todo
lo que pasa en la Aeronáutica Civil
en
Bogotá y en el aeropuerto de Medellín
porque
su sucesor quedó entrenado para
colaborarnos
en lo que se nos ofrezca.
Su
padre, Arturo, es uno de los nuestros
y
si un día algo se nos llegara a atravesar
a
Santofimio y a mí en el camino a la
presidencia,
ese muchacho sería mi
candidato.
Ahí donde lo ves con sus gafas y
esa
cara de seminarista, es un peleador
bravísimo.
DE
LA LISTA NEGRA A LA DE LOS FAVORITOS
Álvaro
Uribe está fichado como narcotraficante desde 1991 por
el Pentágono. Un informe de la inteligencia militar
estadounidense dice lo siguiente:
Álvaro
Uribe es un político colombiano
dedicado
a colaborar con el Cartel de
Medellín
en los altos niveles del gobierno.
Su
padre fue asesinado por sus conexiones
con
los narcotraficantes.
Es
un amigo íntimo de Pablo Escobar.
El
documento fue revelado el 9 de agosto del 2004 por los periodistas
Joseph Contreras y Steven Ambrus en la revista estadounidense
Newsweek.
La
información se titulaba De la lista negra a la de favoritos
y comentaba la aparente contradicción de que Uribe se hubiera
convertido en el favorito de la Administración Bush (hijo) en
América Latina después de haber sido incluido en la
lista negra de narcotraficantes por la Administración Bush
(padre).
Según
Al Giordano, director general del Narco News Bulletin
(www.narconews.com),
“no sería la primera vez que los Estados Unidos respaldan a
un candidato presidencial en América Latina al que pueden
controlar fácilmente chantajeándolo con los documentos
guardados en Washington”.
En
Colombia todos saben lo que el Pentágono puso por escrito. El
presidente Belisario Betancur (1982/1986), que recibió dinero
del narcotráfico para su campaña electoral, nombró
a Álvaro Uribe alcalde de Medellín cuando la ciudad
estaba dominada por Pablo Escobar. Pero tuvo que destituirlo a los
cuatro meses. Uribe fue tan poco cuidadoso que aceptó reunirse
con los capos del Cartel de Medellín. Betancur lo sacó
de la alcaldía por narcotraficante pero, como el presidente
estaba untado con la misma plata, se inventó una crisis
política para justificarlo. Puede que lo sintiera mucho porque
Uribe había acogido con entusiasmo el proyecto favorito de
Betancur: el metro de Medellín. Virginia Vallejo recuerda que
“Diego Londoño White, gran amigo de Pablo Escobar, fue el
encargado de negociar las jugosas comisiones de los contratos” y
asegura que “Enrique Sarasola, amigo cercano de Felipe González,
ganó casi veinte millones de dólares de comisión”.
Enrique Sarasola estaba casado con la hermana de Carlos Arturo
Marulanda, embajador ante la Unión Europea del presidente
Ernesto Samper, procesado sin condena por su vinculación con
los paramilitares.
Cuando
Álvaro Uribe fue gobernador de Antioquia (1995/1997), su
secretario era Juan Moreno Villa que luego le acompañó
en su procesión hacia la presidencia. La DEA comprobó
que Moreno aprovechaba la impunidad de su vinculación con
Uribe para convertirse en el mayor importador de permanganato de
potasio, un precursor químico imprescindible para la
elaboración de cocaína. Los cargamentos, procedentes de
Hong Kong, hacían escala en puertos de Estados Unidos antes de
continuar hacia Colombia. La DEA ,que no había recibido la
notificación previa exigida para el comercio internacional con
el permanganato, requisó 50 toneladas del precursor adquiridas
por Moreno pero la investigación se desvaneció sin
consecuencias. Tampoco se sancionó al importador en Colombia a
pesar de que no identificaba a la mayoría de los clientes a
los que abastecía. La DEA calcula que el secretario de Uribe
manejó 200 toneladas de permanganato de potasio con las que se
podían elaborar ¡2.000 toneladas de cocaína!
MANO
FIRME, CORAZÓN GRANDE
Gonzalo
Guillén y Gerardo Reyes revelaron en el Nuevo Herald
(Miami) que “Álvaro Uribe y su hermano Santiago
participaron en la organización en 1997 de la masacre del
caserío de El Aro, en el norte del departamento de Antioquia”.
El ahora presidente de Colombia era entonces gobernador de Antioquia.
Los hermanos Uribe se reunieron en la finca de un hacendado con
oficiales de la IV Brigada (asentada en 
Medellín, capital de
Antioquia) y con los comandantes paramilitares Carlos Castaño
y Salvatore Mancuso. El jefe de la IV Brigada era el general Carlos
Alberto Ospina que ocuparía la Comandancia de las Fuerzas
Armadas en el primer gobierno del presidente Álvaro Uribe. Los
militares elaboraron la lista con la que los escuadrones de la
muerte seleccionaron a las víctimas de la matanza. La
información publicada por el Nuevo Herald procedía
de la confesión del arrepentido Francisco Villalba, un
desertor de las Autodefensas Unidas de Colombia que participó
en la masacre de El Aro y tres meses después se entregó
a la Fiscalía “abrumado por las pesadillas”. Reconoció
que había degollado con un machete a una de las mujeres
asesinadas y ahora cumple una condena de 33 años de prisión.
Su grupo de paramilitares era conocido como los mochacabezas.
Villalba asegura que Mancuso conserva grabaciones que prueban la
participación de los hermanos Uribe en aquella reunión.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos comprobó “la
responsabilidad del Estado por acción y omisión”. Las
AUC justificaron la masacre de decenas de campesinos como “una
operación para escarmentar a la guerrilla” pero el
objetivo era dominar la zona del Nudo de Paramillo para cultivar coca
y contar con el corredor de salida al mar que les garantizaba la
exportación de cocaína y la importación
de armamento. El Aro era una posición estratégica.
Medellín, capital de
Antioquia) y con los comandantes paramilitares Carlos Castaño
y Salvatore Mancuso. El jefe de la IV Brigada era el general Carlos
Alberto Ospina que ocuparía la Comandancia de las Fuerzas
Armadas en el primer gobierno del presidente Álvaro Uribe. Los
militares elaboraron la lista con la que los escuadrones de la
muerte seleccionaron a las víctimas de la matanza. La
información publicada por el Nuevo Herald procedía
de la confesión del arrepentido Francisco Villalba, un
desertor de las Autodefensas Unidas de Colombia que participó
en la masacre de El Aro y tres meses después se entregó
a la Fiscalía “abrumado por las pesadillas”. Reconoció
que había degollado con un machete a una de las mujeres
asesinadas y ahora cumple una condena de 33 años de prisión.
Su grupo de paramilitares era conocido como los mochacabezas.
Villalba asegura que Mancuso conserva grabaciones que prueban la
participación de los hermanos Uribe en aquella reunión.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos comprobó “la
responsabilidad del Estado por acción y omisión”. Las
AUC justificaron la masacre de decenas de campesinos como “una
operación para escarmentar a la guerrilla” pero el
objetivo era dominar la zona del Nudo de Paramillo para cultivar coca
y contar con el corredor de salida al mar que les garantizaba la
exportación de cocaína y la importación
de armamento. El Aro era una posición estratégica.
Durante
cuatro días, 120 paramilitares saquearon la población,
robaron 1.200 cabezas de ganado y asesinaron a los vecinos señalados
por los oficiales de la IV Brigada. “¡Guerrilleros
malparidos, se van a morir todos!”, gritaban los terroristas
que actuaron con absoluta impunidad durante cuatro días. A uno
de los campesinos lo ataron a un naranjo, le reventaron los ojos, le
arrancaron los testículos y le sacaron el corazón. Mano
firme, corazón grande fue el eslogan de la campaña
presidencial de Álvaro Uribe.
Los
comandantes Carlos Castaño y Salvatore Mancuso fueron
condenados en ausencia por la masacre de El Aro a cuarenta años
de prisión pero son sólo sentencias de papel porque el
primero fue eliminado por sus propios compañeros y el segundo
extraditado a Estados Unidos. La investigación sobre la
implicación del general Carlos Alberto Ospina se archivó
“por falta de pruebas”.
Jesús
María Valle, del Partido Conservador y presidente del Comité
de Derechos Humanos de Antioquia llevaba un año advirtiendo
que “narcotraficantes, militares y escuadrones de la muerte
preparan una matanza en El Aro”. El gobernador Álvaro
Uribe le acusó públicamente de ser “enemigo de las
Fuerzas Armadas” y los paramilitares lo mataron.
Santiago,
hermano de Álvaro Uribe, fue acusado de organizar un grupo
paramilitar en la hacienda familiar de La Carolina. Actuaron
entre 1993 y 1994, cometiendo medio centenar de asesinatos, y se
autodenominaban Los Doce Apóstoles porque les
acompañaba el sacerdote Gonzalo Palacios que estuvo en prisión
cautelar pero quedó en libertad “por falta de pruebas”. La
misma solución le aplicó la Fiscalía a las
investigaciones sobre Santiago Uribe. Las familias de las víctimas
llevaron sus denuncias y reclamaciones a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.
Juan
Diego y Mario Vélez Ochoa, primos hermanos de Álvaro
Uribe Vélez, permanecieron en prisión durante
casi un año bajo la acusación de organizar y dirigir la
banda paramilitar de Los Erre que mató a decenas de
campesinos. Un juez de apelación los sacó de la cárcel
y archivó el caso argumentando que “no había pruebas
suficientes”. Los Vélez Ochoa forman parte simultáneamente
del clan presidencial de los Uribe Vélez y de la mafia
narcoparamilitar de los Ochoa Vásquez, fundadores del Cartel
de Medellín.
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